Jueza entregó estancia 4 Filhos de Jarvis Pavão al Estado paraguayo
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La jueza de sentencia Blanca Gorostiaga entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) los títulos de 9 fincas que corresponden a la estancia 4 Filhos ubicada en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción, propiedad del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
El decomiso de los inmuebles se llevó a cabo en el marco de un juicio de comiso cuya sentencia quedó firme. De acuerdo a la resolución judicial son 234 hectáreas de tierra las que pasarán a ser administradas por la Senabico.
El juicio se había iniciado el pasado 21 de octubre del 2021 con la intención de que el Estado tome posesión de la totalidad del mencionado inmueble. Se trata de 9 fincas y un lote de ganado vacuno, identificados tras la detención Chimenes Pavão en una de las propiedades, donde además fueron hallados 117 kilos de cocaína.
El Tribunal de Sentencia que resolvió realizar el comiso estuvo integrado por Blanca Gorostiaga, Manuel Aguirre y Lourdes Peña. Mientras que los fiscales Isaac Ferreira y Fabiola Molas habían solicitado que dicho establecimiento pase a manos del Estado, a través de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico).
José Martínez Mendi Pavão, hijo de Jarvis, y otras personas fueron detenidos el 16 de agosto del 2007 tras un operativo realizado en la estancia en cuestión, de donde se incautaron 117 kilos de cocaína. Mendi Pavão fue absuelto el 14 de setiembre del 2010 por el Tribunal de Sentencia integrado por María Doddy Báez, Silvio Reyes y Enrique Alfonso.
La Fiscalía llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde presentó un recurso de casación y los ministros Alicia Pucheta, Antonio Fretes y el camarista Carlos Bray Maurice anularon la mencionada absolución y ordenaron un nuevo juicio. El hijo de Jarvis, luego de la absolución viajó a Brasil donde se encuentra con paradero desconocido y ya no se sometió a la Justicia paraguaya para enfrentar otro juicio.
APP: nueva ley permitirá captar más inversiones y contribuirá a mejorar el gasto público
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Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)
Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.
La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.
También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.
Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.
“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.
Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa). Foto: Gentileza
El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.
“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.
Otorgar condiciones
La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.
“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.
Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.
Seguridad jurídica
“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.
Laura Ramos King, directora del Club de Ejecutivos. Foto: Gentileza
Ruta PY02
Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.
Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección General de Trabajo, logró la recuperación de medicamentos oncológicos valuados en aproximadamente G. 398 millones. Foto: Gentileza
Defensoría del Pueblo entregó medicamentos oncológicos al Incan
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La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección General de Trabajo, logró la recuperación de medicamentos oncológicos valuados en aproximadamente G. 398 millones, los cuales fueron entregados al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) para su inmediata utilización en beneficio de los pacientes que requieren estos tratamientos esenciales.
Este trabajo se llevó a cabo bajo instrucciones del defensor del Pueblo, Rafael Ávila, como parte de las acciones judiciales de amparo impulsadas por la institución para garantizar el acceso a la salud y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Un porcentaje significativo de estos medicamentos, fueron devueltos por familiares de pacientes que en su momento recurrieron a la Defensoría del Pueblo, pero que lamentablemente fallecieron o que ya no los necesitaban.
Este contexto subraya la necesidad urgente de optimizar los mecanismos de adquisición, uso y redistribución de medicamentos, con el objetivo de asegurar una atención sanitaria digna, continua y de calidad, así como también evitar pérdida de recursos públicos.
La Defensoría reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, trabajando de manera activa y decidida para fortalecer el acceso equitativo a la salud, especialmente en casos tan sensibles como los relacionados con enfermedades oncológicas.
Una parte de la reserva natural de la Estancia Felicidad se esta incendiado, según denuncia del abogado Julio Ramón Enciso, representante legal del arrendatario. El inmueble es administrado por Senabico. Foto: Gentileza
Aguardan intervención fiscal ante quema de reserva natural en propiedad de Senabico
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una reserva natural ubicada dentro de una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), se está quemando desde hace dos días y se aguarda la intervención de la Fiscalía para el ingreso y control del incendio. Un grupo de campesinos habría evitado la incursión policial.
Es lo que señaló a La Nación/Nación Media, el denunciante del hecho, abogado Julio César Silva, en representación del arrendatario de la propiedad, Antonio Ferreira. Se trata de la Estancia Felicidad, de 1.800 hectáreas, de las cuales 800 hectáreas tienen cultivos mecanizados.
Responsabiliza del hecho a campesinos que ya ocupaban la propiedad cuando la Senabico adjudicó la explotación del establecimiento, según el representante legal. Refirió que el personal policial de la colonia Toryvete ya fue hasta el sitio y no pudo ingresar porque, supuestamente, los campesinos se pusieron muy violentos.
Ante eso, presentó la denuncia ante el Ministerio Público de Hernandarias y esperan con el arrendatario, se disponga alguna medida, para que puedan ingresar los agentes policiales y bomberos voluntarios a apagar la quema de los árboles.
El abogado mencionó que la reserva natural tiene unas 200 hectáreas y cree que la mitad ya podría estar afectada y si no se actúa rápido se podría estar sacando madera del sitio.
La denuncia no fue solo por la quema de la reserva natural, también acusó a los campesinos de ser supuestos responsables de hurto de estructuras (puertas, pared, techo, etc) de los depósitos y de las casas del personal del establecimiento.
El fiscal Adolfo Santander dijo a La Nación/Nación Media que el conflicto por la tierra tiene a campesinos e indígenas imputados por supuesta invasión a la propiedad, en dos causas distintas y en en diferentes unidades fiscales.
Defensor general entregó nuevos equipos informáticos a varias sedes del interior del país
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En el marco de la implementación de la política de innovación e incorporación de la tecnología para mejorar los servicios que presta la Defensoría Pública a favor de la población vulnerable, el defensor general Javier Dejesús Esquivel entregó equipos informáticos a varias sedes del interior del país.
Las sedes de la Defensa Pública de Caacupé, Encarnación y Caazapá recibieron sus respectivos equipos informáticos e impresoras para el uso de los defensores públicos y funcionarios. Este miércoles la sede de Caazapá, recibió la visita de Esquivel, ocasión en que se entregó un lote de herramientas informáticas para la renovación y optimización en la prestación de asistencia.
El defensor general había destacado que el mayor activo con que cuenta la Defensoría Pública es el equipo humano y mencionó que sus visitas a las sedes continuarán durante los siguientes meses, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y fortalezas, y así consolidar las capacidades de cada equipo.
El Departamento de Caazapá, con una población aproximada a 200 mil habitantes, cuenta con tres sedes de la Defensa Pública, situadas en las calles: Presbiterio Adolfo Zaracho N° 162 casi Pedro N. Ciancio, de Caazapá; Estrella N° 861 casi Capitán Figari y Cristóbal Colón, de San Juan Nepomuceno e Independencia Nacional casi Martín Brizuela Andana, de Yuty.