Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de Texas, menos estricta que la de Florida donde cumplía condena, informaron ayer viernes las autoridades penitenciarias. No se dio a conocer el motivo del traslado, ocurrido una semana después de que el número dos del Departamento de Justicia se reuniera con Maxwell para hacerle preguntas sobre Epstein.

Este financiero fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. “Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones” en Bryan, Texas, declaró un portavoz de esta oficina.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, interrogó a Maxwell durante dos días en un tribunal de Florida la semana pasada, algo sumamente inusual entre un delincuente convicto y un alto funcionario de Justicia. Blanche se ha negado a revelar de qué hablaron. El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó que ella respondió todas las preguntas.

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Maxwell se ha ofrecido a testificar ante el Congreso sobre Epstein si se le otorga inmunidad y, según la prensa, solicitó un indulto de Trump, quien se movió en los mismos círculos que Epstein en Nueva York. La exmiembro de la alta sociedad británica cumple una condena de 20 años dictada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein.

Dos mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell, y la familia de otra víctima que se suicidó recientemente condenaron el traslado de prisión en un comunicado. “Con horror e indignación nos oponemos al trato preferencial que ha recibido la traficante sexual condenada, Ghislaine Maxwell”, declararon Annie y Maria Farmer y la familia de Virginia Giuffre.

“Nunca debería ser objeto de indulgencia”, declararon. “Esta medida huele a encubrimiento. Las víctimas merecen algo mejor”, se quejan. Tim Hogan, del Comité Nacional Demócrata, también denunció lo que calificó de “encubrimiento gubernamental en tiempo real”. “El FBI (policía federal) de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, omitió el nombre de Trump de los archivos de Epstein, que aún no se han publicado”, declaró Hogan.

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Los demócratas y parte del movimiento conservador MAGA (acrónimo en inglés de “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”) acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al no revelar detalles del caso. Están enfurecidos desde que el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio que Epstein se suicidó en prisión, no chantajeó a ninguna personalidad ni tenía una “lista de clientes”.

Trump asegura haberse distanciado de Epstein porque le “robó” empleadas del spa de su resort de Mar-a-Lago en Florida. Una de esas chicas era Giuffre, quien se suicidó en abril. Su familia pidió a Trump que no indulte a Maxwell, y la tachan de “monstruo que merece pudrirse en prisión el resto de su vida”.

Fuente: AFP.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

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Tras descender de un vuelo proveniente de Brasil fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Emilia Cristina Mantilla Robles, quien sería esposa del hermano del presunto narcotraficante requerido por la justicia paraguaya Sebastián Marset.

La mujer de nacionalidad boliviana y con documentos brasileños arribó al país junto con un joven de nacionalidad uruguaya identificado como Santiago González Dizandez y un menor de edad. Los mismos fueron inadmitidos al país tras realizarse el registro migratorio.

Luego de la identificación, las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informaron a la Interpol, la cual dispuso que estas personas sean retenidas y fueran puestas a disposición del Ministerio Público.

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El bloqueo de ingreso al país de estas personas se dio tras un intercambio de información entre agencias de seguridad y se confirmara que cuentan con antecedentes y supuestos nexos con causas que están siendo investigadas a nivel internacional.

Emilia Cristina Mantilla Robles contaría con antecedentes en Bolivia que datan del 2023, junto con una orden de captura emitida por la Fiscalía de Santa Cruz, ya que la misma estaría ligada a la estructura criminal liderada por Sebastián Marset.

En diciembre del 2023, Diego Nicolás Marset Alva, esposo de la ahora retenida, fue arrestado en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, en el marco de una intervención policial. El hombre es requerido por la justicia paraguaya en el marco del caso A Ultranza PY, el cual continúa abierto.

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En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se encuentra en el país de visita oficial Javier Samper, director de EL PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) una iniciativa de la Unión Europea, que está llevando a cabo importantes reuniones con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas.

Le acompaña en este recorrido, la agregada de Cooperación de la Unión Europea, Maddalena Massucci, quien junto a Samper visitaron en primer orden al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, con quien abordó la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los lazos para la lucha contra el crimen organizado transnacional y narcotráfico.

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El encuentro que se concretó en la sede institucional propició el abordaje de las estrategias de cooperación técnica interinstitucional orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

De acuerdo al informe oficial emitido desde la Senad explican que EL PAcCTO 2.0 promueve la seguridad y justicia en América Latina, apoyando a los países de la región en el desarrollo de políticas públicas que abarquen toda la cadena penal: policial, judicial y penitenciaria.

“La Senad reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos con socios estratégicos internacionales para consolidar un sistema de seguridad más eficaz, moderno y coordinado”, concluye el comunicado.

Igualmente, el director de EL PAcCTO 2.0, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con quien charló sobre el fortalecimiento de los vínculos institucionales para avanzar en prioridades estratégicas del país.

También evaluaron los aspectos clave sobre la inteligencia penitenciaria, el régimen de máxima seguridad y las acciones proyectadas en el ámbito de seguridad, ligados a la Presidencia Pro Tempore Mercosur.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de potenciar capacidades operativas y técnicas dentro del sistema penitenciario, así como generar sinergias para detectar y desarticular redes criminales que operan desde los centros de reclusión.

En este encuentro estuvieron presentes además el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el director de Asuntos Internacionales, Sergio G. Velilla.

Desde el Ministerio de Justicia resaltaron que la visita de Javier Samper constituye un paso relevante en la articulación de esfuerzos regionales para el combate contra estructuras criminales complejas que afectan a toda la región.

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