La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.

Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.

Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.

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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.

A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.

“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.

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El Ministerio Público imputó a un adolescente por homicidio doloso en calidad de coautor por la muerte de la niña 11 años, hecho registrado el lunes 21 de julio en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

La imputación contra el adolescente, hermano del principal sospechoso del crimen de la niña, fue presentada por los fiscales Laury Rosana Vázquez Rivas y Carlos Germán Ramírez.

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El adolescente se presentó ayer por la tarde ante agentes de la Policía Nacional en Fulgencio Yegros, tras lo cual fue trasladado al Juzgado Penal de la Adolescencia para comparecer ante la autoridad judicial competente.

Finalizada la audiencia, y a solicitud del Ministerio Público, la jueza interviniente ordenó su detención preventiva, quedando el adolescente alojado en la comisaría de la ciudad de Caazapá, bajo régimen de libre comunicación y a disposición del fuero especializado.

El procedimiento fue llevado a cabo en estricto apego a las garantías procesales, resguardando los derechos del adolescente conforme a lo establecido en el sistema penal juvenil, y siguiendo los protocolos vigentes del Ministerio Público.

En el proceso penal ya se fue imputado Marcelo Giménez Duarte, de 24 años, quien está privado de su libertad en la cárcel de Villarrica y es sindicado como principal sospechoso en el caso.

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“Hay una abierta inconsistencia entre su discurso, su gestión y sus obras”, dijo el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras acusar al intendente Miguel Prieto de impulsar junto con sus aliados políticos una "campaña de desobediencia" en la localidad, principalmente en obstaculizar el proceso de recaudación de la comuna.

“Alentamos a la ciudadanía que no se deje amedrentar y que se acerque a la institución para cumplir con sus obligaciones (pago de impuestos). Vamos a intensificar los procedimientos en el área de las recaudaciones. Sabemos que existe una campaña en contra y esto incluso puede calificarse como una campaña de desobediencia a las normas vigentes“, expresó el economista en una entrevista con la radio Tribuna.

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Ramírez mencionó que, ante dicha situación, finalmente serán los funcionarios de la municipalidad y la población en general los más afectados, teniendo en cuenta que ante la falta de ingresos será difícil zanjar las deudas con proveedoras, el pago del salario y la continuidad de los servicios.

“Esta es la situación que enfrentamos y la tenemos que administrar. Me espanta la desprolijidad administrativa de una ciudad, una capital tan grande como es Ciudad del Este. Hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. A la ciudadanía que ellos dicen defender les boicotean exigiendo, incluso a sus adeptos, a no cumplir con sus obligaciones“, lamentó.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, Prieto envío la semana pasada a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en su gestión.

“Estamos haciendo un trabajo técnico y profesional. Queremos seguir con nuestro cronograma y completar profesionalmente esta intervención. Estamos trabajando sin estar en contra ni a favor de nadie. Los informes se establecerán con pruebas concretas“, puntualizó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.

“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.

El equipo de intervención examinó el esquema de transferencias realizadas a comisiones vecinales, que involucran cinco de las doce causales planteadas por la Contraloría. Según Ramírez, las irregularidades identificadas no se trataron de simples errores administrativos, sino de un esquema sistematizado para romper las reglas.

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La Contraloría había advertido sobre transferencias por más de 3.000 millones de guaraníes sin el cumplimiento de los requisitos documentales básicos. La intervención corroboró que los controles exigidos legalmente, desde el inicio del proceso hasta la conclusión de los trabajos financiados, fueron omitidos.

Entre las irregularidades detectadas figuran pagos realizados a proveedores antes de que se adjudicaran formalmente los contratos, así como deficiencias graves en las rendiciones de cuentas por parte de las comisiones que recibieron los fondos.

Si bien los principales hallazgos se concentran en el ejercicio 2020, la revisión posterior demostró que los mismos vicios persistieron en años posteriores, lo que refuerza la tesis de un mecanismo repetido y no de fallas aisladas.

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“Para nosotros, estos hallazgos configuran graves irregularidades en la ejecución presupuestaria, tal como lo tipifican la Constitución y la Ley 317”, concluyó Ramírez ante la 1020 AM, quien recordó que el equipo de intervención aún se encuentra dentro del plazo de 60 días para culminar su tarea.