El juez Miguel Palacios fijó para el 4 de agosto la audiencia preliminar para el expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo y otros seis acusados por lesión de confianza en el caso denominado “tapabocas de oro”. En la referida audiencia se definirá si Melgarejo estará sentado en el banquillo de los acusados.
El magistrado citó nuevamente a las partes luego de que se destrabara el proceso penal debido a que se presentaron varias chicanas que hasta la fecha hacen que no se pueda realizar la diligencia judicial. Marcelo Rubén Ovelar, Luz María Chamorro y Fernando José Gallardo, son los procesados, además de los directivos de la firma Proyecto Global SA Katherine Toñánez y Carlos Alberto Vargas.
Antecedentes
Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la contratación fue realizada por vía de la excepción para la “Adquisición de mascarillas de protección para la Dinac en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ID N° 382262″. La Dinac adquirió 4.000 unidades de mascarillas y pagó por cada una la suma de G. 29.990, dando un total de G. 119.960.000, según el contrato Nº 12/2020, de fecha 27 de marzo del 2020.
En el pliego de bases y condiciones la Dinac indicaba que las mascarillas a adquirir debían ser del tipo PFF2 S, insumo médico, que en el mercado nacional, en ese período de tiempo, tenían un costo de venta al público de G. 15.000 por unidad. Este caso tumbó al entonces titular del ente, Édgar Melgarejo.
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El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
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El efecto Netflix: fiscal recomendará una nueva sentencia para los hermanos Menéndez
El fiscal de distrito en Los Ángeles dijo recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados de por vida por el asesinato de sus padres en 1989, dictamen que los haría elegibles para libertad bajo palabra. El fiscal George Gascon afirmó que pediría a un juez que dictamine que los dos hombres, cuyo caso ha vuelto a recibir atención por una serie y un documental emitidos en Netflix, deberían ver reducida su sentencia de forma que fueran elegibles para libertad condicional en los próximos meses.
“Luego de una muy cuidadosa revisión de todos los argumentos... Creo que bajo la ley, una nueva sentencia es apropiada y voy a recomendar esto a una corte mañana”, dijo Gascon a reporteros. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras el juicio que fue televisado y que ocupó los titulares de medios en todo el mundo.
En la época, los fiscales argumentaron que ambos hombres conspiraron para acabar con la vida de sus padres ricos en un intento por acelerar una herencia por 14 millones de dólares. Sin embargo, la defensa se basó en que los hermanos habrían sido víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.
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El auge de la serie
El fiscal reconoció que el auge de la serie sobre el caso llevó a la fiscalía a ver el proceso con nuevos ojos. “Creo que muchas veces, por razones culturales, no les creemos a las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres u hombres”, afirmó el fiscal. El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez en su elegante casa de Beverly Hills fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.
El juicio de Lyle y Erik se retransmitía diariamente por televisión, una novedad para la época, e incluso se considera la antesala mediática del “juicio del siglo”, que comenzó meses después contra el futbolista estadounidense O.J. Simpson. Los hermanos, que en ese entonces tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado se estancó sin la unanimidad necesaria para pronunciar su veredicto.
En 1996, un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar numerosos elementos relacionados con agresión sexual concluyó con su condena a cadena perpetua irreductible por asesinato premeditado. El padre de la familia era José Menendez, inmigrante cubano impulsado por el sueño americano, que amasó una fortuna y fue vicepresidente de la empresa de alquiler de autos Hertz y luego director de operaciones del sello discográfico RCA.
Los dos hijos, que inicialmente no fueron considerados sospechosos, desviaron la atención de los investigadores y acusaron del crimen a la mafia, pero una denuncia reveló la confesión del asesinato, grabada durante las sesiones con un psicoterapeuta. La serie de ficción “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, producida por Netflix, reavivó el interés por este caso, al punto de que el gigante del streaming también le dedicó al caso un nuevo documental.
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Nuevos elementos
Ambas producciones han sido ampliamente comentadas y replicadas por en TikTok e Instagram, y provocaron una amplia movilización digital a favor de los dos hermanos, que ya completan 35 años en prisión. El nuevo examen al caso reveló nuevos elementos, como una carta en la que Erik le cuenta a una prima sobre las agresiones sexuales de su padre, o el testimonio de un artista en el que dice haber sido drogado y violado por José Menéndez en los años 80.
El fiscal Gascon dijo que su recomendación solo sería para una nueva sentencia por asesinato en un grado menor, un cargo que podría acarrear una pena desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. “La decisión final la tomará el juez”, aclaró. “Sin embargo, debido a su edad, bajo la ley, al tener menos de 26 años al momento de los crímenes, ellos serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata”, explicó.
Fuente: AFP.
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El 30 de octubre se definirá si Pablo Benegas irá o no a juicio oral por abuso sexual en niños
La jueza penal de Garantía Cynthia Lovera fijó para el próximo 30 de octubre a las 8:00, la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, pornografía infantil y proxenetismo.
En la referida diligencia judicial se definirá si Benegas estará sentado en el banquillo de los acusados, así como pidió en su requerimiento el Ministerio Público. La citada magistrada convocó al acusado luego de controlar toda la carpeta fiscal.
La representante del Ministerio Público, Alejandra Savorgnan, presentó acusación y pidió que el cantante Pablo Gabriel Benegas Masí enfrente un juicio oral y público.
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De acuerdo a la acusación, el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado le hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.
La agente señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
Del mismo modo, el Ministerio Público ofreció a 36 testigos, más tres dictámenes periciales, varias pruebas documentales, un CD con la declaración de las víctimas en cámara Gesell y otros elementos de prueba más.
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Audiencia preliminar de Diego Yaluk pasó para 17 de octubre
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar del rallista Diego Yaluk, considerado “zar del cheque sin fondo”, y su padre Humberto Yaluk, acusados por estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación, en el marco de un segundo proceso penal, donde se tiene un perjuicio de USD 175.000 y cuya víctima es Guido Ferreira.
La diligencia judicial se pospuso a pedido del abogado Ramiro Ayala, defensor de Diego Yaluk, quien presentó certificado médico alegando que no podía participar de la diligencia judicial. Ante la nueva suspensión, el juez penal de garantía Yoan Paul López fijó la audiencia preliminar para el próximo 17 de octubre, a las 9:30, donde se intentará realizar la diligencia judicial donde se resolverá si padre e hijo estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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De acuerdo a la carpeta fiscal, el acusado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para honrar el compromiso; sin embargo esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.
El rallista Yaluk cuenta con varios procesos penales por los delitos de estafa y otros. En uno de los casos, el Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio de G. 17 mil millones que también está en la etapa de la realización de la audiencia preliminar, a cargo del juez José Delmás. La lista de víctimas sería mayor y el perjuicio rondaría los USD 30 millones por el presunto uso de cheques sin fondos.
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