El Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó la ampliación del uso de las tobilleras electrónicas a todo nacional, y para todos los hechos punibles y en cualquier etapa del proceso penal. El pedido fue realizado por la Policía Nacional, debido a que ya se contaría con la suficiente capacidad para extender la cobertura.

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La propuesta fue realizada por la ministra e integrante de la sala penal de la Corte, Carolina Llanes, quien explicó a sus colegas y a la ciudadanía la importancia de la determinación que adoptó la máxima instancia judicial. Del mismo modo, señaló que hasta la fecha solo se han pedido la colocación de 10 dispositivos, y que el 60 % fue denegado por razones materiales, como la falta de acceso a Internet, energía eléctrica y otras cuestiones técnicas.

La acordada de la Corte inicialmente establecía el sistema de aplicación de los dispositivos electrónicos debido a que solo permitía su uso en Asunción y el departamento Central, para casos de violencia familiar y causas relacionadas con delitos económicos.

La implementación de estos dispositivos responde a la necesidad de optimizar el control de las medidas alternativas a la prisión preventiva, así como otras disposiciones jurisdiccionales.

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El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.

Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.

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La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.

Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.

El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.

El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.

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El titular del Consejo de Gobernadores, César Sosa, se refirió al inicio de ejecución del “Plan 1.000″, que busca pavimentar mil kilómetros en todos los departamentos del país. Destacó que es un proyecto que además de mejorar la infraestructura vial, permitirá un dinamismo económico importante en los 263 distritos del país, ya que se contratará mano de obra local y uso de material locales.

En conversación con La Nación/Nación Media, indicó que esta ejecución arrancó esta semana en Alto Paraná, donde está prevista la ejecución de más de 300 kilómetros entre asfaltos y empedrados.

Asimismo, señaló que para finales de julio también ya iniciarán en los departamentos de Caazapá, Guairá y Caaguazú, como parte de la primera etapa de empedrados.

“Se busca dinamizar sobre todo la microeconomía, con las empresas locales, materiales locales, y sobre todo mano de obra local. Nos pone muy contentos a nosotros, el poder generar fuente de trabajo, aparte de mejorar la estructura vial en cada departamento”, expresó.

Indicó que con esto se espera que se reactive la economía de la gente en cada distrito del país. “Los 263 distritos del país van a tener empedrados en esta primera etapa y luego en una segunda etapa, de asfalto, con el que vamos a llegar a más de mil kilómetros”, indicó.

Respecto al número de empleos que podría generar, señaló como estimativo, que solo en Alto Paraná, donde ya arrancaron las obras para la construcción de más de 300 kilómetros de pavimentación se estarían movilizando a más de 1.000 personas.

“Estamos realmente esperanzados y confiados en el gran trabajo que vamos a estar realizando en todos los departamentos. Estamos trabajando con cada intendente y gobernador de los diferentes distritos, municipios y gobernaciones”, remarcó.

Al respecto, aclaró que el Plan 1.000 está llegando a todos los municipios del país, sin distinción de bandería política. “Estamos trabajando con los intendentes y gobernadores colorados y liberales, con todos. Realmente los 263 distritos van a tener empedrados y asfaltos. Como dijo el presidente Santiago Peña, sin distinción de colores”, enfatizó.

Por otra parte, el gobernador del Guairá resaltó la gestión que está llevando adelante en su departamento, señalando que siguen trabajando sobre todo en mejorar la infraestructura que por muchos años estuvo olvidada, debido a las peleas entre las distintas autoridades de turno.

Indicó que hoy reina un trabajo unido que realmente es destacable, entre diputados, la gobernación y las diferentes autoridades municipales. “Esto se está reflejando hoy en infraestructura. Tenemos más de 200 cuadras de asfalto, más de 200 cuadras de empedrado; estamos trabajando en los caminos rurales”, precisó.

Igualmente, señaló que este trabajo conjunto también ayuda a reforzar la infraestructura de salud y seguridad, que han recibido más de 24 patrulleras en los últimos tiempos.

“Hoy estamos contentos de ir a Alto Paraná con una nueva ambulancia, más con eso estamos completando dos ambulancias otorgadas por el Gobierno nacional. Creo que ese es el camino, dotarle de infraestructura al departamento que estuvo olvidado por años”, remarcó.

Al respecto del ámbito de la Salud, señaló que hoy, Guairá se ha convertido en el primer departamento a nivel país que llegó al 100 % de la digitalización a través del Sistema de Información de Salud Proyecto HIS, concretado mediante un convenio con la República de China (Taiwán) y el Ministerio de Salud.

“Nos pusimos la camiseta para realmente darle infraestructura y ser el primer departamento digitalizado en lo que es el sistema de salud, ya sea para atención de los pacientes, medicamentos y producción de todos los médicos”, concluyó.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la presunta actuación irregular del fiscal Lucrecio Cabrera, quien en su momento de forma llamativa dispuso la libertad de dos ciudadanos chinos que habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia, cuando fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia.

Los integrantes del órgano juzgador de magistrados solicitó traer a la vista un informe pormenorizado, así como también todos los antecedentes relacionados con la información obtenida sobre la actuación del representante del Ministerio Público.

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El ministro de la Corte y presidente del JEM, César Garay, criticó al fiscal Lucrecio Cabrera, tras su actuación en un polémico caso que involucró a dos ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal al país.

Según Garay, el fiscal ordenó la liberación de los extranjeros Jinxing Zhuang y de Yan Xiwu, pese a que estos habían sido detenidos por personal policial en la zona del Chaco al no contar con documentación que acreditara su entrada legal al Paraguay. La decisión del fiscal, según el ministro, supone una grave desatención al interés público y a la normativa vigente.

Asimismo, el ministro de la Corte sostuvo que, conforme a lo establecido por la Ley N.º 6814/2021, el Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación preliminar y a coordinar con las autoridades policiales la recolección de la documentación correspondiente, algo que no se habría cumplido en este caso.

Garay también mencionó que la Dirección Nacional de Migraciones, dirigida por el abogado Jorge Kronawetter, no fue notificada del hecho, lo que impidió su intervención oportuna. El titular de Migraciones calificó públicamente esta omisión como negligente e irregular. “Se trató de una conducta que bordea la irregularidad, con claras implicancias jurídicas y administrativas”, expresó Garay.

Cabrera podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por la actuación que tuvo en el presente caso.

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