Imputan a seis extranjeros que tenían en su poder 4 millones de dólares falsos
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Los agentes fiscales Lorenzo Lezcano y Alicia Sapriza imputaron a cinco ciudadanos colombianos y un ecuatoriano por estafa, asociación criminal y producción de moneda no auténtica debido a que los mismos tenían en su poder la suma de 4 millones de dólares. Los fiscales solicitaron la prisión preventiva de estas personas.
Los detenidos e imputados son Yohan Andrés Gutiérrez Castaño, Carlos Eduardo Valencia Rodríguez, Édgar Arturo Andrade Correo, John Deiver Sánchez Mendoza y Alexis Rafael Barrios. Los mismos deberán comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Según relató la víctima, él se encontraba en búsqueda de un préstamo para solventar gastos operativos de su negocio y ante la negativa de un banco, recurrió al sistema financiero de prestamistas. Ante esto, habría recibido un mensaje por el servicio de mensajería Whatsapp, la persona que lo contactó se identificó como Gerardo Sarmiento, quien supuestamente se dedicaba al auxilio financiero de empresas.
Este le habría mencionado que ya tenían conocimiento de su situación actual y que prepare un proyecto de negocio a fin de ser analizado y poder ser aprobado para el acceso a un préstamo, lo cual fue elaborado por la víctima y enviado por Whatsapp.
Luego, esta misma persona habría recibido un mensaje desde un número de Whatsapp de una mujer identificada como Esperanza Ramírez, supuesta secretaria del jefe de finanzas de la supuesta empresa, quien le habría fijado una reunión para el 3 de agosto pasado e indicándole que el lugar del encuentro sería la avenida Fernando de la Mora, zona Terminal de Ómnibus de Asunción.
Al llegar al sitio, la víctima se encontró con tres personas con tapabocas y lentes oscuros, quienes llegaron a bordo de un vehículo de color azul. Estas subieron a la víctima al automóvil y le taparon los ojos con un tapabocas y de igual manera le habrían quitado su teléfono celular.
Al llegar a otro sitio fue recibido por una persona de tez morena, quien se identificó como “Comandante Ronaldo”, quien le ofreció un préstamo de 500.000 dólares, pero a cambio debía hacer una entrega de 36.000 dólares, supuestamente para cubrir gastos de garantía.
Fue así que una vez que el hombre juntó el dinero solicitado, acudieron al local dos personas, una de ellas identificada como Juan Manuel, quien supuestamente tenía consigo un bolso negro que contenía una caja fuerte donde se encontraba el dinero a ser entregado como préstamo.
Seguidamente, estos hombres le solicitaron otros 10.000 dólares americanos a fin de hacerle entrega del código de seguridad de la caja fuerte. El hoy denunciante les habría entregado el dinero requerido a estas personas, pero estos no se habrían vuelto a comunicar con él, por lo que decidió formular la denuncia y se logró la detención de los extranjeros.
Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
La jueza Liz Sanabria de Gneiting dijo que preocupa el desconocimiento de las leyes. Foto: Rocío Gómez/Nación Media
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
Operativo Sudamericana: fiscal imputó a cinco personas por narcotráfico
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El agente fiscal, Osmar Segovia, presentó imputación contra 5 personas por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de los allanamientos del operativo Sudamericana, que logró desbaratar a una red de narcotraficantes que querían comercializar droga durante la final de la Copa Sudamericana.
Los hechos punibles imputados a los detenidos son tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. Los imputados son Nelson Marcial Espínola Pérez, quien fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago casi Dr. Pedro Ciancio, barrio Jara, Asunción, habría estado en posesión, sin autorización, de un total de 4,209 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína. Así también dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares, bolsas de polietileno, utensilios con restos, armas de fuego y municiones, agendas con anotaciones varias, entre otras evidencias.
También fue imputado Víctor Manuel Ortigoza Pérez, Brahian Sebastián Ferreira Marín y Maikol Yeferson Ferreira Marín, quienes estaban en una vivienda ubicada en el barrio Jara, Asunción, donde fueron hallados en posesión de tres porciones de supuesta cocaína con un peso total de 2,3 gramos, una porción de supuesta pasta base de cocaína con un peso total de 1,3 gramos. Así también, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y un arma de fuego, entre otras evidencias.
La lista de imputados sigue con Yilda Elizabeth Ferreira Marín, en cuyo poder se habría hallado 6,9 gramos de supuesta cocaína, y 35,6 gramos de supuesta cocaína. Además de dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, varias joyas de plata, entre otros elementos, lo cual permite presumir que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.
Todas las sustancias halladas estaban acondicionadas en moñito de bolsa de hule, preparadas de esta forma para su venta y distribución en las inmediaciones del lugar. El hecho fue detectado a raíz de un allanamiento llevado a cabo por el citado agente fiscal, funcionarios del Ministerio Público y agentes especiales de la Senad.
El Ministerio Público imputó a por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, responsable del accidente donde fallecieron varias persona en la ruta Luque-San Bernardino. Foto: Archivo
Triple choque en Sanber: imputan a conductor que causó accidente y piden su prisión
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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino.
Ahora la jueza penal de Garantía de Caacupé, Silvia Cáceres, deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si se ordena la prisión del autor del terrible accidente que acabo con la vida de varias personas.
Igualmente, de acuerdo a los primeros reportes se confirmo que el conductor que ocasionó el accidente de tránsito dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
Sanabria Vierci también resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Roque de Asunción. El mismo estaba al mando de una Volkswagen Tuareg, de color azul. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes; tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
En una cámara de circuito cerrado se observa que el vehículo al mando de Sanabria Vierci cruzó en el carril contrario y embistió de frente contra los vehículos.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostiene que aún se encuentran pendientes resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias para esclarecer la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Foto: Gentileza
Fiscalía dice que es prematuro sacar conclusiones definitivas
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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
INFORME DE LA UNA
De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.