La Cámara de Apelación, conformada por los jueces Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y José Agustín Fernández, revocó parcialmente el blanqueo al exministro del Interior Rafael Filizzola, esposo de la senadora Desirée Masi, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, que ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.200 millones.
El fiscal Néstor Coronel fue quien presentó la apelación contra la llamativa resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien alevosamente benefició a Filizzola con la impunidad declarando la prescripción del presente proceso penal.
La resolución del tribunal de alzada fue contundente al mencionar que se llevó a cabo un recuento detallado de las actuaciones de la defensa de Filizzola y donde se demuestra fehacientemente que existieron varios actos obstruccionistas que han impedido el avance del presente caso penal. Es por ello que corresponde revocar la prescripción del proceso penal. Igualmente, se detalla que la defensa del exsecretario de Estado presentó varias chicanas, entre recusaciones, reposición con apelación en subsidio, apelación general y otros.
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010 el ministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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Tribunal de apelación sobreseyó a Édgar Melgarejo en el caso tapabocas de la Dinac
El tribunal de apelación penal resolvió este viernes anular la acusación de la Fiscalía y ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y otras cinco personas acusadas por lesión de confianza en el caso tapabocas.
“Ordenar el sobreseimiento definitivo de Édgar Alberto Melgarejo Ginard, Juan Carlos Turitich, Marcelo Ovelar, Luz Chamorro y Fernando Gallardo”, expresa parte de lo resuelto por el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre y José Waldir Servín.
De acuerdo al sentido del voto de los camaristas, se llegó a la conclusión de anular la acusación fiscal por falta de indagatoria previa y el sobreseimiento definitivo. “Surge así la obligada concordancia que debe existir entre lo asentado en la indagatoria y la acusación”, expresa parte de la decisión de Auadre.
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De este modo, según la resolución, los hechos atribuidos en la acusación son diferentes a los que se mencionaron en principio en la imputación. Esto referente a la fecha, el monto del perjuicio, así como también los detalles del hecho que representa y atribuye conductas a varias personas.
Ante la falta de indagatoria sobre los “hechos diferentes” esgrimidos, desde el Tribunal de Apelación se determinó una “deficiencia insubsanable”. Por otra parte, no se hizo lugar a la apelación presentada por el representante legal de Carlos Franco Vargas y Katherine Toñanez Vera sobre la causa.
El proceso en el caso de tapabocas de la Dinac fue producto de uno de los primeros hechos de presunta corrupción pública en pandemia. Para la Fiscalía hubo un daño patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de tapabocas, que además estaban vencidos, en el 2020.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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Alianza mafiosa contra Pecci: “Era una piedra en el zapato”, dice exministro
El exministro del Interior, Francisco de Vargas, se refirió acerca la publicación de la revista Semana de Colombia sobre una presunta alianza entre mafiosos de Brasil y Paraguay para reunir un millón de dólares con la finalidad de pagar por el asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci porque “era un dolor de cabeza, una piedra en el zapato“ para el crimen organizado.
“Para mí todo tiene sentido. Ojalá que se pueda seguir esta línea investigativa y finalmente conseguir los elementos que son necesarios para su comprobación. Hay que poner las luces sobre los verdaderos protagonistas”, opinó Vargas, este miércoles, en una entrevista en el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El medio periodístico cita al brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. Respecto a este último, el exministro recordó que fue sentenciado a 11 años de cárcel en el 2015, pero Pecci apeló y consiguió que la condena llegue a un total de 18 años.
“Recuerdo muy bien el caso de Jaime Franco donde se incautaron más de 300 kilos de cocaína en Alto Paraná. Al asumir como ministro de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), entre los meses de junio y diciembre del año 2012, justamente fue Marcelo Pecci el que se hizo cargo de la unidad fiscal antidrogas, fue uno de los casos más graves en mi administración”, relató a Nación Media.
Asimismo, acotó: “Los informes dieron cuenta de que esto molestó mucho a Franco. No me resulta descabellado que le haya tomado odio a Marcelo Pecci y que incluso haya formado una alianza con otros grandes narcotraficantes tiene bastante sentido”.
A Ultranza Py
Sobre el caso de Jarvis Chimenes Pavão, comentó que en su época de agente fiscal se encargó de imputarlo por lavado de dinero en el año 2006, permaneció prófugo hasta que lo capturaron en el año 2009, en el operativo Capricornio. Agregó que fue Pecci quien se encargó de llevar al mafioso brasileño a juicio oral, donde logró una condena de 8 años por los hechos punibles de lavado de dinero, violación a la ley de armas y asociación criminal. Sus bienes también fueron decomisados.
Una vez finalizada su condena en nuestro país, Pavão fue extraditado al Brasil en diciembre de 2017, donde pasó a guardar reclusión por una condena de 17 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y otros casos que tiene pendientes.
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Respecto a Tío Rico, compadre de Franco, manifestó que Pecci tuvo una participación indirecta en el caso A Ultranza Py, ya que mediante las investigaciones que encabezó con anterioridad permitió la efectividad del megaoperativo internacional. “Es obvio que Marcelo era un dolor de cabeza, una piedra en el zapato bastante importante para toda esta organización criminal, que como en nuestro país también, todo está conectado”, sentenció.
Por otra parte, manifestó que es evidente que, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, estos y otros capos narcos aparentemente gozaban de información de primera categoría que les permitía operar con impunidad y con respaldo político que llegaba al punto de levantar los controles en los puertos fronterizos.