Misiones: imputan a seis personas por tráfico de drogas, tras incautación de 420 kilos de cocaína
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Los fiscales de la Unidad Antidrogas Carlos Alcaraz y Elva Cáceres imputaron por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico de drogas y asociación criminal, a los ciudadanos paraguayos Rodrigo Ramón Ramírez Ozuna, Mario Rubén Ozuna Benítez, Jorge Gustavo Úbeda Oviedo y Celso Celestino Lezcano Amarilla, así como a los bolivianos Sthephano Alavconi Quezada y Raúl Álvaro Guzmán Cortez, tras ser detenidos con 420 kilos de cocaína en una pista clandestina en los límites de la ciudad de Santiago y la compañía Santa Rita del departamento de Misiones.
De acuerdo con las pesquisas, la carga debía ser trasladada luego vía terrestre hasta un punto de almacenamiento desde donde la debían alistar para su envío a la Argentina. Igualmente, quedaron confiscados una aeronave Cessna T 210 M turbo con matrícula boliviana, ocho bidones con capacidad para 60 litros que contenían combustible, teléfonos celulares y aparatos GPS.
El fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva de todos los imputados en el presente caso. Ahora los detenidos deberán comparecer ante un juzgado para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En la citada diligencia judicial el juez del crimen organizado de turno definirá si los imputados serán remitidos a la cárcel de Tacumbú o a otro establecimiento penitenciario donde haya lugar disponible para los imputados.
Es importante mencionar que los detenidos se abstuvieron de declarar ante el fiscal del presente caso, aunque los imputados igualmente pueden solicitar declarar ante los fiscales intervinientes durante la etapa investigativa.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Imputan a tres personas por cohecho pasivo y otros, tras allanamiento en oficinas de la DNIT
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La agente fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Francisco Javier Acosta Rolón (jefe de Resguardo), Juan Andrés Arroyo Báquez (jefe de Administración) y Christian Luis Palacios Gómez (auxiliar despachante particular), en el marco de una investigación por presuntos hechos punibles cometidos en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sede de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Los ciudadanos Acosta y Arroyo fueron imputados por la supuesta comisión de cohecho pasivo y extorsión, en calidad de coautores, mientras que Palacios fue imputado por el supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor. La imputación fue presentada tras un allanamiento realizado el pasado 10 de julio, en el marco de una denuncia por presunto pedido irregular de dinero.
Durante el procedimiento, autorizado judicialmente, el Ministerio Público incautó documentos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, además de requerir el respaldo del circuito cerrado del lugar. En poder de uno de los implicados se encontró una mochila con USD 50.395 y G. 22.800 millones, así como una cartuchera con otros USD 12.046 y G. 1.372.000. Adicionalmente, fueron hallados G. 3.500.000 en tres sobres ubicados en un cajón asignado a un funcionario.
La investigación sigue en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
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El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
Imputan a ciudadano argentino que ingresó a CDE con vehículo robado
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El Ministerio Público formuló imputación contra el ciudadano argentino Ricardo Collins, de 39 años, por la supuesta comisión del hecho punible de reducción. La diligencia judicial estuvo a cargo del fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán, titular de la Unidad Penal n.º 4 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.
Según el informe, el ciudadano argentino fue aprehendido durante un procedimiento de rutina realizado el 10 de julio de 2025, a las 07:10, en la zona primaria de la cabecera del Puente de la Amistad.
“Durante el control, personal de la Base Naval y funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) verificaron un vehículo de la marca Kia, modelo Cerato, año 2014, color blanco, con matrícula brasileña n.º AWU-3551, que era conducido por el ahora imputado”, indicaron.
Las autoridades investigaron sobre la situación del rodado y los informes oficiales revelaron que el vehículo fue denunciado como robado en la madrugada de ese mismo día, en la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil), del interior del domicilio de la una ciudadana brasileña, quien figura como víctima en la denuncia presentada ante la Policía Civil del Estado de Paraná – 6.ª Subdivisión Policial.
Elementos de sospecha
Las autoridades brasileñas remitieron la denuncia, que se incorporó al expediente junto con los informes de la Base Naval y de la DNIT, constituyéndose en elementos de sospecha.
A continuación, la Fiscalía inició el proceso penal y solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y formular la acusación correspondiente.
El fiscal Trinidad Colmán requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva de Ricardo Collins, atendiendo la gravedad del hecho presuntamente cometido y el riesgo de fuga por su condición de ciudadano extranjero sin arraigo en el país.