Se suspendió el juicio oral y público para el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La audiencia oral se pospuso debido a que los abogados defensores apelaron la integración del Tribunal de Sentencia integrado por Cándida Fleitas, Alba González y Víctor Alfieri.
Así como se encuentra actualmente la situación, queda en manos del Tribunal de Apelación destrabar el proceso penal, y una vez que eso suceda, haciendo lugar o rechazando la apelación, se podrá volver a fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
Por su parte, el fiscal del caso Osmar Legal explicó que la presentación hecha por la defensa de Díaz Verón y su esposa es al solo efecto de dilatar el caso y aseguró que pedirá una sanción para los abogados, así como para los acusados.
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Acusación
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel Militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016, Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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Caso Joaquín Roa: Fiscalía sostiene que licitaciones fueron direccionadas
En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, el Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales donde expuso que el acusado benefició con contrataciones a las empresas de Alberto Koube, y producto de esas adjudicaciones supuestamente se dedicaban a lavar dinero proveniente del narcotráfico.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado pudo simular la compra del lujoso yate que estaba a nombre de Roa y que se demostrará la responsabilidad del procesado en los delitos que la fiscalía acusó.
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El fiscal Silvio Corbeta fue quien expuso los alegatos iniciales en el juicio oral y público contra del extitular de la SEN, Joaquín Roa, quien está siendo juzgado por lavado de dinero y otros delitos. También el fiscal aseguró que cuenta con elementos suficientes para demostrar que el acusado lavó dinero y benefició 11 contrataciones direccionadas al empresario Alberto Koube, procesado por narcotráfico en la causa A Ultranza Py.
Roa está acusado por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.
Si bien Roa hizo solo un pago parcial respecto a la embarcación, según el fiscal, el contrato de compraventa se hizo sin certificación de firmas, suscrito con el Grupo Tapyracuai SA, y el exministro supuestamente intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en G. 3.200 millones (USD 450.000).
En el presente juicio oral está siendo juzgado el empresario Koube, acusado por lavado de dinero, lesión de confianza (en calidad de cómplice), asociación criminal y lavado de dinero.
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Juicio oral de Paraguayo Cubas se pospuso porque Corte debe resolver acción de inconstitucionalidad
Se suspendió el juicio oral y público para el excandidato presidencial, Paraguayo Cubas, acusado por perturbación de la paz pública y otros delitos por los disturbios ocurridos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral tras la victoria de Santiago Peña.
El tribunal de sentencia integrado por Héctor Capurro, Cándida Fleitas y Cristian González, hicieron lugar a la reposición de la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien sostuvo que presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la convocatoria al juicio oral y público fijado para los días 17 y 18 de julio porque existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra un fallo que, a su criterio, vulnera derechos fundamentales.
Antecedentes
La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.
Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales.
La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.
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Sancionan a bancos mexicanos por lavar dinero para cárteles
- Washington, Estados Unidos. AFP.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.
Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.
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El PCC no opera desde afuera: su amenaza avanza desde adentro en Paraguay
Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.
Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.
Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .
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¿Por qué Paraguay?
Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.
Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.
El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.
“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.
Más allá de las rejas
Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.
La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.
El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.
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¿Y ahora qué?
El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.
Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.