En poder del sindicado como el segundo del clan Rotela, César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordo Capiatá, se encontró una llave original para abrir las esposas de seguridad. Gracias a la revisión estricta de los guardias internos del Poder Judicial se pudo detectar y sacar la llave del procesado, quien enfrenta un juicio oral y público por robo agravado y otros delitos.
El director de Seguridad del Palacio de Justicia, Freide Amarilla, explicó que la llave de esposa original se encontró dentro de la billetera del encausado, por lo que se dio aviso al Tribunal de Sentencia, integrado por Olga Ruiz, Inés Galarza y Víctor Medina, y a la comisaría zonal.
En agosto del 2019, Ortiz Sosa fue detenido junto a otros integrantes del clan Rotela tras cuatro allanamientos en el departamento Central. Este ya tenía en ese momento orden de captura por robo agravado.
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Ortiz Sosa está acusado del asalto a la estación de servicios de Barcos y Rodados, ubicada en el barrio Panambí Vera de Asunción, hecho ocurrido el 30 de julio del 2021, de donde se llevaron G. 30 millones. Asimismo, soporta otras investigaciones por varios asaltos más realizados bajo la dirección del peligroso delincuente.
A raíz del hecho, las autoridades judiciales comunicaron del caso a la Policía Nacional que realizó luego la cobertura en la sala de juicio oral de la sede de Asunción.
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Noticias falsas y posverdad emergen como nuevos desafíos para la administración de justicia
Las noticias falsas, la posverdad y la creciente influencia de grupos de poder al margen de las instituciones representan hoy algunos de los principales desafíos para la independencia judicial y el ejercicio del derecho. Ese fue uno de los ejes centrales de la II Semana Jurídica desarrollada en Curuguaty, donde se analizó cómo la desinformación puede afectar el funcionamiento del sistema de justicia y debilitar el Estado de Derecho.
Durante la apertura del encuentro, realizado en la filial Curuguaty de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se debatió sobre el impacto que tienen los contenidos falsos y las campañas de manipulación de la información en la labor de jueces, fiscales y abogados, así como en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
En contexto
El análisis cobró especial relevancia en un contexto marcado por el reciente ataque contra una dependencia policial en el departamento de Canindeyú, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a escenarios de alta tensión y a la influencia del crimen organizado.
Durante la jornada también se advirtió sobre los riesgos que representan los llamados poderes fácticos cuando intentan condicionar las decisiones de los órganos de justicia o instalar narrativas destinadas a generar incertidumbre, desconfianza o caos social.
Otro de los puntos abordados fue la importancia de garantizar la independencia de los magistrados y preservar la objetividad en cada proceso judicial, evitando que factores externos o presiones mediáticas interfieran en la aplicación de la ley.
Análisis
El debate incluyó además una reflexión sobre la ética profesional en el ámbito jurídico, resaltando que la formación técnica y la integridad continúan siendo pilares indispensables para quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia. Asimismo, se analizó el fenómeno de los llamados “juicios paralelos”, impulsados muchas veces desde redes sociales y otros espacios públicos, y cómo estos pueden afectar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
La conferencia formó parte de la II Semana Jurídica organizada en Curuguaty, un espacio académico que reunió a estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del derecho para debatir sobre los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en un escenario marcado por la rápida circulación de información y el creciente impacto de la desinformación.
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Caen dos presuntos proveedores del clan Rotela e incautan 3 kilos de cocaína
Dos jóvenes que estarían vinculados con el clan Rotela fueron detenidos por agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en zona de Campo Grande, Luque, cuando transportaban tres paquetes con más de 3 kilos de cocaína.
Los aprehendidos fueron identificados como Adán Erico Caballero Cubilla (18) y Jesús Daniel Amarilla Vergara (19), el primero con antecedentes por robo. Los mismos son sindicados como parte de la red dedicada al abastecimiento y distribución de drogas entre los distritos de Luque y Limpio.
El procedimiento se llevó a cabo cuando se desplazaban como pasajeros en un vehículo de plataforma, cuya conductora no tendría vinculación con el hecho, debido a que desconocía lo que transportaban los jóvenes y solo había tomado el pedido hecho a través de la plataforma.
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De acuerdo con el reporte de la Secretaría Nacional Antidrogas, los paquetes incautados equivalen a más de 6.000 dosis de cocaína que iban a ingresar al circuito del microtráfico para la comercialización.
“Las investigaciones indican que los aprehendidos integrarían una célula dedicada al abastecimiento de cocaína para fortalecer las operaciones del microtráfico en la zona”, informó la institución en redes sociales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sumar
Estas acciones se dan en el marco del plan Sumar, donde la Senad lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desbaratar redes dedicadas al microtráfico, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.
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Aniversario de Saltos del Guairá modifica la actividad judicial el 30 de julio
La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.
Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.
La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.
La fundación
La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.
Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.
La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.
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Mil aspirantes participaron en examen de ingreso del Poder Judicial en Villarrica
El vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, y el ministro doctor Manuel Ramírez Candia, ambos superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, encabezaron ayer viernes una serie de actividades desarrolladas en el marco del “Día de Gobierno” en la ciudad de Villarrica.
Durante la jornada se desarrolló el examen de conocimientos dirigido a postulantes del Concurso para Ingreso de Personas al Poder Judicial, en el que participaron más de 1.000 aspirantes a cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. Así también, se llevó a cabo el acto de juramento de ley de 37 nuevos abogados que prestarán servicios en la mencionada circunscripción. La ceremonia estuvo a cargo de la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, abogada Rita Monges.
La presencia de los ministros de la máxima instancia judicial en la Circunscripción Judicial del Guairá forma parte del plan de acción del Poder Judicial destinado a fortalecer el servicio de justicia en las distintas localidades del interior del país, además de atender las sugerencias y necesidades planteadas tanto por autoridades locales como por la ciudadanía en general.
Durante la ceremonia, el doctor Luis María Benítez Riera expresó sus congratulaciones a los nuevos abogados del Guairá y, al mismo tiempo, los alentó a continuar capacitándose con el objetivo de servir a la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el aspecto humano de la profesión. Por su parte, el doctor Manuel Ramírez Candia subrayó el compromiso de la abogacía de atender cada vez mejor las necesidades de las personas.
Finalmente, los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, doctores Benítez Riera y Ramírez Candia, mantuvieron una reunión con integrantes del Consejo de Administración de la zona, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del Guairá para abordar temas de interés público.