El exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón recusó al tribunal de sentencia y así logró suspender el inicio del juicio oral y público. Foto: Gentileza.
Exfiscal general recusó al tribunal de sentencia y logró suspender inicio de juicio oral y público
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Por una nueva recusación contra el tribunal de sentencia se volvió a suspender el inicio del juicio oral y público del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El abogado Mario Elizeche fue quien presentó la recusación contra los jueces Cándida Fleitas, Alba González y Víctor Alfieri. Los citados magistrados deberán elevar un informe al tribunal de apelación, que deberá estudiar si corresponde separar a los jueces o confirmar la competencia de los mismos en el presente caso.
El fiscal Osmar Legal estuvo igualmente en la sala de juicio oral para iniciar la audiencia, pero debido a la nueva chicana presentada en el caso no se pudo dar inicio a la diligencia. Al respecto, el representante del Ministerio Público sostuvo que ya se había pedido la sanción correspondiente a los abogados de Díaz Verón.
Igualmente, el citado agente fiscal había solicitado que se levante el arresto domiciliario de Díaz Verón, pero se decidió en su momento ratificarlo. También la defensa de los acusados había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la determinación que se adoptó con relación a la integración del tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la pareja Díaz Verón-Morínigo.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero.
La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral. Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591, que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone a hasta 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Fiscala acusa y pide juicio oral a dos procesados por deforestación de 1.600 hectáreas
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La fiscala adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González rectificó y presentó acusación y pedido de juicio oral y público para Miguel Antonio Bibolini y su hija Nicole Bibolini, procesados penalmente por presuntamente deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Chaco.
Con la determinación adoptada por la fiscala adjunta quedó sin efecto la llamativa postura que tuvo la fiscala inferior Laura Ávalos, quien pretendía una irrisoria sanción para uno de los acusados, mientras que para la otra procesada pidió el sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos contundentes que deberán ser debatidos en un juicio oral y que pueden demostrar la responsabilidad en el delito ambiental que incurrieron los dos hoy acusados por deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras.
Ante la presentación de la acusación contra las dos personas citadas más arriba, la jueza penal de garantía de Neuland, Chaco Fanny Cáceres fijó para el próximo 29 de mayo a las 9:00 la audiencia preliminar en que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió la fiscala adjunta González.
La jueza Lici Sánchez elevó a juicio oral y público el proceso penal de cinco acusados por tráfico de armas en el caso conocido como operativo Dakovo. Foto: Archivo
Operativo Dakovo: cinco acusados enfrentarán juicio oral
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La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
Fiscalía pidió estudio de bienes de los Pereira Rieve en una causa penal
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En la reciente conferencia de prensa de su empresa para explicar la participación en la fallida construcción que terminó desplomándose el pasado 2 de abril en Encarnación, el diputado Carlos Pereira Rieve, conocido hoy como “El mago del sur” por su meteórico ascenso económico, alardeó resultados de un estudio de correspondencia por parte de la Contraloría. Atribuyó el citado estudio a “intereses políticos”, pero en realidad es un análisis que había solicitado el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre enriquecimiento ilícito.
Nadie sabe o nadie quiere hablar del tema. Después de aquella condena de un agente de la Senad por presunto pedido de coima en el cual, apareció como víctima en extrañas circunstancias el entonces intendente de Cambyretã, Francisco Javier Pereira Rieve, actual gobernador y hermano del hoy calificado “Mago del sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, el Ministerio Público continuó la pesquisa y al parecer, los roles cambiaron.
Y mientras el hoy diputado Carlos Pereira Rieve, conocido “Mago del sur” por su fortuna en tiempo récord, dijo hace unos días a la prensa que tiene en manos un estudio de correspondencia con resultados brillantes que le había realizado la Contraloría General de la República (CGR), “a pedido de intereses políticos”, los documentos cuentan otra historia que, raramente se guarda con mucha reserva.
El parlamentario había mencionado el estudio de correspondencia de bienes de la CGR al ser abordado sobre el origen del dinero para inversiones en dos empresas en tiempo récord. Cabe recordar que el mismo, 6 meses antes de ingresar como concejal departamental de Itapúa, armó junto con otros tres socios una empresa denominada Mega Servicios de Ingeniería SRL con un modesto capital de G. 200 millones.
Según la escritura de constitución en su página 5, Carlos Pereira Rieve integró la sociedad con la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones. Esta empresa no figura en la declaración jurada presentada por Pereira Rieve al asumir como concejal departamental, pero lo más llamativo es el salto financiero para pasar de unos pocos muebles a una empresa con capital social de G. 6.000 millones en la que de entrada integraron G. 4.150 millones.
Precisamente, la empresa hoy valuada en más de USD 2 millones según los entendidos en la materia, es la hormigonera Mega Concret SA que proveyó el concreto y cargó las losas del edificio caído que, fuera aprobado por la administración de su aliado político, Luis Yd en condiciones muy dudosas.
El diputado Pereira Rieve, dijo a la prensa que todo está muy bien justificado en sus finanzas. “Justamente tengo finalizado, concluido, remitido por la Contraloría General de la República un examen especial de correspondencia hecho sobre mi persona a pedido de intereses políticos que estamos superbién. No se encuentra ninguna irregularidad”, había remarcado.
Oficio de la Fiscalía a través del cual se había solicitado examen de correspondencia a los hermanos Pereira Rieve en causa sobre enriquecimiento ilícito
INVESTIGACIÓN PENAL
Es cierto que la CGR inició un examen de correspondencia de bienes de los hermanos Pereira Rieve que están en la Función Pública. Es decir, al actual gobernador, su hermano el diputado y a Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
El dato no menor y que no condice con la versión que brindó el diputado liberal es que el examen de correspondencia que inició la CGR es pedido del Ministerio Público en el marco de una causa abierta caratulada: “Francisco Javier Pereira Rieve S/Enriquecimiento y otros”, que se mantiene de manera casi oculta y que data de diciembre de 2022.
El pedido del examen de correspondencia lo había realizado el exfiscal Omar Legal, 4 meses después de que condenaran a un agente antidrogas que cayó por denuncia de Francisco Javier Pereira Rieve, entonces intendente de Cambyretã, hoy día gobernador de Itapúa.
Además del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Pereira Rieve, fuentes de la institución hablan de investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico que posiblemente estén relacionadas a los informes de inteligencia recabados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que quedaron en el limbo, cuando el agente antidrogas mordió el anzuelo y acordó un presunto cobro para limpiar el expediente de su investigado Francisco Javier Pereira Rieve. De esta forma, el investigado se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso continuó y llegó a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal.
Ante el silencio de las instituciones consultamos al diputado Pereira Rieve sobre la investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y respondió que no está al tanto. “No sé, no tengo ninguna causa sobre eso en la Fiscalía, pero capaz ustedes manejan mejor la info”.
Se inició juicio oral contra Carlos Granada, acusado por coacción sexual y otros delitos
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Se inició el juicio oral y público para el exgerente periodístico de canal 9, Carlos Granada, acusado por coacción, violación, coacción sexual y acoso sexual, cuya pena llega a 15 años de cárcel.
En la fecha se procedió a la lectura del acta de elevación a juicio oral del presente caso.
La audiencia oral prosigue mañana martes a las 7:30 de la mañana con los alegatos iniciales del presente juicio oral. Luego ya se ingresará a la declaración de testigos en que se van producir las pruebas documentales.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Granada, está integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar todo lo que se va generando durante el desarrollo del juicio oral y luego dictar sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público está representado por la fiscala Luz Guerrero, quien deberá presentar todos los elementos probatorios durante el debate de la audiencia oral.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la Fiscalía a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las había acosado sexualmente.
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas hostigadas con fines sexuales. “En tanto, otras padecieron a actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos actos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.