El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla confirmó que el pedido de extradición del exdirigente de fútbol del club Olimpia Diego Benítez, imputado en nuestro país por narcotráfico, ya llegó a la justicia de los Emiratos Árabes Unidos, que tendrá que estudiar los hechos y decidir si hace lugar al pedido formulado por Paraguay.
El referido magistrado ratificó que Benítez está privado de su libertad en Emiratos Árabes Unidos por el proceso penal que soporta en Paraguay por hechos de tráfico y comercialización internacional de estupefacientes por un cargamento de 16 mil kilos de cocaína incautado en un puerto de Hamburgo, Alemania, en el mes de febrero del 2021.
Con el pedido oficial y traducido al idioma árabe solo se espera que las autoridades de dicho país puedan cooperar con Paraguay y hagan lugar a la extradición de Diego Benítez y pueda regresar a nuestro país para enfrentar el presente proceso penal por narcotráfico.
Antecedentes
Según el informe del Ministerio Público, Diego Benítez fue imputado por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. De acuerdo al escrito de la imputación, el exdirigente de fútbol envió en los meses de diciembre del 2020 y febrero del 2021 un megacargamento de cocaína en latas de pinturas.
La carga fue retenida en Hamburgo, Alemania, en el mes de febrero del 2021 y desde ese entonces la Fiscalía realizó la investigación, logrando comprobar que Benítez sería el responsable, por lo que formuló la imputación correspondiente con la orden de captura internacional debido a que se manejaba la información que estaba fuera del país.
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Rechazan multimillonaria demanda contra el Estado presentada por excombatientes del 1989
La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
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Justicia de Uruguay niega a Paraguay extraditar al exbanquero Juan Peirano Basso
La Justicia uruguaya negó a la de Paraguay hacer lugar a la extradición de exbanquero Juan Peirano Basso, quien enfrenta un proceso penal en nuestro país por la quiebra del Banco Alemán Paraguayo (Grupo Velox). El uruguayo fue detenido en enero en su país porque tenía una orden de captura internacional solicitada por la justicia de Paraguay por la quiebra del Banco Alemán donde se habrían desviado más de USD 37 millones.
La justicia de nuestro país pidió la extradición de Peirano por los hechos que sucedieron entre marzo de 2001 y junio de 2002, por lo que la justicia de Uruguay consideró que los hechos atribuidos a Peirano en nuestro país ya prescribieron. Los delitos que enfrenta Peirano en Paraguay lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Sin embargo, no hubo ninguna solicitud de suspensión de los plazos de prescripción.
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En nuestro país Peirano Basso fue investigado y acusado por una denuncia que realizaron los ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán por los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Por este mismo caso, ya se había extraditado a José Peirano Basso, el hermano de Juan.
Igualmente otro argumento de la justicia de Uruguay fue que Peirano Basso todavía tiene abierta la causa en Uruguay y el tratado de extradición de Estados Unidos prohíbe que la persona sea enviada a un tercer país sin haber culminado el proceso, salvo que esté expresamente habilitado.
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Fortalecimiento de instituciones de justicia es clave para el desarrollo, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló sobre el intento de algunos sectores de desacreditar los trabajos y el desempeño de las autoridades en el ámbito de la justicia, como del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“Uno de los grandes desafíos para el desarrollo es el fortalecimiento de las instituciones y, en este caso, el Ministerio Público es una institución”, refirió en entrevista ara el programa Cara o Cruz.
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El titular legislativo refirió además que el fortalecimiento de las instituciones públicas será clave para el desarrollo del país, con la atracción de inversión extranjera y otros factores consecuentes a las inversiones.
“La confiabilidad que va generar nuestro país para la inversión extranjera, la velocidad de desarrollo, las facilidades para la obtención de trabajo, disminución de inflación, que los paraguayos podamos seguir creciendo en cuanto a la calidad de vida que tenemos, en gran medida depende de la fortaleza de nuestras instituciones que sistemáticamente son amenazadas con este tipo de posiciones extorsivas”, aseveró.
Latorre indicó que se mantiene en la postura firme del fortalecimiento de las instituciones y la protección de la justicia. “Nos tocó estar en diferentes lugares de la rueda y desde las diferentes posiciones nos reafirmamos. Tenemos que proteger nuestra justicia, tenemos que garantizar su independencia, tenemos que fortalecer a las instituciones”, mencionó.
Por otra parte, se refirió al desempeño del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y manifestó su postura de conformidad con el mismo, indicó que está conduciendo el Ministerio Público con base en criterios jurídicos, en base a hechos y de forma independiente.
“Cuando empezaba este gobierno, este nuevo periodo, y asumía el nuevo fiscal general Emiliano Rolón, me parece que independientemente a cómo se haya dado su llegada a la titularidad del Ministerio Público, hoy por hoy a todas luces es una persona independiente”, sentenció.
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Assange logra nueva apelación en una saga judicial de 14 años
La justicia británica acordó el lunes pasado a Julian Assange la posibilidad de apelar contra su extradición a Estados Unidos, al que pedía garantías sobre el trato que recibiría el fundador de Wikileaks. El 26 de marzo los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano, de 52 años, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Pero las garantías presentadas por Estados Unidos, en el primero de los puntos, no lograron convencer este lunes a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, después de que la justicia hubiera concedido la extradición a Estados Unidos en junio de 2022. Edward Fitzgerald, abogado defensor, aceptó las garantías del gobierno estadounidense de que Assange no sería condenado a la pena de muerte, pero cuestionó si su cliente podría confiar en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que cubre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
James Lewis, que representaba al gobierno de Estados Unidos, dijo que la conducta del australiano “simplemente no estaba protegida” por la Primera Enmienda. Según Lewis, esta Primera Enmienda no se aplica a nadie “en relación con la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente, indicando los nombres de fuentes inocentes por su grave e inminente riesgo de daño”.
Assange, que no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Los abogados defensores se abrazaron cuando los jueces anunciaron el fallo.
“Este día marca un punto de inflexión”, afirmó la mujer del australiano, Stella, tras conocer el fallo, añadiendo después que habló con Assange en prisión, quien le trasladó que estaba “aliviado” por el fallo, después de una noche de insomnio. “Hoy es una muy buena señal. Creo que el gobierno estadounidense debería tomar esto como un momento para abandonar el caso y simplemente ponerle fin, para distanciarse de este terrible proceso que esta administración no inició”, añadió Stella Assange.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó recientemente que Estados Unidos estaba considerando una solicitud de Australia para retirar los cargos. Amnistía Internacional calificó el fallo como “una rara noticia positiva para Julian Assange y todos los defensores de la libertad de prensa”. El “intento de Estados Unidos de procesar a Assange pone en riesgo la libertad de prensa en todo el mundo. Ridiculiza las obligaciones de Estados Unidos según el derecho internacional y su compromiso declarado con la libertad de expresión”, afirmó Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía.
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Revelaciones y orden de detención
En julio de 2010, la prensa mundial publica 70.000 documentos confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán, difundidos por la página Wikileaks. En octubre se publican 400.000 informes sobre la invasión estadounidense de Irak y, un mes después, el contenido de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses.
El 18 de noviembre Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres en agosto de 2010. El australiano asegura que fueron relaciones consentidas. Assange, que estaba en Londres, se entrega a la policía británica el 7 de diciembre. Queda detenido nueve días y luego bajo arresto domiciliario. En febrero de 2011, un tribunal valida la solicitud de extradición a Suecia. El australiano teme ser entregado desde allí a Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte.
Refugiado en la embajada de Ecuador
El 19 de junio de 2012, Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres y solicita asilo político. Ecuador, presidido por Rafael Correa, concede el asilo en agosto y pide a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de Wikileaks pueda viajar a Quito.
Assange se quedará recluido en la embajada durante casi siete años. El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, afirma que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo y nueve días después el australiano es detenido en la embajada por la policía británica.
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Investigación por violación
Inmediatamente, la abogada de la mujer que acusa a Assange por violación en Suecia anuncia el pedido de reapertura de la investigación, archivada en 2017. Los hechos concernientes a la otra demanda, por agresión sexual, habían prescrito en 2015.
El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya lo acusaba de “piratería informática”, lo inculpa por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje. Assange es pasible de 175 años de cárcel. El 21 de octubre, el fundador de Wikileaks aparece en persona por primera vez en el juzgado de Westminster, confuso y balbuceando. El 19 de noviembre de 2019, la fiscalía sueca anuncia el abandono de la investigación por violación, por falta de pruebas.
Vista de extradición
El 24 de febrero de 2020, la justicia británica empieza a examinar la solicitud de extradición estadounidense, postergada a causa de la pandemia. La abogada Stella Morris, pareja de Assange, advierte que en Estados Unidos podría ser “condenado a muerte”.
El 4 de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechaza la solicitud, considerando que las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos podrían entrañar riesgo de suicidio. La justicia británica decide mantenerlo en detención.
Anulación del rechazo a la extradición
El 12 de febrero de 2021, Washington apela la denegación de extradición y al iniciarse la audiencia en octubre, el abogado de Estados Unidos niega que haya riesgo de suicidio y afirma que, de ser extraditado, Assange no sería recluido en la prisión de alta seguridad especial ADX en Florence (Colorado), que recibiría la atención médica y psicológica necesaria y que podría solicitar cumplir su sentencia en Australia.
El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres anula el rechazo a la extradición, por considerar que Estados Unidos había brindado garantías sobre el trato que le sería brindado al fundador de WikiLeaks. La defensa de Assange presenta un nuevo recurso.
Recurso contra la extradición
El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Superior Británico rechaza ese recurso. El 20 de abril, el tribunal de Westminster Magistrates de Londres emite formalmente una orden de extradición. El 17 de junio, la ministra del Interior británica, Priti Patel, firma el decreto de extradición, que Assange apela.
El 20 y 21 de febrero de 2024 se desarrolla el juicio en Londres para examinar el recurso contra la extradición. El 25 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres anuncia que al día siguiente dirá si acepta el recurso de Assange.
Nuevas garantías
El 26 de marzo, la justicia británica pide a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservaría a Assange si es extraditado. Los magistrados británicos pidieron garantías de que el australiano podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a muerte. El 20 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, tras examinar las garantías concede a Assange una nueva apelación a su extradición.
Fuente: AFP.