Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

Una jueza de Colombia declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, en un juicio que lo convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano.

El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.

Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.

• Fuente: AFP

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El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.

“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.

El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.

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“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.

“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Federico Ezequiel Santoro Vassallo fue condenado a 15 años de prisión, señalado como estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes. El uruguayo, alias Capitán, de 46 años, fue extraditado desde Paraguay el 11 de julio de 2024, vinculado a la causa A Ultranza Py.

La información fue difundida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, que acusó a Santoro por haberse desempeñado como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.

“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó un inquilinato cerca de la Facultad de Filosofía de la UNA, donde detuvo al líder de la barra La Plaza. Este “búnker” era el espacio para el acopio de drogas, antes de la distribución.

Cristian Morínigo Ojeda, alias La Gorda, uno de los “jefes” de la barra de Cerro Porteño, La Plaza, fue capturado en el barrio Itá Pytã Punta, a metros de la Facultad de Filosofía.

El Ministerio de Salud estableció una carga horaria de 12 horas semanales por cada vínculo para profesionales médicos, con el propósito de mejorar las condiciones laborales del personal.

A través de la Resolución n.º 2.851/2025, la cartera de Salud Pública estableció de manera oficial la carga horaria y las jornadas laborales para profesionales de la salud con cargos permanentes y/o contratados que cumplen funciones asistenciales o misionales en los servicios de salud públicos.

El expresidente de la República, Horacio Cartes, dedicó un mensaje en redes sociales en el marco del Día del Ejército Paraguayo, que se conmemora cada 24 de julio y que coincide con la fecha del nacimiento del mariscal Francisco Solano López. El exmandatario y actual presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) resaltó la historia y los valores que caracterizan a la institución.

“Hoy rindo homenaje al glorioso Ejército Paraguayo, fundamental en la defensa de nuestra soberanía, la paz y los valores patrios. Su historia está marcada por abnegación, valor y profundo amor a la Patria. A cada hombre y mujer que viste el uniforme mi reconocimiento y gratitud”, puntualizó Cartes en su tributo al ejército cuyo origen se remonta a un año antes de la independencia paraguaya de España (1811).

La viuda del periodista brasileño Lourenço “Leo” Veras, quien fuera asesinado por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero el 12 de febrero del 2020, Cinthia González, brindó una conferencia de prensa este jueves y acusó al diputado Santiago Benítez de intentar manipularla para favorecer al principal sospechoso de la muerte de su esposo.

“Días después de la muerte de Leo me llama el señor Santiago Benítez, dueño de la radio Imperio. Me pidió mediar para la entrega de un pendrive a la Fiscalía con supuesta evidencia para favorecer al sospechoso de la muerte de Leo, que es alguien vinculado al crimen organizado. Santiago intentó mucho convencerme; a cambio, según él, tendría una recompensa económica y de protección; me depositarían en una cuenta una cantidad de dinero”, manifestó González.