El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decidirá este jueves si rechaza o no las chicanas presentadas por el exprocurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, Sergio Coscia, quien recurre a viejas maniobras dilatorias para evitar enfrentar y someterse a la Justicia en el marco de la imputación que soporta por lesión de confianza por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas.
Igualmente, el referido magistrado también se expedirá sobre los incidentes planteados por el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, quien también está imputado en el presente proceso penal, pero hasta el momento aún no renunció a su cargo en el ente. En el presente caso también están imputados Carmen Alonso, directora de la Diben; Raúl Silva y varias personas más.
El objetivo de los defensores de estas personas es suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para los días 19 y 20 de enero, ocasión en la que se tiene que definir si son beneficiados con medidas alternativas a la prisión u otra medida cautelar.
En caso de que Otazú se ratifique en la admisión de la imputación, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación, que tendrá que estudiar las chicanas presentadas en el presente caso y una vez que se resuelva deberá bajar nuevamente al juez, quien tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Exjueza Tania Irún recurre a chicanas para evitar ser juzgada por prevaricato
La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún recurre a chicanas para evitar estar sentada en el banquillo de los acusados debido a que apeló la resolución del juez Yoan Paul López que elevó a juicio oral el caso. Con la presentación hecha por la defensa de Irún, la misma pretende eludir que sea juzgada por el hecho punible de prevaricato por haber entregado presuntamente 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
Irún fue acusada por el Ministerio Público por el delito de prevaricato y se pidió que la misma enfrente un juicio oral y público. Se realizó la audiencia preliminar en la que el juez López resolvió que la exmagistrada sea juzgada como una procesada común y corriente.
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
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También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.
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Filtración de Seprelad: ministro se aparta del caso de Mario Abdo
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Con esto, el caso seguirá estancado en la Corte, teniendo en cuenta que al inhibirse Benítez Riera, se debe proceder a la búsqueda de un nuevo magistrado para que se pueda integrar la Sala Penal de la CSJ y así dar tratamiento a la causa del expresidente, la cual ya carga con una diversidad de chicanas.
Los ministros que continúan son Manuel Ramírez Candia y César Diésel. Las chicanas planteadas por la defensa siguen pendientes de decisión en la Sala Penal; la actuaria de la sala, Karina Penoni, también se ha inhibido del mencionado proceso penal, debiendo buscarse además secretaria.
Exintegrantes del gabinete de Abdo Benítez también se encuentran imputados en la causa, pero los mismos recurren a constantes chicanas para dilatarla, como recusaciones a magistrados y denuncias en torno al proceder de la causa llevada adelante.
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Filtración de Seprelad
En el presente caso, aparte de Mario Abdo Benítez, están imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola. Los delitos que se les atribuyen son revelación de secretos de servicio.
Así también, se alega revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, a filtración de datos de se elabora a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato a presidente de la República, Santiago Peña.
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A Ultranza Py: audiencia para definir si Tío Rico va a juicio oral será este jueves
El 18 de julio a las 9:00 se deberá llevar a cabo la audiencia preliminar para Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, procesado por narcotráfico, asociación criminal y lavado de dinero. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza Rosarito Montanía y será de forma telemática por razones de seguridad.
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak fue quien estuvo al frente de la investigación y solicitó que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
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Acusación
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participaron el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).
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Filtración Seprelad: Giuzzio huye de prestar declaración indagatoria mediante chicanas
Fiel a su estilo, Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, recurrió nuevamente a chicanas para no prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas.
Giuzzio debió comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) se encuentra imputado por siete posibles hechos punibles.
De acuerdo al informe de Aldo Insfrán, periodista del área judicial de Nación Media, Giuzzio mediante su abogado Emilio Fuster solicitó la suspensión de la diligencia fiscal fijada para el próximo 12 de julio a las 8:00.
El argumento utilizado por Giuzzio consiste en que aún quedan varios recursos pendientes de estudio y resolución, es decir, chicanas que fueron planteadas tanto por él como los demás imputados en la causa fiscal abierta tras la denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
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Giuzzio, al igual que el exmandatario Mario Abdo Benítez y el diputado capitalino Mauricio Espínola, está imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
También se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público los exministros Carlos Arregui, René Fernández y otros colaboradores del anterior gobierno, como Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Antecedentes
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte del período de gobierno Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.