Un grupo de rematadores matriculados en la Corte Suprema de Justicia solicitó al Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) anular la designación de la rematadora Lorena Ramírez Silva, que debe realizar la subasta de varios vehículos de la institución, por la presunta violación del derecho a la defensa y libre concurrencia. La nota de protesta lleva la firma de los rematadores Roque Daniel Trabuco, Édgar Manuel Acuña, Juan Wlligs, Isabelino López Cristaldo y otros.
La irregularidad habría cometido la institución militar debido a que no dio tiempo a otros rematadores a que se puedan presentar al llamado a licitación para designar a un rematador. Los firmantes de la nota exigen a las autoridades del Comando de la FAP que anule la referida designación porque fue la única que se presentó y, en consecuencia, que se realice un nuevo llamado donde se puedan presentar varios rematadores y se pueda realizar con transparencia el sorteo para designar al encargado de realizar la subasta.
Asimismo, el escrito de protesta menciona que se realizó el llamado en días no hábiles, por lo que los rematadores no pudieron reunir todos los documentos que se requieren para poder participar de una licitación para la designación de un rematador para la subasta. Este hecho habría sido dirigido por el Comando de la Fuerza Aérea para poder beneficiar a la rematadora Lorena Ramírez Silva, quien fue la única que se presentó y fue nombrada. Ahora se pide que se deje sin efecto tal designación y se vuelva a realizar otro llamado ante la poca transparencia de la referida institución militar, que debe ser el ejemplo, sostienen.
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Seprelad: Fiscalía acusa, pese a mar de chicanas y abogados de mala fe
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.
Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.
El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.
“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.
Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.
Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.
Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.
El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.
La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
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JEM: representante de Diputados debe ser electo por sus capacidades, sostiene Vallejo
Ante la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo, quien a su vez fungía de representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se debe elegir a un nuevo integrante para el organismo extrapoder. La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo insta a que la elección no sea basada simplemente teniendo en cuenta el partido político.
“Voy a hablar de lo que la ciudadanía espera de la Cámara de Diputados ante este escándalo que se ha suscitado con un representante de esta Cámara ante el JEM, este es el momento que la Cámara debe dar señales claras, creo que la primera fue en un buen sentido aceptar la renuncia de Orlando Arévalo y la segunda debe ser designar una persona que reúna las condiciones”, expresó.
En conversación con diferentes medios de prensa, la legisladora afirmó que no debe ser un simple cambio de una persona por otra, sino que debe haber la voluntad ante la ciudadanía de escoger a una persona capacitada y con la experiencia necesaria, puesto que este representante será quien juzgue a los jueces y fiscales.
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Asimismo, afirmó que no se opondría si le proponen ser la representante de la Cámara ante el JEM, ya que considera que reúne las condiciones necesarias, ya que es magíster en Ciencias Penales, es doctora en Derecho, ejerce la docencia y fue fiscal por muchos años. “Tengo muchos años de ejercicio de la profesión y seguramente cada uno de los abogados que está en la Cámara pondrá también su currículum de tal manera que los compañeros puedan elegir”, expresó.
Igualmente, recordó que dentro de Diputados existen muchos parlamentarios que son de profesión abogado como lo son Rocío Abed y Jazmín Narváez. “Es un gran compromiso, es una institución en la que creo que primeramente se debe hacer una auditoría profunda de todos los casos que existen, cuánto tiempo tienen y actuar con mucha firmeza, sin lugar a duda es un compromiso gigantesco, pero es parte de lo que me podría tocar siendo miembro”, expresó.
Vallejo ratificó que es momento de que los integrantes de la Cámara se guíen por las capacidades y no por los colores o por quien reúne la mayoría. “Este es un momento histórico donde podemos optar en elegir simplemente por el color o por las capacidades, creo que ese debe ser el parámetro y ojalá prime la capacidad esta vez”, sostuvo.
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IPS pidió anular desestimación por cobro indebido de médicos electos concejales en Limpio y Luque
La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) apeló la resolución judicial en la que se desestimó la denuncia penal por cobro indebido de honorarios que había sido presentada contra los médicos y concejales, Gustavo Pereira de Limpio, y José María Meza, de la ciudad de Luque. El abogado, José González Maldonado, en representación del IPS, fue quien firmo el escrito pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la jueza Cynthia Lovera.
Ahora será un tribunal de Apelación el que estudie los argumentos del IPS y resolver si corresponde que la presente investigación siga su curso o se archive en forma definitiva.
El Instituto de Previsión Social, en calidad de víctima, se agravia por lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías, el cual decidió desestimar la denuncia presentada por la previsional, basándose únicamente en el informe presentado por la Universidad Católica de Asunción y en informes de la Municipalidad de Limpio y Luque, respectivamente, resumiendo la actuación de los funcionarios en que los mismos cuentan con cargo docente, sin embargo, argumenta que la fiscala del caso no ha agotado la investigación penal.
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Igualmente, el escrito de apelación refiere que la Fiscalía no ha requerido informe al Instituto de Previsión Social respecto a los rubros en los que se hallan ejerciendo funciones los denunciados, los cuales son rubros administrativos, y no docentes. Tampoco se ha pedido el sumario administrativo contra los citados funcionarios denunciados, que a la fecha se haya culminado. Tampoco se ha investigado qué institución es la que paga el salario de los médicos Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán.
Desde el ente previsional sostienen que existe cobro de doble remuneración por parte de los denunciados Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán, lo que configura una potencial vulneración de sus derechos patrimoniales, que no fue investigado suficientemente por el Ministerio Público.
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Mafia de los pagarés: Fiscalía pidió a empresas de cobranzas lista de expedientes
Los fiscales que investigan el caso conocido como la mafia de los pagarés solicitaron bajo apercibimiento de secuestro, allanamiento e inicio de unas investigaciones por frustración de la ejecución penal a cinco empresas de cobranzas. Solicitaron la remisión de planillas electrónicas (Excel) en formato digital con el listado de expedientes que obran en poder de las empresas de gestión de cobranzas. También el nombre de los apoderados, abogados representantes en las demandas, tramitados o finiquitados, ante los juzgados de Paz de la Capital.
La misma petición será presentada en los próximos días a otras cuatro empresas.
De acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, el inventario solicitado deberá estar discriminado por hoja en la planilla, por Juzgado de Paz y secretaría, con todos los datos necesarios para la individualización de los expedientes respectivos.
El presente pedido se realiza en atención a las constancias obrantes en los libros de retiro de profesionales correspondientes a los Juzgados de Paz de la capital, donde fueron dejadas las constancias respectivas.
Los fiscales a cargo de la investigación también piden a las empresas que informen el listado completo de abogados que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la empresa, así como apoderados o patrocinantes de demandas de preparación de juicios ejecutivos y juicios ejecutivos propiamente; con la mención del número telefónico y dirección del estudio jurídico respectivo, este último en el caso de que no hagan oficina en dependencias de la firma a su cargo.
El pedido se formula en atención a las facultades legales previstas en los artículos 193 y 195 del Código Procesal Penal, respecto al secuestro de objetos o documentos, y con apercibimiento de lo estatuido en el artículo 187 del Código Procesal Penal sobre el allanamiento de recintos privados, con la advertencia de lo dispuesto por el artículo 292 sobre la “Frustración de la persecución y ejecución penal” del código penal.
El pedido realizado por el Ministerio Público deberá ser remitido en el plazo de 5 días hábiles a la Unidad N° 4 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada en las calles 15 de agosto y Haedo, de Asunción.
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