El juez Yoan Paul López fijó para el 19 de octubre la audiencia de imposición de medidas cautelares para la exjueza civil Tania Irún, imputada por prevaricato. Foto: Archivo.
Citan a exjueza Tania Irún para audiencia de imposición de medidas cautelares
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El próximo 19 de octubre, a las 10:00, se debe realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para la exjueza en lo civil y comercial de Asunción Tania Irún, imputada por prevaricato por haber entregado 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien definirá si ordena la prisión de Irún o bien decide otorgar medidas alternativas a la prisión. Desde el inicio del presente caso hasta la fecha no se pudo realizar la imposición de medidas debido a que en la presente causa se presentaron varios incidentes al solo efecto de dilatar el caso penal.
Días atrás la fiscal Natalia Fuster solicitó un año más de plazo para seguir recolectando más elementos de prueba contra la exmagistrada, quien soporta un proceso penal por prevaricato por haber entregado 310 mil hectáreas. El requerimiento provisional del Ministerio Público revela que aún faltan recibir algunos informes del extranjero y es por ello que se pide más tiempo al juez del presente caso para poder presentar el requerimiento conclusivo definitivo.
De acuerdo al acta de imputación, la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310.000 hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
Por su parte, la querella adhesiva presentó su acusación y solicitó que el presente caso se eleve a un juicio oral y público donde se pueda debatir los elementos de prueba que están agregados en la carpeta fiscal.
Edgardo Kueider, exsenador argentino y su secretaria fueron citados para la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público. Foto: Gentileza
Juez citó a exsenador argentino para audiencia preliminar
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El juez Humberto Otazú fijó para los días 24, 25 y 26 de junio la audiencia preliminar del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes están acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Juez ordenó sobreseimiento definitivo de dos personas investigadas por amenaza y otros
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El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de una resolución judicial ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano, investigados en el marco de la causa caratulada como “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
Los abogados Juan Carlos Cabral y Néstor González, en representación de Arévalos y de Souza arrimaron la resolución judicial en la que se ordena la desvinculación total de sus representados en el caso mencionado más arriba.
Ambos abogados señalan que “en relación a las noticias publicadas en septiembre de 2016, sobre la detención de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano por supuestas amenazas, informamos que el proceso penal ha concluido con el sobreseimiento definitivo de los mismos, habiendo la autoridad judicial determinado que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados. Esta resolución confirma la inocencia de las personas involucradas”, señala el escrito.
Las dos personas con sobreseimiento definitivo fueron en su momento investigadas por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez y de Souza en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con esta resolución.
Caso María Fernanda: padres del supuesto homicida comparecen ante juzgado
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En el marco de la audiencia de imposición de medidas se presentaron este domingo ante el juez penal de Garantías, de primer turno, Armando Mendoza, los padres del adolescente sindicado como autor del homicidio de la joven de 17 años María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La pareja fue detenida en la madrugada de este domingo en San Bernardino tras librarse una orden de captura en su contra firmada por los fiscales Gloria Rojas y Fermín Segovia Villasanti, quienes lideran la investigación del caso.
La Fiscalía presentó la imputación contra los padres por simulación de hechos punibles y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Los fiscales del caso solicitaron al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de la pareja.
De acuerdo con el informe entregado por los intervinientes, la pareja fue detenida cuando salía de una vivienda ubicada en un barrio cerrado de la ciudad de San Bernardino, la cual había sido alquilada por su abogada para que los mismos se resguarden en el sitio atendiendo que ya no pudieron regresar en su vivienda porque la misma debía ser inspeccionada y posteriormente se registraron ataques por parte de los vecinos y familiares de María Fernanda.
Ambos padres aún no pudieron ser ligados de manera directa con el crimen, ya que se carece de evidencia para esto, no obstante los investigadores no descartan que en cierta proporción hayan ayudado a su hijo a ganar tiempo antes de su detención. Los mismos habían declarado inicialmente que no se percataron de ninguna actuación sospechosa por parte del adolescente en la semana del crimen.
Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
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El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.