Sergio Coscia, exprocurador y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, desistió de su chicana y se sometió a la Justicia, donde fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión en el marco del proceso penal que soporta por lesión de confianza por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas.
Coscia se presentó ante el juez Humberto Otazú en compañía de sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, y primero desistió de su chicana para luego participar de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Otazú impuso una fianza de G. 1.000 millones para Coscia, quien seguirá con medidas alternativas a la prisión.
En el presente proceso penal también está el actual presidente de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, quien recurrió a chicanas para evitar someterse a la Justicia. Igualmente están imputados la titular de la Diben, Carmen Alonso; Raúl Silva y Omar Mongelós.
En caso de que los abogados defensores sigan este camino, el juez tiene la potestad de poder aplicar sanciones disciplinarias a los profesionales del derecho que actúen de forma irregular al solo efecto de trabar el caso.
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Imputan a militar por presunto abuso sexual de su hijastra de 14 años
El fiscal Jorge Escobar imputó al sargento de la Fuerza Aérea Paraguaya, de 34 años que habría drogado y abusado sexualmente de su hijastra de 14 años. La denuncia pena fue recibida el martes, 6 de mayo, por parte de la madre de la adolescente, que alegó que recibió amenazas.
El representante del Ministerio Público explicó que la comunicación de lo ocurrido se dio desde la institución educativa donde asiste la menor y que desde este lugar activaron el protocolo, así también, convocaron a la madre para comunicarle sobre la situación y realizó la denuncia en sede fiscal.
Afirmó que se imputó al militar por el presunto abuso sexual de su hijastra. “Se solicitó la prisión preventiva en una penitenciaría nacional donde haya disponibilidad según el Juzgado. Es muy destacable la labor de la docente que denunció“, manifestó el fiscal.
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Indicó que la adolescente ya fue inspeccionada por la forense y recibió asistencia psicológica. “No se descarta que haya sido un abuso sistemático, pero eso lo vamos a aclarar con los avances de la investigación en cuanto a la evaluación psicológica y la cámara Gesell. No descartan la posibilidad de inspeccionar al hermano de la estudiante”, detalló.
El hecho se habría dado el pasado 5 de mayo, luego de que el hombre fuera a retirar a la menor y a su hermano de la escuela. Según el relato de la menor, de 14 años, su padrastro le había solicitado que le haga masajes en la espalda, en el interior del dormitorio, para posteriormente manosearla y abusar de ella.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Paralización del tren de moliendas: Petropar presentó denuncia por lesión de confianza
El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Alberto Acuña, manifestó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles, en torno a la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta, que se había truncado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Ayer miércoles se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.
El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra
La acusación refiere que se apunta a la “búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos”. También se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias requeridas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
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Se detalla además que Petropar “ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar“.
Agrega que la situación “representaría la necesidad de recurrir a una inversión adicional que según se estima o detalla estaría aproximadamente en otros USD 30 millones”.
Las afirmaciones de Acuña surgieron tras concretarse recientemente la firma de un preacuerdo entre el gobierno y los cañicultores consistente en que Petropar presentará en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda. “El reclamo es genuino y lo entendemos”, remarcó.
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Filizzola obtiene otro fallo a medida luego de dilatar por años caso por lesión de confianza
El juez Penal de Garantía Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de la prescripción y beneficio con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, por la remodelación de dependencias policiales durante su gestión como ministro del Interior, entre 2008 a 2011.
Con la resolución judicial Filizzola logra impunidad debido a que presentó durante más de 10 años varias chicanas y así evitó ser juzgado por un tribunal de sentencia.
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Blanqueado en caso helicóptero
La jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.
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