Alejandra Peralta, abogada de las hijas del vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hace 4 años, lamentó que los miembros del clan Villalba hayan tenido la oportunidad de fugarse de la Argentina. Esto ocurrió luego de que el gobierno del vecino país les retirara el estatus de refugiados políticos.

Comentó durante una entrevista en radio 1.000 Am, que esto fue una falla del propio equipo de seguridad de la Argentina. Recordó que el estatus de refugiados no les corresponde a los integrantes de esta familia, ya que no son perseguidos políticos.

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“Realmente es bastante lamentable, que una y otra vez estemos enfrentando la misma situación porque pasamos por lo mismo con el caso de Arrón y Martí, que a pesar de todo el esfuerzo que puso la defensa del Estado Paraguayo y defender la causa ante la Corte Interamericana, se logró ganar, que fue un caso inédito con años de trabajo, para que finalmente terminen levantando el código rojo, y logren escapar y ahora llevan la gran vida en Finlandia”, indicó.

Mencionó que ahora en el caso del Clan Villalba, se vuelve a repetir, pese a que en su momento se contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, quien había expresado el interés de su gobierno de colaborar con el Estado Paraguayo en el combate al grupo criminal del EPP, cuyos miembros estaban refugiados en su país durante tanto tiempo.

“Sin embargo, falló el equipo de trabajo de la Argentina, porque finalmente terminaron escapándose, saliendo del territorio de la Argentina”, expresó.

Asimismo, agradeció la iniciativa del Ministro del Interior, Enrique Riera de convocar a las víctimas y sus representantes para recibir la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado por la Policía Nacional y el equipo de Investigación.

“Pero mientras no se llegue a saber el paradero, o localización de los tres compatriotas secuestrados, todo esfuerzo que se haga, va a ser insuficiente. Finalmente, es lamentable que el EPP logre ganar la partida, siendo que son apenas un grupo de 12 a 15 personas que tiene en zozobra a la ciudadanía”, indicó.

Además, lamentó que este grupo pueda contar con todo un apoyo logístico de cooperación “en la sombra”, y logran de ese modo, poner a salvo a los suyos, o puedan conseguir ese pase, o conseguir ese estatus de refugiado, siempre apelando a la figura de perseguidos políticos. Al respecto, advirtió que esto puede llevar a otros delincuentes a recurrir a esta figura para aprovecharse para evadir a la justicia paraguaya.

“La Convención para los Refugiados de las Naciones Unidas, es muy clara y establece que aquellas personas procesadas por algún delito común no pueden acogerse a un estatus de refugiados. Porque de lo contrario sería muy fácil, cualquier persona que intenta escapar de la Justicia, recurre a otro país y solicita el estatus de refugiado, y por el simple hecho de solicitarlo ya está bajo protección internacional y no puede ser requerido por el Estado, y no se puede lograr su extradición”, comentó.

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta una denuncia por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años, lo que él niega “categóricamente”, según reveló su defensa la noche de ayer lunes.

"El presidente (...) rechaza y desmiente categóricamente la denuncia" de un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de Derecho, señaló el abogado Jonatan Valenzuela en un comunicado.

La denuncia fue presentada el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía regional de Magallanes, en el extremo sur de Chile, de donde es oriundo Boric. El jefe del Ministerio Público de la zona, Cristián Crisosto, confirmó que "existe una causa penal relativa a los hechos que se indican".

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Un equipo especial del Ministerio Público está a cargo de la investigación, sostuvo el fiscal Crisosto, quien se abstuvo de dar más detalles del caso bajo reserva. Según la defensa del presidente chileno, de 38 años, la denuncia fue presentada por una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas, un envío "no solicitado ni consentido".

Diez años después, la mujer "presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya presidente Gabriel Boric". "Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014", añadió Valenzuela.

Boric, quien en 2026 completará su mandato de cuatro años sin derecho a reelección, cuenta con un fuero especial y, para ser investigado, la justicia antes debe aprobar un juicio de desafuero.

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El caso en contra de Boric se conoce en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo por las acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en contra del ex hombre fuerte del gobierno en materia de seguridad, Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde hace una semana.

En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento. La denuncia jamás llegó a ser investigada penalmente.

Fuente: AFP

Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.

La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

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Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.

Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.

En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.

Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.

El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.

El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.

El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.

La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.

“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.

Fuente: AFP

Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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