Tras confirmarse el hallazgo sin vida del exviceministro de Seguridad Interna y exfiscal Antidrogas y Antisecuestro, Javier Ibarra, en su domicilio ubicado en el barrio Universitario de la ciudad de San Lorenzo, y que en el cuerpo se encontraron dos orificios aparentemente de disparos, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un equipo que investigará el hecho.
Fueron designados para indagar la muerte de Ibarra el fiscal contra el crimen organizado Andrés Arriola y los agentes fiscales Julio Ortiz y Gerardo Mosquiera, a solicitud del fiscal adjunto del área, Roberto Zacarías.
El fiscal Mosqueira conversó con los medios de comunicación presentes en el lugar y aseguró que el arma incautada en el domicilio sería de calibre 22. Agregó que no se encontraron rastros de violencia o de entrada forzada. Destacó que todas las pertenencias de Ibarra se encontraron en el lugar, motivo por el cual la hipótesis de un robo pierde fuerza.
Podés leer: Jueza responsabiliza a fiscal por liberación de denunciados por abuso sexual
Varias hipótesis
Los intervinientes aseguraron que ninguna de las hipótesis, desde un asesinato a una autoeliminación, pueden ser descartadas hasta conocer el informe final del forense, que aportara más detalles sobre lo ocurrido. En la inspección preliminar no se pudo confirmar si los aparentes disparos fueron realizados a corta o larga distancia.
El hallazgo del cuerpo se dio en horas de la mañana, por un vecino, tras comunicarse con la exesposa del exfiscal que alegó no poder contactarse con el mismo. Si bien la vivienda no cuenta con cámaras de seguridad, el equipo de investigación no descarta que las cámaras instaladas en la zona hayan captado imágenes que ayuden a esclarecer el hecho.
Lea también: Jueza otorga arresto domiciliario a supuestos abusadores de una joven de 18 años
Dejanos tu comentario
Jueza decreta prisión preventiva de involucrados en tráfico de armas
La jueza interina Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Estela Colmán Otazú (51), dueña de Carros Vía Chile, e Isabelino Jiménez (62), del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, quienes están investigadas e imputadas por tráfico internacional de armas. La mujer guardará reclusión en el Buen Pastor, en tanto que Jiménez, en la Penitenciaría de Tacumbú.
Estas personas fueron detenidas en el marco de la Operación Andina, desarrollada en Asunción y en Fernando de la Mora por la desaparición de 2.596 armas, que presuntamente fueron traficadas al Brasil.
Colmán y Jiménez fueron imputados por la Fiscalía por violación del artículo 98, de la Ley 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en concordancia con el Art. 29, Inc. 1°, del Código Penal, cuyas expectativas de pena van de 6 meses a 10 años de penitenciaria.
Jiménez pidió prisión domiciliaria por su condición de persona de la tercera edad y por padecer de tuberculosis, sin embargo la jueza rechazó el pedido.
Lea más: Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
Los antecedentes refieren que el miércoles pasado, una comitiva fiscal y policial realizó una serie de allanamientos en búsqueda de un importante lote de armas de fuego, que forma parte de las armas desaparecidas del radar de la Dirección de Material Bélico. en la ocasión, Lograron incautar 119 fusiles y pistolas y la detención de dos personas.
Uno de los allanamientos se desarrolló en una playa de autos, en la ciudad de Fernando de la Mora, esto en el marco de una investigación, ya que desaparecieron 3.000 armamentos de un lote de 17.000 armas de fuego registradas en la Dimabel.
Las armas son importadas al Brasil de forma legal y pueden ser vendidas dentro del territorio, pero estas son llevadas al vecino país para la venta ilegal y ya cayeron varias en manos de criminales.
Te puede interesar: Incautan 119 armas y detienen a dos personas en Fernando de la Mora
Dejanos tu comentario
Piden desestimar denuncia contra fiscales que imputaron con pruebas a Marito y su gavilla
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Néstor Coronel, pidió al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, que se había presentado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos representantes del Ministerio Público presentaron la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, con base a elementos contundentes.
En el pedido del agente fiscal Coronel se detalla que, ante el cúmulo de información obtenida, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de realizar un estudio acerca de las circunstancias fácticas que motivaron el inicio de la investigación fiscal y ante todo lo analizado corresponde en derecho solicitar la desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.
Lea más: Gavilla de Abdo vuelve a paralizar proceso penal
Igualmente, menciona el requerimiento del Ministerio Público: “se puede advertir que se obtuvieron copias de las diferentes resoluciones emanadas de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los inicios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023″, según el documento.
En ese orden, el requerimiento al juez Otazú señala que en esa situación se tiene informaciones relevantes y se observa que en todo momento hubo participación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de trabajo no solo estuvo integrado por agentes fiscales, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funcionarios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo.
Ahora, el referido magistrado tendrá que analizar si corresponde archivar la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanii Grissetti.
Te puede interesar: Abdo y gavilla robaron desde el poder, acusan
Dejanos tu comentario
Parlasurianos paraguayos tomarán intervención en caso de niño fallecido en Brasil: “Es gravísimo”
“Es un vergüenza internacional”, afirmó el diputado Hugo Meza al referirse a la muerte de un niño paraguayo de 1 año y 6 meses de edad que se encontraba bajo guarda de la justicia brasileña, luego de que sus padres cayeron demorados el pasado 15 de setiembre por transportar más de 135 kilos de droga en la localidad de Cascavel.
Meza anunció que en su carácter de representante de la Cámara Baja ante el órgano requerirá a sus pares del vecino país informes oficiales sobre las circunstancias en que se produjo la muerte del niño, de nombre Lian, quien se encontraba en tratamiento médico porque sufría de epilepsia.
“Es un caso gravísimo. Por lo menos nosotros como parlamentarios del Mercosur vamos a pedir informes, documentaciones oficiales que puedan tener. Debemos hacer un seguimiento y que esto no quede en la nada. La Cancillería también debería pedir los datos, me comunicaré con ellos y con los representantes de nuestro consulado en el Brasil para ver qué saben sobre el tema”, comentó en una entrevista con medios de prensa.
Lea también: Senador José Oviedo se suma a Yo Creo tras abandonar a Payo Cubas
Resultados de la autopsia
Mientras que el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Carlos Vera, manifestó que ya se establecieron comunicaciones con sus pares brasileños, quienes precisaron que un delegado de la ciudad de Cascavel informó que el cuerpo del niño tuvo que ser sometido a una autopsia con el fin de determinar la causa del deceso.
“El niño murió bajo la custodia de una casa albergue. Los médicos intervinieron y tuvieron que hacer la autopsia. En un mes tendríamos los resultados del informe”, sostuvo a la 1000 AM. Agregó también que el requerimiento oficial surge tras la denuncia realizada por la familia del niño debido a la ablación al que fue expuesto su cuerpo, sin la autorización de los padres.
Dejanos tu comentario
A 20 años del secuestro y muerte de Cecilia Cubas: “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella?”
Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)
Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.
El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.
Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.
“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.
Terminó la esperanza
La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.
“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.
Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.
Primera víctima fatal del EPP
Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.
“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.
“Era una luz”
Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.
“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.
“La Justicia hizo su parte”
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.
En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.
Justicia por los secuestrados
Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.
Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.
Datos clave
- El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
- Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
- Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.