La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, confirmó la condena del médico Miguel Ángel Cabarcos, sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio culposo donde falleció un niño de 4 años de edad durante una cirugía de amígdalas en el año 2016.
Los altos magistrados declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el abogado Arsenio Centurión, defensor del profesional de blanco de nacionalidad uruguaya Miguel Cabarcos. Ahora el expediente debe bajar al Juzgado de Ejecución para que se pueda ejecutar la sentencia y el condenado pueda pisar la cárcel para cumplir la condena.
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El médico fue condenado el 24 de mayo del 2021 por el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo, integrado por Julio César Granada, Leticia de Gásperi y Gloria Garay. El presente fallo fue apelado y tras meses de estudio, el Tribunal de Apelación de Central decidió confirmar el fallo condenatorio.
Debido al resultado de segunda instancia, la defensa del condenado recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación y por ende se confirmó el fallo dictado en primera y segunda instancias.
El médico estuvo prófugo por un buen tiempo, pero luego fue detenido en la ciudad de Coronel Oviedo para ser sometido a la Justicia. La fiscal Mirtha Rivas considera de histórica la condena al mencionado galeno por homicidio culposo.
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Prófugo 8 años por matar a golpes a una mujer, fue condenado a 22 años de cárcel
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que estuvo prófugo por ocho años, después de haber matado a golpes a su expareja y dejar sin su madre a dos niños, finalmente fue condenado a 22 años de cárcel.
Se trata de Mario Martínez Vera, quién teniendo antecedente por violencia familiar, había podido huir y permanecer oculto durante tantos años. La víctima fue Marisa Jara González.
El agente fiscal, Fidel Godoy, fue quien defendió la acusación y en el juicio oral del pasado 30 de abril, exactamente la misma fecha, pero 9 años después del hecho, el tribunal integrado por los jueces Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, encontró al acusado culpable de homicidio doloso agravado.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 2016, cuando Martínez Vera, a bordo de su vehículo Nissan, modelo Serena, interceptó a la mujer en el municipio de San Alberto, mientras ella se dirigía al mercado.
Mediante amenazas, la obligó a subir al auto y la trasladó hasta una zona rural de Minga Porã, donde la golpeó brutalmente en la cabeza, causándole la muerte.
El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado dos días después, el 2 de mayo de 2016, en una plantación de soja en la colonia 5ta. Línea, cerca del límite con el distrito de San Alberto.
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Según el médico forense interviniente en aquella ocasión, doctor Eric Hugo Zapata, la muerte se produjo por “traumatismo de cráneo encefálico gravísimo, con hundimiento y fractura de huesos temporal y parietooccipital, producido por elemento contundente”.
Martínez Vera y Jara González habían mantenido una relación de más de ocho años, de la cual nació un hijo, que en el momento del homicidio tenía 5 años. Tras la ruptura, el hombre comenzó una nueva relación con una adolescente de 15 años, mientras que Mariza también había iniciado otra relación de pareja.
Sin embargo, el acusado no aceptaba la separación y comenzó a hostigar a su expareja, quien rechazó sus intentos de reconciliación. Durante el juicio, entre las pruebas relevantes que presentó la Fiscalía en contra del acusado estaba la prenda de vestir de la víctima encontrada en el inquilinato donde residía el hoy condenado.
Además, Martínez Vera huyó del lugar tras el hallazgo del cadáver y se llevó consigo al hijo menor. El tribunal consideró estos hechos como elementos claves para dictar la condena. Al igual que la persistente violencia y el hostigamiento hacia la mujer, sumados a su fuga.
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Reportan fallecimiento de otro joven médico residente
Este domingo, desde la Asociación de Médicos Residentes del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmaron la muerte de un joven médico residente del tercer año de imágenes. Los profesionales aseguran que las muertes se dan en el marco de un sistema de residencia muy exigente, donde se produce el agotamiento extremo y la falta de protección hacia los nuevos médicos.
Según el comunicado emitido por la asociación, se reportó el fallecimiento del doctor Kevin Chen y se suma a la larga lista de profesionales que partieron en su afán de lograr la especialización. Sus compañeros denuncian que las condiciones son inhumanas en la que se dan jornadas extenuantes y sin apoyo emocional para los médicos residentes.
“La Asociación de Médicos Residentes del IPS lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Kevin Chen, residente del tercer año de Imágenes del Hospital Central. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del médico. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad médica de residentes y para toda la sociedad”, expresaron.
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La psicóloga Jessica Ferreira, que fue docente del médico fallecido lamentó la muerte del profesional e indicó que es momento del cambio, de mejores condiciones laborales, con una formación más humana y de calidad. Exigen que los médicos residentes tengan una asistencia de salud como se merece el paraguayo y que sea de calidad.
“Perdón por ser parte de un sistema que es tan difícil de cambiar. Perdón porque lo que hacemos no alcanza, no tenemos los recursos, no tenemos poder, no tenemos influencias políticas y no tenemos dinero. Lo único que tenemos es la disposición y el corazón para hacer bien nuestro trabajo. Pero eso no basta”, expresó en sus redes sociales.
El pasado 1 de mayo, día del trabajador, se reportó el fallecimiento del médico residente Marcelo Estaban Barrios Espínola, de 26 años, quien chocó camino a su guardia en el Hospital de Trauma. Así también recordaron a los residentes Fernando González Ferreira y Larissa Moura, que también partieron.
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Ratifican condena de funcionario judicial que ayudó a Ramón González Daher
La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.
El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.
Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.
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La corte brasileña concede prisión domiciliaria “humanitaria” al expresidente Collor
- Fuente: AFP
Un juez de la corte suprema de Brasil concedió este jueves prisión domiciliaria “humanitaria” al expresidente Fernando Collor de Mello, encarcelado desde la semana pasada por corrupción y diagnosticado con Parkinson, según un fallo del máximo tribunal.
El exmandatario (1990-1992) de 75 años fue detenido hace una semana por una condena de 2023, en un proceso derivado de la megacausa Lava Jato en el que se le culpó de recibir 20 millones de reales (unos 3,5 millones de dólares al cambio actual) en sobornos cuando era senador entre 2010 y 2014, para facilitar contratos entre una constructora y una exfilial de la petrolera estatal Petrobras.
“Su grave situación de salud, (...) su edad y la necesidad de tratamiento específico admiten la concesión de prisión domiciliaria humanitaria” para aplicarse “con urgencia”, expresó en su fallo el juez de la corte Alexandre de Moraes, quien había ordenado el arresto de Collor.
El exmandatario deberá usar una tobillera electrónica y se mantiene la suspensión de su pasaporte.
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La corte ratificó días atrás la condena a ocho años y 10 meses de cárcel contra el expresidente, primer gobernante electo por sufragio universal en Brasil tras la dictadura militar (1964-1985).
Collor pasó su detención en la cárcel Baldomero Cavalcanti de Oliveira, en la ciudad de Maceió (noreste), en un ala especial y en celda individual por su condición de exmandatario.
Su defensa había pedido prisión domiciliaria “humanitaria” ya que Collor sufre “comorbilidades graves que incluyen enfermedad de Parkinson, apnea de sueño grave y trastorno afectivo bipolar”.
Con un discurso inconformista, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder en 1990 como el presidente más joven de la historia del país, bajo la promesa de una reforma profunda de la vida política y social de Brasil.
El apodado “cazador de marajás”, como llamaba a funcionarios de altos sueldos, renunció sin embargo a la presidencia en 1992, en medio de un juicio político abierto por el Congreso luego de que un hermano de Collor acusara al gobierno por corrupción.
Desde el fin de la dictadura militar, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron condenados, encarcelados o destituidos por distintos motivos.
El expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está actualmente a las puertas de un juicio por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, tras su derrota en las elecciones presidenciales de ese año.