El juez penal de garantías Raúl Florentín dictó este miércoles la prisión preventiva para René Olmedo, de 21 años, imputado por lesión grave luego de haber agredido a una joven con una copa de vidrio que lanzó en el local nocturno Morgan, de Asunción, por la madrugada del domingo pasado.
Olmedo guardará reclusión en la comisaría mientras se aguarda la confirmación del recinto penitenciario ya que, según el reporte, en el penal de Tacumbú ya no hay espacio para más reos. La imposición de medida se efectuó luego que la defensa del joven recusara al juez, y pidiera una inspección médica, tras descompensarse por un aparente ataque de pánico.
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Por su parte, el abogado Sergio Alegre, quien representa legalmente a la familia Olmedo, dijo que van a analizar qué acciones emprender a partir de la resolución del juez y cuestionó al tribunal por no haber tenido en cuenta los recursos que fueron presentados, no obstante la defensa tiene 3 días para presentar el recurso de apelación.
El abogado de Alegre refirió que su cliente no está en condiciones de guardar reclusión en una penitenciaría; sin embargo, la fiscal Natalia Cacavelos, en conversación con La Nación, confirmó que el joven se encuentra apto tanto física como psicológicamente para guardar reclusión. Olmedo presentó dos camionetas, dos inmuebles y una fianza en efectivo sin embargo, el juez dictó prisión.
En desarrollo.
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Abogada de RGD enfrentará juicio oral por denuncia falsa
El juez penal de Garantía, Rolando Duarte, resolvió elevar a juicio oral el proceso penal de Emma Concepción González Ramos, abogada de Ramón González Daher, quien está acusada por denuncia falsa contra las víctimas de usura del exdirigente de fútbol. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
En la audiencia preliminar, el juez Duarte rechazó los incidentes presentados por la defensa de la acusada. La misma presentó el incidente de nulidad de la acusación, de sobreseimiento definitivo, de excepción de falta de acción, incidente de prescripción y otros.
Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Una vez que tenga a los magistrados que juzgarán a la abogada se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
El proceso penal contra la abogada Emma González se inició cuando se dispuso la remisión de los antecedentes de la mencionada profesional del derecho de acuerdo a la resolución N° 515 del 17 de diciembre de 2021, que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, y a Fernando González Karjallo a 5 años de prisión por lavado de activos.
La acusación del Ministerio Público refiere que la profesional del derecho sabía plenamente que las denuncias en el ámbito penal no correspondían y que lo único que deseaba lograr eran cobros compulsivos mediante estas denuncias por los préstamos que RGD realizaba.
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Jueza decretó la prisión en Tacumbú de imputado por muerte de joven futbolista
La jueza penal de Garantía de turno Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de Jesús Roa alías “Kapeluki”, imputado por el homicidio del joven futbolista Ismael D. El imputado guardará reclusión en la cárcel de Tacumbú.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se estudió la situación procesal del imputado y se resolvió decretar la prisión preventiva de Roa alias Kapeluki.
Además de Roa, el Ministerio Público imputó a otros tres menores sindicados como participantes de la fatal gresca días atrás durante un partido de fútbol de categorías inferiores entre Boquerón del Barrio San Pablo y el club Nacional de San Bernardino.
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En el caso de los menores imputados, los mismos deberán ser citados por el juzgado penal Adolescente que tendrá que estudiar si corresponde que los menores guarden reclusión o estén con medidas.
Al imputado adulto el Ministerio Público le atribuye el golpe brutal que le causó la muerte a Ismael D., utilizando en antebrazo, y tal situación se pudo tener indicios con las declaraciones de testigos.
La investigación refiere que Roa González ocupaba el cargo de aguatero del equipo de Boquerón y supuestamente habría actuado en forma premeditada, elemento que deberá ser corroborado o descartado durante la etapa investigativa.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.