El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, convocó a los miembros del directorio de manera presencial para este lunes 25 de noviembre con el fin de analizar el proyecto que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos y la iniciativa que regula las concertaciones políticas en Paraguay.

La reunión está prevista para las 18:00 y será la segunda sesión ordinaria de la agrupación tradicional en lo que respecta al periodo 2024. Con relación al proyecto que regula las concertaciones políticas en Paraguay, se indica que apunta a fortalecer el sistema democrático paraguayo, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

En el documento se estipula 3 niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal. La propuesta plantea la regulación de las concertaciones políticas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

El proyecto de ley que crea el Registro Único Nacional (RUN) se encuentra entre uno de los puntos del orden del día de la Cámara de Diputados. El presidente de esta instancia legislativa, Raúl Latorre, sostuvo que esta normativa pretende subsanar la problemática de la superposición de títulos de tierras.

“Tiene que ver con el fortalecimiento del sistema jurídico que se plantea desde la lógica de la posesión de la tierra. Nuestro país vive en una paradoja”, expresó el legislador a los medios de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria de este miércoles.

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Latorre manifestó que existe una gran paradoja, por un lado, cuenta con una de sus riquezas y fortalezas más grandes, la tierra y su fertilidad para la producción de alimentos, sin embargo, también existe una gran problemática de las titulaciones de tierra.

“Una de nuestras mayores riquezas, una de nuestras mayores fortalezas es nuestra tierra, la riqueza, la fertilidad, la productividad la tierra, el suelo paraguayo, pero este gran potencial que hoy hace que, a pesar de ser un poco más de 6 millones de habitantes y produzcamos alimentos para más de 100 millones de habitantes en el mundo, existe la paradoja de la superposición de títulos”, mencionó.

Agregó que esta superposición de títulos se da a consecuencia de un sistema desordenado que no genera calidad en cuánto a la claridad de la posesión de tierras, y con este proyecto se busca dar solución a esta problemática.

“Nosotros entendemos que el RUN, es un paso fundamental en un sendero, en un camino que busca ordenar la tenencia de la tierra y brindar seguridad jurídica al sector productivo o a quienes quieren apostar, a quienes quieren invertir en Paraguay”, apuntó.

Mientras tanto, sostuvo que espera que se pueda dar un debate sano para lograr avanzar en esta propuesta a fin de avanzar en un ordenamiento en lo que respecta a la tenencia de tierras en el país.

“Dentro de esa lógica se ha producido una serie de conversaciones, con los colegas, con actores del Poder Ejecutivo, con diferentes gremios asociados que están vinculados o relacionados de alguna manera, que van a ser afectados por esta ley y esperamos que esto pueda tener un sano debate y que podamos avanzar en cuanto al ordenamiento de la tenencia de la tierra y a la generación de seguridad jurídica”, puntualizó.

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El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catas­tro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia para trabajar juntos en un solo registro. Con 31 votos a favor la iniciativa fue aprobada y se procede al tratamiento en particular.

Este proyecto de ley tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

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En la argumentación del proyecto se señala que este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles, cuya misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante su tratamiento en el pleno el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, expuso la recomendación de la comisión asesora por la aprobación del proyecto “en atención a la eficiencia, economía, trasparencia y practicidad que traerá este cambio en todo lo que respecta el sistema registral y catastral de la República del Paraguay”.

El legislador agregó que se presenta como una respuesta integral para superar las limitaciones al actual sistema, estableciendo una única entidad que centralizará la administración de la información catastral y registral. “Con el RUN se busca optimizar la trasparencia y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, a reducir posibles duplicaciones y consolidar datos en un único sistema”, explicó.

A su vez, el senador Silvio Ovelar explicó que el RUN será “un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial encargado del catastro y registros relacionados con vienes, actos y derechos. Absorbe las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento Agrimensura y Geodesia”.

La senadora Celeste Amarilla también expuso su postura a favor de la aprobación de esta iniciativa. “Me consta, y esto no es una cosa que yo suelo decir, que se han escuchado a los escribanos a los geógrafos, a los desarrolladores, a la asociación de usuarios de catastro y que se ha tratado de incluir la mayor cantidad de cambios que han solicitado”, indicó.

Agregó que este nuevo sistema será implementado recién el próximo año y podría tardar unos años más para mostrar resultados, sin embargo, destacó la necesidad de realizar un cambio. “Esto no vamos a ver enseguida, de hecho, que va entrar en marcha en un año, yo creo que van a pasar 5 o 6 años para que veamos si esto funcionó o no, pero de lo que yo estoy segura es de que algún cambio se tenía que hacer, se tiene que hacer. Es una necesidad que se ve hace mucho tiempo”, sentenció.

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