La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó este viernes el recurso de la defensa de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, y de esta manera queda firme la condena obtenida por el fiscal Osmar Legal de 15 años de cárcel para González Daher y 5 años de prisión para González Karjallo, además del comiso de 47 millones de dólares.
González Daher fue condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; en tanto González Karjallo, por el hecho punible de lavado de activos; según lo manifestado por Legal, la próxima semana ya se haría efectiva la prisión, así como el comiso de los bienes de ambos. En la presentación de los alegatos finales se encontraba presente la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
El fiscal del caso también aclaró que es una posibilidad que sea planteada una aclaratoria, pero que la misma no cambia el sentido de la decisión de la Corte, ya que la sala penal sostuvo que los argumentos de la defensa son insuficientes y defectuosos para anular la condena ya planteada.
En el juicio finalizado el 10 de diciembre del 2021 se probó que entre el 2014 y 2019 Ramón González Daher realizó préstamos usurarios a más de 155 personas, en el juicio declararon varias de las víctimas, relatando la persecución que sufrían al no poder pagar los altos intereses; el Ministerio Público también logró demostrar que varias empresas de las víctimas quebraron por la incapacidad de los deudores de abonar los altos costos.
Por otro lado, el Tribunal de Sentencia concluyó que tanto González Daher como González Karjallo engañaron al sistema financiero sobre la procedencia de los elevados montos de dinero depositados en sus cuentas bancarias, los cuales hacían figurar como ganancias de alquileres y ventas de inmuebles.
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Quiso matar a Cristina Kirchner “por justicia”, dijo el atacante en juicio
El atacante que hace dos años intentó asesinar a balazos a la expresidenta argentina Cristina Kirchner afirmó este miércoles durante su juicio que lo hizo como “un acto de justicia”.
“La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, se justificó ante el tribunal Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que salieran las balas, pero desatando un terremoto político.
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El juicio se centra en el atacante, su exnovia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la expresidenta Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela.
“La idea era matar a Cristina”, dijo Sabag al arrogarse la responsabilidad del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años. La audiencia, que duró siete horas, culminó en la tarde del miércoles y la segunda tendrá lugar la próxima semana.
El tribunal oral federal 6 leyó la acusación de la querella y de la fiscalía, en las que se citaron mensajes de texto intercambiados por los acusados.
En ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de una arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la expresidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla.
“Eran plenamente conscientes de lo que hacían y de sus posibles consecuencias”, sostuvo la querella.
A lo largo de las audiencias que se realizarán con una frecuencia semanal serán escuchados unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner, en un proceso que se estima puede prolongarse durante un año.
Ataque fallido
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que aquella noche atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Sabag Montiel apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.
En el juicio se mostró tranquilo y predispuesto a explayarse en sus respuestas, en las que se definió como “apolítico” y “cristiano”.
“Pese a haber querido matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano”, dijo al tribunal.
Consultado sobre las motivaciones que lo llevaron a planificar y ejecutar el ataque, respondió que “los fines tienen más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a un sector politico”.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como “planificador”.
Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante”, según pericias.
Uliarte está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
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“Voy a ir con el fierro (pistola) a la casa de Cristina y le voy a pegar un corchazo (tiro)”, escribió Sabag Montiel en un mensaje a Uliarte semanas antes del ataque, a lo que ella le respondió: “La onda (la idea) es que metas el corchazo y te escapes”.
Luego del fallido ataque, Carrizo se ufanó de que su “empleado” hubiera concretado el ataque. “Lo aplaudo, estuvo a un segundo de ser héroe nacional”.
Fuente: AFP
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Caaguazú: condenaron a un hombre por explotación clandestina de juegos de azar
Un tribunal colegiado del departamento de Caaguazú condenó esta semana a un hombre por la explotación de juegos de azar en forma clandestina. Se trata de la primera condena por este delito y la sentencia definitiva indica que debe cumplir pena privativa de libertad por un periodo de un año y medio.
La denuncia fue realizada en el año 2018 y fue cotejada por un funcionario de la Conajzar, quien comprobó que el acusado Diego Amarilla Lugo realizaba la explotación comercial de juegos de azar en la modalidad rifas sin la aprobación de la municipal respectiva. En este caso, el hombre vendía rifas en la capital del citado departamento violando la Ley 16/97.
“En este caso estamos hablando de que este hombre vendía rifas comerciales para generar ganancias. Diego Amarilla tenía más de 30 personas que eran corredores que vendían las rifas, la novedad es que no tenía permiso del lugar donde estaba desarrollando esta actividad”, explicó Carlos Liseras, titular de la Conajzar, en entrevista con “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
Confirmó que estas personas salían a las calles y vendían rifas denominadas “Pukavy”, que supuestamente era sorteada al finalizar el día, pero nunca se tuvo la certeza si realmente había ganadores. “No sabemos si entregaba o no los premios respectivos y no sabemos cuándo inició esta actividad. Lo que sabemos es que tenía una estructura bien formada para engañar a los apostadores”, señaló.
Liseras apuntó que desde la institución tomaron conocimiento sobre el caso luego de que recibieron denuncias sobre la actividad que realizaba el hombre. “Cuando las rifas se realizan en el ejido de un municipio la autoridad competente para expedir la autorización son las comunales. Si es de tirada nacional necesariamente necesita permiso de la Conajzar”, aclaró.
Habló de la Ley 4716/2012 que establece una pena privativa de hasta cinco años de cárcel para las personas que se dedican a explotar clandestinamente los juegos de azar. “La actividad clandestina es aquella realizada por inescrupulosos que no tienen el permiso de la autoridad competente. Se tienen juegos clandestinos en todo el país como las tragamonedas que afecta a todo el país”, sentenció.
Afirmó que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios afectan seriamente la salud de los niños y adolescentes que tienen acceso a las mismas. “Ya solicitamos a los intendentes en forma imperiosa y urgente que realicen las incautaciones, porque son un daño tremendo a los menores de edad y los convierte en jugadores compulsivos”, puntualizó.
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Expresidente de Honduras podría ser condenado a cadena perpetua
Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su condena este miércoles. Un jurado popular lo declaró culpable el pasado 8 de marzo de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una condena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovanny Fuentes.
En una audiencia programada para este miércoles a las 11:00 (15:00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena. En un intento de evitar una condena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.
No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.
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Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”, sostuvo. En la misma causa, están coacusados el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.
“Soy inocente”
“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras. La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. “La Fiscalía y los agentes no actuaron con la diligencia debida en la investigación para conocer toda la verdad”.
En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado. También recuerda que su gobierno “colaboró y coordinó” la lucha contra el narcotráfico con “diferentes instituciones y agencias del gobierno estadounidense” y fue recibido en la Casa Blanca por los presidentes de turno.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la Fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Dinero del Chapo
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP