La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la revisión de la condena de un año de cárcel del exsenador colorado Víctor Bogado, quien fue sentenciado por el caso conocido como “Niñera de Oro”, del que también fue condenada Gabriela Quintana a un año y seis meses de prisión.
Los integrantes de la sala penal Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Andrea Vera firmaron la mencionada resolución judicial. No se arrimaron hechos nuevos en el presente caso por lo que se declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión presentado por el exlegislador.
Antecedentes
En julio del año pasado, el exsenador colorado Víctor Bogado presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una ampliación del pedido de revisión de su condena por el caso Gabriela Quintana. Argumentó hechos nuevos y además, que la acción prescribió durante el proceso penal.
“Hemos ampliado el pedido de revisión de la condena, que fue una condena totalmente política y en ese sentido por varios acontecimientos que se dieron. Por hechos nuevos, por violación del principio de legalidad jurídica, por la contradictoria e inverosímil carga de pruebas como así también por la violación de la proporcionalidad”, explicó en aquel entonces.
Bogado afronta un proceso por cobro indebido de honorarios de Quintana, más conocida como la niñera de oro. El extitular de Diputados fue condenado como cómplice a un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución de la pena a cambio de donar G. 20 millones mensuales a instituciones de beneficencia. En tanto que Quintana fue sentenciada a un año y seis meses, aunque también fue favorecida con la suspensión de cárcel.
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Bogado cuestiona que el caso Buzarquis sea instalado como “atentado a la democracia”
El exsenador Víctor Bogado opinó que el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, denunciado por el intendente Óscar Rodríguez por presunto tráfico de influencias, debe ser expulsado de la Cámara Alta con la aplicación directa de la pérdida de investidura. “En el periodo pasado, de manera inconstitucional fueron destituidos alrededor de 7 senadores y no se permitió el juramento de dos. Sin embargo, hoy aparece como si fuese un atentado contra la democracia”, cuestionó.
Las afirmaciones de Bogado surgieron ante la prensa en el Congreso en relación a las manifestaciones de algunos opositores y medios aliados que buscan desalentar la aplicación de la norma legislativa mediante una dudosa defensa democrática. “Con todo lo que yo vi, con todos los elementos desde el punto de vista político, si hay una voluntad política y si la mayoría así lo decide, él tendría que ir a su casa. Todo depende de la mayoría”, manifestó el exparlamentario.
“Al abrir esa posibilidad ante la inminencia de lo que se llama el uso indebido de influencias, se debería aplicar de manera directa la pérdida de investidura. Al decir de la propia exsenadora Kattya González, no vale el debido proceso teniendo en cuenta que no es jurídico, sino político”, refirió en alusión al artículo 201, “de la pérdida de investidura”, de la Constitución Nacional, que establece “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado” como causal para el cese en el cargo legislativo.
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Antecedentes
El jefe comunal reveló el pasado martes mensajes enviados por el dirigente opositor solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, Buzarquis en el mensaje remitido a Rodríguez, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto” sin profundizar sobre el punto.
La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la municipalidad como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional a peticionar.
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Condenaron a ocho años de cárcel a adolescente que asesinó a directora en Guairá
Este miércoles, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a ocho años de prisión al adolescente de 17 años que asesinó a la maestra y directora de la institución educativa donde asistía. El hecho conmocionó al departamento de Guairá y todo el país, porque ocurrió frente a otros estudiantes.
El juicio oral y público culminó hoy, y los integrantes del tribunal decidieron condenar al estudiante que asesinó brutalmente a la profesora Sofía Rodríguez, de 44 años, quien era directora del Colegio “San Gervasio” de Independencia. El terrible hecho se registró en mayo del 2023.
Finalmente, el estudiante del citado colegio y alumno de Rodríguez, que resultó víctima fatal, fue encontrado culpable del asesinato que se registró frente a sus compañeros mientras la profesional estaba dando clases y le otorgaron 8 años de pena privativa de libertad.
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La resolución indica que se debe compurgar un año de pena, porque el acusado permaneció ese tiempo recluido, por lo que le quedan siete años de prisión. El joven permanecerá en un centro educativo por ser menor de edad, pero cuando cumpla la mayoría se analizará el trasladarlo a otra prisión. Los familiares de la maestra se mostraron conformes con la sentencia.
“Logramos la pena máxima que se puede dar en nuestro país y estamos conformes con eso, creemos que es lo que se merecía”, expresó Arnaldo Cristaldo a los medios de comunicación. El Tribunal descartó problemas psiquiátricos tras el informe forense y por eso decidió que la condena sea la máxima que se puede dar a un menor.
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Tras juicio oral condenan a tres autores del atentado a jefe de Comando Tripartito
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un tribunal de sentencia condenó a tres personas como autores del intento de homicidio del subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz, cuando se desempeñaba como jefe del Comando Tripartido. El atentado se había registrado en la localidad de Juan León Mallorquín (Alto Paraná) el 25 de abril de 2022.
Los sentenciados son: Wilson Francisco Neto Pintos (32) y Andrey Nunes Silva (19), ambos de nacionalidad brasileña, recibieron fallos de 20 y 10 años de prisión. También Ever Arnaldo Cañete, paraguayo (40), fue condenado a 10 años de cárcel. Tanto Nubes Silva como Cañete fueron juzgados como cómplices.
El fiscal acusador fue Miguel Angel Alvarenga, y los cargos por los cuales recibieron el citado fallo es tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y detentación. El tribunal estuvo integrado por Herminio Montiel (Presidente), Zunilda Martínez y Marino Méndez.
Adriano Benítez Lima también había sido acusado, pero el mismo integró la nómina de 25 brasileños de facciones criminales expulsados en el marco del operativo “Joapy”, implementado por el Ministerio de Justicia.
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Antecedentes
Los hechos se registraron el 25 de abril del 2022, a las 08:15 aproximadamente, sobre la calle Felipe Molas López, a unos 20 metros de la Ruta Py02, del distrito de Juan León Mallorquín.
Resultó víctima el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega (39), quien en ese entonces se desempeñaba como jefe del Comando Tripartito.
En esa ocasión, los tres brasileños, a bordo de una camioneta Hyundai Creta, de color gris, con chapa WHFU 683, atacaron al policía, quien circulaba en una camioneta Toyota Fortuner, chapa HBG 801.
Los criminales abrieron fuego contra Ruiz Díaz, quien descendió de su vehículo y respondió a tiros el ataque, luego se refugió en una vivienda cercana, mientras su rodado fue a parar en una cuneta.
Los atacantes desaparecieron del lugar y horas después abandonaron la camioneta Hyundai en una zona boscosa. Policías realizaron rastrillajes por toda la zona, hasta que ubicaron el vehículo abandonado y localizaron a los tres extranjeros.
Fueron aprehendidos tras un enfrentamiento a tiros con el personal policial que los rodeó en el sitio. Resultaron baleados Adriano Benítez Lima y Andrey Nunes Silva, quienes permanecieron hospitalizados por un tiempo y posteriormente fueron encarcelados.
En prosecución de la investigación, también fue privado de libertad Ever Arnaldo Cañete, quien formaba parte de la organización criminal, sirviendo de nexo con los autores directos del ataque en contra del agente del orden. Ahora están los tres condenados y uno expulsado a Brasil.
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Existen 369 denuncias de lavado de dinero y solo un 5 % tiene condena
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, informó ayer a la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos sobre la inmensa cantidad de denuncias o carpetas, 369, que existen ante el Ministerio Público con relación a lavado de dinero y resaltó que solo el 5 % tiene condena.
Así informó el senador Gustavo Leite, miembro de la comisión, tras la reunión reservada que sostuvieron con el titular del Ministerio Público.
“Creo que tenemos avanzada la película. Hay 369 carpetas fiscales que tratan de lavado de dinero. Ahora ya sabemos la magnitud del monstruo en los últimos diez años”, indicó el senador Leite.
Luego agregó que, “no hablamos de montos, estamos hablando de delitos penales, lo que sí nos dijo el fiscal general del Estado es que el ratio que ellos tienen es del 5 %, es decir, 5 % llegan a condena”.
Leite agregó que ahora falta investigar si de esas 369 causas potenciales, cuántos reportes de operaciones sospechosas hacen los bancos, cuántos se convierten en carpeta de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas llegan a la Fiscalía.
DNIT PIDE PLAZO DE 10 DÍAS
Por su parte, el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, dijo que existen 6.600 organizaciones no gubernamentales (oenegés) que mensualmente presentan su rendición de cuentas ante la DNIT. Ante la cantidad de oenegés registradas y teniendo en cuenta la reserva legal que tienen para dar algunos datos financieros, Orué manifestó que pidió a la Comisión Antilavado un plazo de 10 días para entregar los informes sobre los montos que manejan estos órganos sin fines de lucros.
Sobre las oenegés, el senador Leite dijo que llama la atención que de 12 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país, solo unas 6 mil tengan sus documentaciones en regla.
“Nos llama la atención de que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya multado a ninguna, o sea tenemos un problema de acciones correctivas. Y le dijimos a las personas responsables para que nos diga cómo podemos ayudar, si qué necesitan para un mejor control”, indicó.
La Comisión Bicameral Antilavado realizó en la mañana de ayer su segundo día de gestión y escucharon al Fiscal General, Rolón Fernández; al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y a la directora general de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía, María del Carmen Benítez Alcaraz.
El senador Leite dijo que la próxima sesión de la Comisión será el próximo 23 de setiembre, donde estarían convocando al contralor general del Estado, Camilo Benítez. Sobre la continuidad del ahora cuestionado diputado Jatar Fernández como miembro de la Comisión Bicameral, manifestó que eso es competencia de la Cámara Baja designar o mantener a sus representantes.
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN SE RESISTE A RENDIR CUENTAS
El presidente de la Comisión Antilavado, Dionisio Amarilla, dijo ayer que existen algunas oenegés que se resisten a brindar informes de su gestión. Citó a la organización Juntos para la Educación, sociedad civil integrada por empresarios para contribuir con el desarrollo de una educación pública inclusiva e integral.
“En el tema de las oenegés estamos prácticamente en la fase de cierre. Algunas son renuentes a informar, nosotros circularizamos diligencias a Juntos por la Educación a la OEI, y son renuentes, envían datos de manera parcial, sin sumatorias”, indicó el senador Amarilla.
Al ser consultado sobre los motivos, el presidente de la comisión dijo que desconoce y que deberían de dar todos los datos teniendo en cuenta el volumen de fondos que reciben.