La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la revisión de la condena de un año de cárcel del exsenador colorado Víctor Bogado, quien fue sentenciado por el caso conocido como “Niñera de Oro”, del que también fue condenada Gabriela Quintana a un año y seis meses de prisión.
Los integrantes de la sala penal Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Andrea Vera firmaron la mencionada resolución judicial. No se arrimaron hechos nuevos en el presente caso por lo que se declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión presentado por el exlegislador.
Antecedentes
En julio del año pasado, el exsenador colorado Víctor Bogado presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una ampliación del pedido de revisión de su condena por el caso Gabriela Quintana. Argumentó hechos nuevos y además, que la acción prescribió durante el proceso penal.
“Hemos ampliado el pedido de revisión de la condena, que fue una condena totalmente política y en ese sentido por varios acontecimientos que se dieron. Por hechos nuevos, por violación del principio de legalidad jurídica, por la contradictoria e inverosímil carga de pruebas como así también por la violación de la proporcionalidad”, explicó en aquel entonces.
Bogado afronta un proceso por cobro indebido de honorarios de Quintana, más conocida como la niñera de oro. El extitular de Diputados fue condenado como cómplice a un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la pena a cambio de donar G. 20 millones mensuales a instituciones de beneficencia. En tanto que Quintana fue sentenciada a un año y seis meses, aunque también fue favorecida con la suspensión de cárcel.
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Francia condena a tres personas por trata de seres humanos en los viñedos de Champaña
Un tribunal francés condenó el lunes a una empresaria y a otras dos personas a penas de cárcel por tráfico de seres humanos en la industria del champán, por haber explotado a temporeros y alojarlos en pésimas condiciones durante la vendimia de 2023.
La decisión se produce en pleno revuelo en la región vinícola de Champaña, en el noreste de Francia, donde se investiga el empleo de ucranianos durante la misma vendimia de 2023, marcada por un calor excepcional y la muerte de cuatro trabajadores.
El abogado de las víctimas -50 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, procedentes de Malí, Mauritania, Costa de Marfil y Senegal- celebró una decisión “histórica”.
El tribunal de la ciudad de Chalons-en-Champagne condenó a una mujer oriunda de Kirguistán de unos cuarenta años, directora de una empresa de servicios para la viticultura llamada Anavim, a dos años de cárcel, así como a otros dos en suspenso.
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La mujer negó ser responsable de las condiciones de alojamiento y culpó a los otros dos acusados sospechosos de reclutar a los vendimiadores.
El tribunal condenó a las otras dos personas, ambos hombres de unos treinta años, a un año entre rejas, así como a dos y uno en suspenso. Los tres condenados deberán además pagar 4.000 euros (4.600 dólares) a cada víctima .
Los tres fueron declarados culpables de trata de seres humanos, definida en la legislación francesa como “reclutar, transportar, trasladar, alojar o acoger a una persona para explotarla” mediante un empleo coaccionado, abusando de una posición de autoridad, abusando de una situación de vulnerabilidad o a cambio de un pago o beneficios.
Unos 120.000 temporeros son contratados cada año para vendimiar a mano las 34.000 hectáreas de la región de Champaña con las que se elabora el emblemático vino espumoso.
En 2023 murieron cuatro vendimiadores, posiblemente a causa de una insolación tras trabajar bajo un calor abrasador.
- Fuente: AFP
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Cúpula chilena del Tren de Aragua fue condenada a 300 años de cárcel
La justicia chilena condenó a penas que suman 300 años de cárcel -entre ellas cinco cadenas perpetuas- a 12 criminales, que según la fiscalía forman parte de la cúpula en Chile de la banda criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. Los condenados fueron sentenciados por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico de inmigrantes, en la segunda sentencia más importante lograda por las autoridades en Chile en contra de esta banda que se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón.
"Se han dictado condenas, a mi modo de ver, ejemplares (...) son la cúpula, los encargados de la expansión en el territorio nacional", detalló Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, una ciudad a unos 1.500 km al norte de la capital, Santiago. Entre los condenados hay 11 venezolanos y un hombre que posee una cédula de identidad colombiana, pero que la fiscalía cree que podría ser también venezolano.
Carlos González, alias “Estrella”, considerado uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, fue condenado a presidio perpetuo calificado, que permite optar a libertad condicional tras 40 años de cárcel, por delitos como secuestros, asociación ilícita y tráfico de inmigrantes.
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Hernán Landaeta, alias “Satanás” y calificado como el principal sicario de esa banda en Chile, Zeus Velásquez, Juan Carlos Blanco y Daniel Azuaje recibieron cadenas perpetuas simples, que permite solicitar libertad condicional tras 20 años de cárcel, por delitos similares a González.
El resto de la banda recibió condenas entre 2 y 22 años. “Este histórico juicio oral (...) logró dar por acreditados al menos 11 hechos delictuales de crimen organizado en los que participaron estos acusados desde 2021 en adelante”, aseguró la fiscalía en un comunicado.
En marzo pasado, la justicia chilena condenó a 34 miembros de esta banda, a penas que sumaron más de 560 años de cárcel. Las actividades del Tren de Aragua se han expandido a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia. En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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Bolsonaro podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión
La fiscalía de Brasil pidió a la corte suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada.
El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como “una caza de brujas” contra el exmandatario brasileño.
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Para la fiscalía, Bolsonaro actuó “de forma sistemática” durante su mandato (2019-2022) y tras su derrota frente a Lula en 2022 “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
“Comprobada” la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.
El exmandatario, que dice ser un perseguido político, arremetió iracundo contra la fiscalía, negó los cargos y denunció fallas en el proceso: “Una condena sería una violación”. “No hay interés en apresarme, ellos me quieren eliminar”, dijo este martes al sitio Poder 360.
Conflicto con Trump
“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump la semana pasada en una carta destinada a Lula. El presidente brasileño dijo que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la “injerencia” del republicano en la justicia de su país y anunció una posible “reciprocidad” en el trato comercial con Estados Unidos.
De su lado, el presidente de la corte suprema, Luis Roberto Barroso, defendió el “estado democrático de derecho” en Brasil y afirmó que el tribunal juzgará a Bolsonaro con “independencia” y “base en las pruebas”. Luego de un plazo para los alegatos finales de las defensas, cinco jueces de la corte deben decidir la suerte del exmandatario de extrema derecha, algo que se espera para las próximas semanas.
El magistrado a cargo del juicio, Alexandre de Moraes, se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington, luego de que la derecha brasileña lo acusara de “perseguir” al exmandatario y criticara sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.
“Nunca existió intento de golpe”
Aunque insistió este martes en que “nunca existió intento de golpe en Brasil”, Bolsonaro había reconocido en su interrogatorio ante la corte haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. Pero la fiscalía sostuvo que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión”.
El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas, según la acusación. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.
El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, radicado desde hace meses en Estados Unidos para conseguir apoyo de la Casa Blanca a su padre.
Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación. Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.
Fuente: AFP.