El propio consejo directivo de la Cooperativa Ypacaraí Ltda habría realizado una denuncia de presunto desvío de dinero, la cual llevó a una investigación que se inició hace 8 meses y como resultado se detectó una malversación de fondos de G. 6.400 millones.
Es lo que señaló el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, tras el procedimiento que se llevó a cabo este jueves último en la sede de la entidad solidaria, a modo de verificar las documentaciones necesarias en el marco de la investigación.
“Esto se dio tras una denuncia que presentó el consejo directivo, y la hipótesis señala el cambio de cheques de terceros y la utilización de cheques de la cooperativa, generando así faltante que luego iban con esos mismos documentos intentar arquear la caja”, expresó Coronel en contacto con la 1000 AM.
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Es así que a partir de dicho modus operandi y que haya saltado la irregularidad, la misma cooperativa ordenó auditorías que develaron resultados de un perjuicio patrimonial de los más de G. 6.000 millones. El fiscal manifestó que en el procedimiento se verificaron documentaciones necesarias para la investigación, así como los mecanismos o movimientos administrativos que se llevaban a cabo dentro de la cooperativa, con lo que pudieron detectar las transacciones inescrupulosas.
Coronel remarcó que el allanamiento se llevó a cabo este jueves pasado en la sede central de la entidad solidaria sobre la ruta PY02 en Ypacaraí, en prosecución de una denuncia realizada por las propias autoridades de la entidad y ahora se aguarda que pueda caer el peso de la ley contra los que cometieron el hecho.
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Investigación sobre tuberculosis en penitenciarías e impacto en la sociedad gana premio nacional
El Gobierno de Paraguay entregó el Premio Nacional de Ciencias 2024 en reconocimiento al trabajo investigativo denominado “Filogeografía y transmisión de Mycobacterium tuberculosis abarcando prisiones y comunidades vecinas en Paraguay”, realizado por un grupo de científicos paraguayos que tuvieron acompañamiento y tutoría de investigadores de Brasil y España.
El equipo investigador está encabezado por la doctora Gladys Estigarribia Sanabria y el doctor Guillermo Sequera, quien en su discurso del miércoles pasado afirmó que el Premio Nacional de Ciencias es un poderoso recordatorio de que con visión, rigor científico, compromiso y trabajo en equipo se pueden transformar realidades.
También se procedió a la entrega de menciones honoríficas a destacados investigadores de diversas áreas, reconociendo su invaluable aporte al conocimiento y al progreso del país.
“Somos un equipo que aún se considera junior en las ciencias nacionales, pero este premio nos da un espaldarazo de confianza y nos anima a seguir trabajando por un Paraguay mejor”, expresó la Dra. Estigarribia.
La investigadora alentó a sus pares a seguir trabajando con la firme convicción de que cada paso que damos en el camino de la ciencia nos acerca a un Paraguay más justo, más saludable y libre de epidemias como la tuberculosis.
Diez años de investigación
El trabajo “Filogeografía y transmisión de Mycobacterium tuberculosis en prisiones y comunidades aledañas en Paraguay” es el resultado de una línea de investigación de casi 10 años que aborda un gran problema de salud pública, la tuberculosis en las penitenciarías.
“Este trabajo se encargó de demostrar cómo este problema de salud cada vez afecta más a las personas privadas de libertad. Paraguay hoy tiene la tasa de incidencia más alta en las Américas en sus prisiones y este problema se derrama de la prisión a la sociedad”, indicó Estigarribia.
Un problema comunitario
Señaló que de 4.000 casos al año de tuberculosis que se registran en Paraguay, el 25 % de ellos se da en las prisiones y que otro 25 % ocurre en la comunidad, pero por culpa de las prisiones. “El problema de la salud penitenciaria no es solo un problema de los privados de libertad, es un problema de la comunidad”, aseguró.
Destacó que esta evidencia fue aceptada para ser publicada en una de las revistas más prestigiosas del mundo en el área de salud, la Nature y posteriormente en The Lancet.
“En estas publicaciones estamos como primeros autores investigadores paraguayos, del interior del país, aportando conocimiento y lo más importante con financiamiento del Conacyt”, explicó Estigarribia.
Agregó que esto no iba a ser posible si no estaba el Conacyt, que ha podido poco a poco arropar a los investigadores, apoyar y facilitar a los que desean ser investigadores. “La inversión en investigación construye ciudadanía”, concluyó.
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Muestra regional de APS destacó avances en el impacto de unidades de salud
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Se realizó hoy en Ciudad del Este la IV Muestra Departamental de Atención Primaria a la Salud, donde se destacó el impacto positivo del programa en la comunidad, según las autoridades sanitarias. Además del personal de salud, también participaron profesionales de otras áreas de salud pública y estudiantes universitarios.
Fueron destacados trabajos en investigación, casos clínicos y actividad de prevención en exposición fotográfica. “Atención Primaria de la Salud, transformando vidas, fortaleciendo comunidades”, es el lema que expuso la gestión de las 111 Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná.
Las presentaciones reflejaron el compromiso profesional con la prevención de enfermedades y la promoción de una vida más saludable, al estar cerca de cada comunidad, según expusieron el doctor Arturo Ramos, director de APS Alto Paraná y la directora regional de Salud, doctora Noelia Torres.
“Visibilizar el trabajo de la atención primaria en los territorios sociales y hacer conocer las investigaciones y el tipo de atención que brindan los profesionales en cada rama, fue el objetivo de la muestra”, según dijo a La Nación/Nación Media, el doctor Arturo Ramos.
“Como su nombre lo dice, la atención primaria es la primera atención de salud pública a la persona y, es importante hacer conocer los avances, que es lo que se compartió hoy, siendo reconocidos los buenos resultados durante la muestra”, agregó el médico.
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Reconocidos
La muestra regional tiene una actividad previa donde las USF ya van presentando los trabajos con los cuales compiten en las categorías citadas. Un jurado analiza y selecciona tres trabajos por cada una de las tres categorías. Los clasificados participaron de la muestra departamental y entre ellos fueron reconocidos los más sobresalientes.
Una de ellas es la USF de Península, Presidente Franco, que fue valorada por la estrategia de trabajo con la comunidad nativa a la que atiende, teniendo en cuenta las dificultades interculturales de abordaje, según el director de la APS.
La USF de Acaraymi quedó en primer lugar en casos clínicos, al exponer sobre el cumplimiento de protocolo, con la atención, tratamiento, derivación al segundo nivel y el seguimiento posterior cuando ya el paciente volvió al territorio de la unidad.
La USF de Santa Fe del Paraná fue destacada por su trabajo de seguimiento, tanto en visita domiciliaria como en consulta a domicilio.
“La visita del promotor de salud para recabar todos los datos, el agendamiento de una consulta médica domiciliaria y la consulta misma en la casa, como algo primordial en la prevención, fue expuesto en fotografías en la muestra”, explicó el doctor Ramos. Remarcó que la prevención es la esencia de la atención primaria.
Los reconocimientos fueron entregados por la directora de la Décima Región Sanitaria, doctora Noelia Torres; el asesor de Responsabilidad Social de la Itaipú, Rogelio Salaberry; el director de APS del Ministerio de Salud, doctor Miqueias Abreu y el doctor Arturo Ramos.
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Tras 18 días de investigación, fue encontrado abandonado un vehículo robado
En el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, a aproximadamente 800 metros de donde ayer agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional realizaron un operativo que derivó en la detención de dos personas, fue encontrada abandonada la camioneta de alta gama robada hace exactamente 18 días del estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Itá.
Los dos detenidos en el mencionado operativo son Claudio Ortega Vázquez y Francisco Mathias Sena Pereira; este último ya contaba con una orden de búsqueda y localización y antecedentes penales por hurto agravado; los intervinientes los sindicaron como los autores del robo de esta camioneta, ya que los mismos serían parte de una banda que se dedica a este tipo de ilícitos.
Tras la recuperación de la camioneta, el propietario Rodrigo Casco en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM / Nación Media, relató que desde el día uno del robo le estuvo dando seguimiento al posible paradero del vehículo, ya que no perdían la esperanza de recuperarlo, destacando que es la herramienta de trabajo de la familia.
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“La verdad que estamos muy contentos y agradecidos con todos los intervinientes y con la ciudadanía que nos ayudó con la difusión; esta camioneta es nuestro medio de trabajo, nos ayuda para llevar el pan a nuestra casa y la pérdida de la misma fue un golpe muy grande. El vehículo fue rastreado por varios lugares, primero estuvo en la zona de la Villa Olimpia y después recién fue trasladado hasta San Lorenzo, donde al final abandonaron”, comentó Rodrigo Casco.
Cabe destacar que durante el operativo de ayer martes se incautaron de los equipos utilizados para inhibir el bloqueo de vehículos, un automóvil de la marca Toyota de color blanco en el que aparentemente se manejaban para realizar los robos, aparatos celulares y prendas usadas por el supuesto autor del robo.
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.