El Ministerio Público comunicó que la joven que habría asesinado a su beba recién nacida fue imputada por homicidio doloso. Además, se anunció que se realizarán evaluaciones psicológicas para conocer el estado de salud mental de la mujer de 24 años. El fiscal Federico Leguizamón está a cargo de la investigación.
La mujer se encuentra internada en un hospital bajo custodia policial y este sábado pasado fue sometida a una intervención para un curetaje, además de un procedimiento para reponerle la sangre que perdió. Asimismo, esta mañana se realizó la autopsia al cuerpo del bebé y se confirmó que nació con vida y se hallaron más de 15 puñaladas.
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El Ministerio Público fue comunicado el viernes 21 de octubre de un presunto hecho de aborto, que finalmente dio un giro inesperado. La mujer que se encontraba con un embarazo en termino, que trabajaba en una residencia en Asunción, se habría encerrado en su habitación, los propietarios de la vivienda llamaron a la Policía y encontraron a la mujer totalmente débil y junto a un charco de sangre.
Los mismos trasladaron a la empleada a un sanatorio privado rápidamente, mientras que la Policía Nacional junto a la Fiscalía ingresaron a la habitación de la mujer donde se encontraron con la peor escena, un cuerpo de bebé en el inodoro con signos de haber sido atacado. Del lugar se incautó también una tijera con la que la mujer habría atacado al bebé.
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Montego Trading: ordenan captura de imputada quien habría violado su arresto domiciliario
La jueza Penal de Garantía Clara Ruiz Díaz declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carmen Carolina Duarte, integrante del directorio de la firma Montego Trading S.A., imputada por violar la ley de juegos de azar.
La magistrada tomó la determinación de declarar la rebeldía atendiendo a que la Policía Nacional se constituyó en su domicilio y la misma no estaba en su lugar de reclusión domiciliaria.
En caso de que sea detenida, Duarte deberá ser trasladada hasta el juzgado que decidirá si mantiene el arresto domiciliario o decreta la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
En la presente causa penal igualmente están procesados y con arresto domiciliario el ciudadano mexicano Gerardo Bermúdez quien llamativamente quiere salir del país a pesar de contar con varios procesos penales. Asimismo están imputados Erik Martin Vázquez, José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo. Estos dos últimos tienen medidas alternativas a la prisión.
Imputación
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online. Además, de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
Varios procesos penales
Bermúdez Arreola enfrenta igualmente otros procesos penales y uno de ellos ya está para realizarse un juicio oral y público y debido a las chicanas que ha presentado el citado acusado como otros, la audiencia oral aún no se pudo llevar a cabo.
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Prófugo 8 años por matar a golpes a una mujer, fue condenado a 22 años de cárcel
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que estuvo prófugo por ocho años, después de haber matado a golpes a su expareja y dejar sin su madre a dos niños, finalmente fue condenado a 22 años de cárcel.
Se trata de Mario Martínez Vera, quién teniendo antecedente por violencia familiar, había podido huir y permanecer oculto durante tantos años. La víctima fue Marisa Jara González.
El agente fiscal, Fidel Godoy, fue quien defendió la acusación y en el juicio oral del pasado 30 de abril, exactamente la misma fecha, pero 9 años después del hecho, el tribunal integrado por los jueces Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, encontró al acusado culpable de homicidio doloso agravado.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 2016, cuando Martínez Vera, a bordo de su vehículo Nissan, modelo Serena, interceptó a la mujer en el municipio de San Alberto, mientras ella se dirigía al mercado.
Mediante amenazas, la obligó a subir al auto y la trasladó hasta una zona rural de Minga Porã, donde la golpeó brutalmente en la cabeza, causándole la muerte.
El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado dos días después, el 2 de mayo de 2016, en una plantación de soja en la colonia 5ta. Línea, cerca del límite con el distrito de San Alberto.
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Según el médico forense interviniente en aquella ocasión, doctor Eric Hugo Zapata, la muerte se produjo por “traumatismo de cráneo encefálico gravísimo, con hundimiento y fractura de huesos temporal y parietooccipital, producido por elemento contundente”.
Martínez Vera y Jara González habían mantenido una relación de más de ocho años, de la cual nació un hijo, que en el momento del homicidio tenía 5 años. Tras la ruptura, el hombre comenzó una nueva relación con una adolescente de 15 años, mientras que Mariza también había iniciado otra relación de pareja.
Sin embargo, el acusado no aceptaba la separación y comenzó a hostigar a su expareja, quien rechazó sus intentos de reconciliación. Durante el juicio, entre las pruebas relevantes que presentó la Fiscalía en contra del acusado estaba la prenda de vestir de la víctima encontrada en el inquilinato donde residía el hoy condenado.
Además, Martínez Vera huyó del lugar tras el hallazgo del cadáver y se llevó consigo al hijo menor. El tribunal consideró estos hechos como elementos claves para dictar la condena. Al igual que la persistente violencia y el hostigamiento hacia la mujer, sumados a su fuga.
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Imputan por homicidio doloso a repartidor que mató a presunto ladrón en barrio Santa Ana
La Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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La fiscal Laura Finestra imputó al detenido por homicidio doloso y describe que fue por excitación emotiva, por acabar con la vida del presunto delincuente en medio de un intentó de asalto y se expone hasta 5 años de prisión. El detenido alegó que había actuado en legítima defensa, para evitar que tanto su compañero como él sean víctimas de la inseguridad.
Cabe destacar que, el barrio Santa Ana, entre 42 Proyectadas y Antequera donde ocurrió el hecho, es considerada zona roja por la alta inseguridad reinante y es un lugar donde más asaltos se reportan, atendiendo a que cuenta con pequeños pasillos donde se ocultan los maleantes y que es dificil acceso para la Policía Nacional.
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Fiscal imputa por homicidio doloso a policía que disparó a presunto delincuente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El oficial de Policía Augusto Oviedo Martínez (36), fue imputado esta tarde por la fiscal de la Unidad Penal No. 3 de Hernandarias, Nathalia Montanía, por homicidio doloso, según confirmó a La Nación/Nación Media, la asistente fiscal Teresa Báez.
Es en la investigación de la muerte de un presunto delincuente durante un enfrentamiento con el personal policial de la Comisaría 27, del barrio San Francisco de Hernandarias. El agente se encuentra con detención preventiva en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El fallecido es Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), nacido en Coronel Oviedo. El mismo tenía orden de captura por robo agravado y coacción sexual, emitida en el departamento de Caaguazú.
El mismo recibió un impacto de bala en la zona maxilofacial, lado izquierdo, con orificio de salida en el lado derecho, explicó la asistente fiscal Báez, en base a los datos recabados. Agregó que el policía también recibió una herida de refilón porque el disparo se produjo al forcejar con el presunto delincuente para desarmarlo, supuestamente.
El relato señala que los policías estaban en un vehículo particular y persiguieron al hombre que estaba en motocicleta, por unas diez cuadras, del barrio San Francisco. Acto, seguido, alcanzaron al hombre, lo interceptaron en un camino vecinal y cayó, momento en el cual desenfundó su arma de fuego.
El personal policial que ya había descendido del vehículo, forcejeó con el hombre, intentando desarmarlo y en ese trance se produjo el disparo del arma del agente policial que mató al motociclista, según lo referido por la asistente fiscal Teresa Báez, de lo expuesto por el imputado.
Informó que se realizó la prueba pertinente de nitrito y nitrato, se solicitaron informes varios a la Policía Nacional para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, entre ellos, la comprobación del pedido de apoyo a las otras patrulleras que los policías realizaron, antes de alcanzarlo al luego fallecido, según la declaración.
El agente policial declaró ante la Fiscalía, acompañado de abogados de la asesoría jurídica de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Esta mañana surgieron versiones contradictorias dentro de la Policía Nacional, aunque el primer dato conocido fue el forcejeo que terminó con la muerte de Alcides Lezcano Ortiz.
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