La Cámara de Apelación integrada por los jueces Bibiana Benítez, Gustavo Auadre y Andrea Vera confirmó la imputación por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción contra el expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz Báez y Carmen Corina Alonso, actual directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).
Los integrantes del tribunal de apelación consideran que no corresponde la nulidad del acta de imputación y, por ende, ratificó el presente proceso penal contra las dos personas. El abogado Andrés Casati, en representación de Ortiz Báez y Alonso, había presentado un incidente de nulidad del acta de imputación, pedido que fue rechazado por el juez Humberto Otazú.
Te puede interesar: Condenan a 15 años de cárcel a un hombre por homicidio doloso
El expediente deberá bajar al juzgado para que el juez del caso pueda realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los dos imputados, donde se definirá si estarán en libertad o serán privados de su libertad. En el presente caso igualmente está imputado y con medidas alternativas a la prisión el exprocurador Sergio Coscia.
El caso tiene relación con las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de las tragamonedas en lugares prohibidos. Según el escrito que argumentó el proceso, los elementos hallados en torno a las denuncias han revelado la participación de los mismos en maniobras dolosas que perjudicaron significativamente al Estado, por lo que amerita que les inicien una investigación. El extitular de la Conajzar fue duramente cuestionado por cometer sucesivas irregularidades para la concesión de los juegos de tragamonedas.
Podés leer: “Caseros de oro”: Corte destrabó proceso penal del diputado Tomas Rivas
Dejanos tu comentario
Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
Te puede interesar: Senad destruye cuatro toneladas de marihuana en Bella Vista Norte
El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
Dejanos tu comentario
Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
Te puede interesar: Dinavisa investiga desaparición de fármacos en el Hospital San Jorge
El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
Podes leer: Se abstuvo de declarar el hombre detenido por el crimen del tortolero
Dejanos tu comentario
Menores de 13 y 16 años huyeron juntos y el adolescente es imputado por abuso sexual
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Salto del Guairá, Canindeyú, fue encontrada en un asentamiento viviendo con otro menor de edad, un adolescente de 16 años, quien también tenía orden de búsqueda, según el reporte de la Policía de Alto Paraná. La intervención fue ayer en el asentamiento Santa Clara, del Km 11 de Presidente Franco.
El adolescente no se encontraba en el sitio, sino en una obra en construcción en el Shopping del Ciudad del Este, donde estaba trabajando. Fue aprehendido y hoy fue imputado por violación de la patria potestad, en la causa a cargo del fiscal de Salto del Guairá, Ramón Ferreira.
La desaparición de la niña fue denunciada el pasado 30 de junio, pero en el caso del adolescente de 16 años, permanecía desaparecido desde que fue imputado por abuso sexual de la misma niña, en una ocasión anterior de abandono de la casa de ambos menores, que son de Salto del Guairá.
Puede interesarle: Detenido por agredir a su pareja embarazada quedó libre
El antecedente indica que, ya existió una desaparición de ambos menores de edad y en esa oportunidad, la niña de 13 años fue localizada y reintegrada bajo cuidado de su madre, pero el adolescente con quien huyó de su casa, no fue encontrado.
La fiscal Sonia Benítez, de la capital de Canindeyú, es quien tiene la investigación de ese hecho y había imputado al adolescente por abuso sexual en niños, después de que en la Cámara Gesell la niña contara que mantuvo relación sexual con él. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la agente fiscal de Salto del Guairá.
Al registrarse la segunda desaparición de la niña y al ser encontrada ayer en Pdte. Franco, los agentes de Búsqueda y Localización de la Policía, también pudieron localizar al adolescente, ya imputado después de la primera huida. Fue derivado al Centro Educativo de Menores de Ciudad del Este, teniendo en cuenta la edad del adolescente.
Puede interesarle: Robo de medicamentos en el Hospital San Jorge saltó tras auditoría de la farmacia
Dejanos tu comentario
Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
Puede interesarle: Hernandarias: declaran emergencia ante paro de transporte contra buses eléctricos
Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Puede interesarle: Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi