Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz investigarán al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por los delitos de homicidio, lesión de confianza y otros hechos punibles en el marco de la denuncia formulada por la abogada Gilda Burgstaller, quien el año pasado presentó la denuncia por la negligente actuación del Gobierno para afrontar la pandemia del COVID-19.
Ahora los investigadores deberán convocar a la denunciante para que la misma pueda ratificarse en su denuncia y avanzar en el presente caso donde no se descarta que el Ministerio Público pueda constituirse en Palacio de López o Mburuvicha Róga para que el jefe de Estado pueda declarar sobre la presente denuncia.
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Por su parte, la denunciante Gilda Burgstaller señaló a La Nación que tiene entendido que los fiscales del caso son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes se mostraron interesados en investigar el presente caso. “Yo no puedo ser niñera de los fiscales pero los hechos punibles denunciados son gravísimos y que se habría registrado durante la pandemia”, señaló la citada profesional del derecho.
Agregó que más de una vez averiguó y siempre le salen con historia, “por eso no puedo ser niñera de los fiscales”, reiteró.
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Duplicación de cobros en Caja Municipal asciende a G. 10.000 millones, denuncian
El Ministerio Público realizó un allanamiento a la sede de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, debido a una denuncia de duplicación de cobros que ascienden a G. 10.000 millones. El presidente de la institución, Venancio Díaz, indicó que este hecho fue detectado a partir de una auditoría interna.
“Estos eran actos discrecionales, es decir, no tenían la participación del Consejo en la autorización. Tres o cuatro funcionarios estaban vinculados en estos procedimientos irregulares que se dieron durante años y que perjudicó a la Caja. Ojalá podamos recuperar ese dinero porque el daño fue enorme”, expresó Díaz.
El sistema de devolución establecido se prestaba para que este tipo de hechos se dé, afirmó el presidente de la Caja, quien indicó que se pudo detectar este hecho a partir de la auditoría interna realizada luego del incendio producido en la sede de la institución el pasado mayo, el cual según la Fiscalía, fue un evento provocado y de hecho, un funcionario ya está imputado por el hecho.
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“En esa investigaciones descubrimos un esquema de duplicación de cobros, presentamos la denuncia por un monto determinado y al terminar la auditoría interna llegó a G. 10.048 millones. Presenté la denuncia totalmente documentada como presidente de la institución con todos los informes y respaldos”, refirió a la 780 AM.
La hipótesis del Ministerio Público es que se habrían falsificado más de 277 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío. De acuerdo a lo que explicó la fiscal Luz Guerrero a Universo 970 AM/Nación Media, se incautaron documentos y libros internos, donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes .
”El sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, señaló. Por su parte, Díaz aseguró que en algunos casos se llegó a utilizar un mismo expediente para hacer cobros hasta en cinco oportunidades.
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Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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