El juez penal de garantías Miguel Palacios admitió la imputación contra los agentes policiales Ramón B. Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú; y Félix A. Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales, procesados por la alteración en el sistema informático de los datos del supuesto narco José Luis Bogado Quevedo. El magistrado fijó para este viernes a las 7:45 la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los dos uniformados van a prisión o no.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal a ambos agentes por supuestamente alterar datos del sistema informático de la Policía Nacional para suspender la orden de captura internacional que pesaba sobre Bogado Quevedo desde el 2018.
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Cabe recordar que Bogado Quevedo fue uno de los heridos en el ataque de sicariato que se produjo el domingo 30 de enero en la ciudad de San Bernardino, durante un concierto donde varias personas resultaron heridas y se confirmaron dos fallecidos. Bogado Quevedo fue trasladado hasta un sanatorio privado de Asunción, donde saltó la alerta sobre su identidad y su situación judicial.
El ciudadano paraguayo, de 38 años, tiene un proceso de extradición al Brasil, donde es requerido por delitos relacionados al narcotráfico. En todo este tiempo pudo circular con libertad en el país debido a que sus datos, antecedentes y órdenes de captura fueron modificados en el sistema informático de la Policía Nacional. Esta situación saltó a la luz luego de que fuera herido y socorrido en el sanatorio privado, donde quedó detenido hasta que fue dado de alta. Actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializada.
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Piden informe a Seprelad sobre cuentas offshore de Abdo y su esposa
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos solicitó informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que se informe sobre la vinculación del exmandatario y su pareja si se tiene cuentas en Seychelles.
El representante del Ministerio Público está investigando al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles, cuyos beneficiarios finales fueron el exjefe de Estado, y su esposa Silvana López Moreira.
De acuerdo a los datos preliminares, se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubái y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.
Los oficios fueron firmados el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
La unidad fiscal a cargo de la mencionada agente fiscal se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según documentos expuestos, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
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Trasladan a cómplice de Epstein a una prisión menos estricta
Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de Texas, menos estricta que la de Florida donde cumplía condena, informaron ayer viernes las autoridades penitenciarias. No se dio a conocer el motivo del traslado, ocurrido una semana después de que el número dos del Departamento de Justicia se reuniera con Maxwell para hacerle preguntas sobre Epstein.
Este financiero fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. “Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones” en Bryan, Texas, declaró un portavoz de esta oficina.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, interrogó a Maxwell durante dos días en un tribunal de Florida la semana pasada, algo sumamente inusual entre un delincuente convicto y un alto funcionario de Justicia. Blanche se ha negado a revelar de qué hablaron. El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó que ella respondió todas las preguntas.
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Maxwell se ha ofrecido a testificar ante el Congreso sobre Epstein si se le otorga inmunidad y, según la prensa, solicitó un indulto de Trump, quien se movió en los mismos círculos que Epstein en Nueva York. La exmiembro de la alta sociedad británica cumple una condena de 20 años dictada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein.
Dos mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell, y la familia de otra víctima que se suicidó recientemente condenaron el traslado de prisión en un comunicado. “Con horror e indignación nos oponemos al trato preferencial que ha recibido la traficante sexual condenada, Ghislaine Maxwell”, declararon Annie y Maria Farmer y la familia de Virginia Giuffre.
“Nunca debería ser objeto de indulgencia”, declararon. “Esta medida huele a encubrimiento. Las víctimas merecen algo mejor”, se quejan. Tim Hogan, del Comité Nacional Demócrata, también denunció lo que calificó de “encubrimiento gubernamental en tiempo real”. “El FBI (policía federal) de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, omitió el nombre de Trump de los archivos de Epstein, que aún no se han publicado”, declaró Hogan.
Los demócratas y parte del movimiento conservador MAGA (acrónimo en inglés de “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”) acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al no revelar detalles del caso. Están enfurecidos desde que el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio que Epstein se suicidó en prisión, no chantajeó a ninguna personalidad ni tenía una “lista de clientes”.
Trump asegura haberse distanciado de Epstein porque le “robó” empleadas del spa de su resort de Mar-a-Lago en Florida. Una de esas chicas era Giuffre, quien se suicidó en abril. Su familia pidió a Trump que no indulte a Maxwell, y la tachan de “monstruo que merece pudrirse en prisión el resto de su vida”.
Fuente: AFP.
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Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCIA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.
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Expresidente colombiano Uribe sentenciado a 12 años de prisión
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.
La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.
“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.
Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.
El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.
“De la peor manera”
Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.
“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.
“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia
Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
- Fuente: AFP
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