Una comitiva fiscal y policial integrada por los fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Eugenio Ocampos llevó a cabo dos allanamientos a las viviendas de los imputados por lesión grave Marcello Fretes y Héctor Grau, quienes están siendo investigados por agredir brutalmente a Benjamín Zapag, hijo del expresidente del club Cerro Porteño Raúl Zapag.
Ambos jóvenes que están imputados por lesión grave cuentan con orden de detención fiscal lo que implica que si son detenidos, deberán comparecer ante el fiscal del caso para que los mismos puedan brindar su versión sobre lo sucedido dentro de la discoteca de Asunción.
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Este martes la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación contra los Grau y Fretes y fijó para el 17 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares. En caso de que los dos imputados son detenidos, ya la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para la próxima semana no se llevará a cabo debido a que ya los imputados tendrán que comparecer ante la jueza penal de turno.
Por su parte, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz señaló este martes que los supuestos agresores se exponen a una pena de 10 años de prisión. Sostuvo que hasta el momento ni los presuntos agresores ni los familiares de los mismos se comunicaron con él tras tomar estado público el caso y ser identificados los supuestos autores del hecho, que habría ocurrido en el baño de una discoteca capitalina durante la madrugada del pasado domingo.
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Piden desestimar denuncia contra fiscales que imputaron con pruebas a Marito y su gavilla
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Néstor Coronel, pidió al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, que se había presentado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos representantes del Ministerio Público presentaron la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, con base a elementos contundentes.
En el pedido del agente fiscal Coronel se detalla que, ante el cúmulo de información obtenida, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de realizar un estudio acerca de las circunstancias fácticas que motivaron el inicio de la investigación fiscal y ante todo lo analizado corresponde en derecho solicitar la desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.
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Igualmente, menciona el requerimiento del Ministerio Público: “se puede advertir que se obtuvieron copias de las diferentes resoluciones emanadas de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los inicios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023″, según el documento.
En ese orden, el requerimiento al juez Otazú señala que en esa situación se tiene informaciones relevantes y se observa que en todo momento hubo participación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de trabajo no solo estuvo integrado por agentes fiscales, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funcionarios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo.
Ahora, el referido magistrado tendrá que analizar si corresponde archivar la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanii Grissetti.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Maduro asigna fiscales para pedir aprehensión del presidente Milei, su hermana y su ministra
La situación entre los gobiernos de Venezuela y Argentina se tensa aún más luego de que hoy medios venezolanos informaran que el “régimen de Nicolás Maduro pedirá la detención de Javier y Karina Milei y Patricia Bullrich por el robo de un avión”.
Ya una semana atrás, el 7 de setiembre, Deutsche Welle de Alemania adelantaba que el Gobierno de Javier Milei había llamado a la Corte Penal Internacional para pedir la captura del presidente de Venezuela por “hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad”.
Esta respuesta del mandatario venezolano es por el supuesto robo del avión de Emtrasur que, en junio de 2022, fue retenido en Argentina con ciudadanos iraníes a bordo.
“El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela asignó a dos fiscales para tramitar órdenes de aprehensión contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”, aseguró el medio Canal 26.
Según informó hoy miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, por ahora la orden está siendo tramitada y la situación fue transmitida por el canal oficial VTV, Venezolana de Televisión.
“La institución anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión, expusieron desde Venezuela.
Pedido argentino
A continuación recordaron que “la noticia llega poco después de que la Justicia argentina pidiera la detención internacional de Maduro, tras escuchar los testimonios de ciudadanos que denunciaron haber sido víctimas de secuestros ilegales y torturas en Venezuela por parte del régimen”.
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Por el momento, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron en condiciones de resolver si hacen lugar a un planteo de la querella y la fiscalía y ordenan la detención de Maduro en base al principio de “justicia universal”, o si por el contrario le dan la razón al juez del caso, Sebastián Ramos, quien rechazó el pedido hasta concluir con medidas de prueba.
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Caso negociado de Miguel Prieto: fiscales realizan allanamientos simultáneos en el Este
Agentes del Ministerio Público realizan allanamientos simultáneos en el este del país en el marco de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, investigado por supuestas irregularidades en pandemia. Los operativos están encabezados por los fiscales Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero.
“Estamos dando andamiaje en un equipo de trabajo que se formó hace unos meses por estas denuncias específicas, dos puntualmente en la ciudad de Presidente Franco, en una empresa en concreto, buscando documentaciones y los colegas (fiscales) también en otros lugares”, explicó la fiscal Marlene González en comunicación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La fiscal fiscal explicó este miércoles que los allanamientos están siendo realizados en varios lugares, en búsqueda de documentos o elementos que podrán ser utilizados en el proceso contra Prieto. “Kits escolares, alimentos, una serie de supuestos hechos que se están investigando”, dijo.
El intendente de Ciudad del Este cuenta con 41 denuncias en su contra por supuestas irregularidades en su administración, varios de ellas tienen que ver de la época de pandemia 2019 – 2022. En su momento, se había denunciado que se armaron empresas para la provisión tanto de kits escolares como de kits de alimentos.
Casos en pandemia
De acuerdo a la denuncia y una de las carpetas fiscales, Prieto estaría implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad, en este caso también se involucra a la empresa Tía Chela S.R.L. Estos datos habían sido publicados por el equipo de investigación de Nación Media.
También aparece en el periodo de investigación un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la Intendencia Municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos.
Según el Ministerio Público, Emili Vanessa Florentín Páez, asesora jurídica de la Intendencia en ese momento, colaboró en la creación de secuencias ficticias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi S.A., se convirtió en la principal subproveedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contraprestación real de productos por el dinero abonado.
Estos son algunos de los casos más sonados de todas las denuncias realizadas y que están siendo investigadas en contra de Miguel Prieto.
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