El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decidirá este jueves si rechaza o no las chicanas presentadas por el exprocurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, Sergio Coscia, quien recurre a viejas maniobras dilatorias para evitar enfrentar y someterse a la Justicia en el marco de la imputación que soporta por lesión de confianza por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas.
Igualmente, el referido magistrado también se expedirá sobre los incidentes planteados por el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, quien también está imputado en el presente proceso penal, pero hasta el momento aún no renunció a su cargo en el ente. En el presente caso también están imputados Carmen Alonso, directora de la Diben; Raúl Silva y varias personas más.
El objetivo de los defensores de estas personas es suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para los días 19 y 20 de enero, ocasión en la que se tiene que definir si son beneficiados con medidas alternativas a la prisión u otra medida cautelar.
En caso de que Otazú se ratifique en la admisión de la imputación, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación, que tendrá que estudiar las chicanas presentadas en el presente caso y una vez que se resuelva deberá bajar nuevamente al juez, quien tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
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Defensa de gavilla de Abdo tranca proceso con una docena de chicanas
A pesar de que las actuaciones de la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz, quien hizo lugar conforme a la ley a la autorización para la extracción de datos de la Seprelad, y de la magistrada Cynthia Lovera, quien admitió conforme al Código Procesal Penal la imputación por siete delitos contra los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, la defensa de cada uno de los integrantes de la gavilla de Abdo Benítez insiste, a través de la presentación de casi una docena de chicanas, trabar el presente proceso penal.
El hecho más reciente es la recusación que presentó primeramente el abogado Emilio Fúster en representación de Arnaldo Giuzzio contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. Luego el abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los integrantes del tribunal de apelación María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Ahora el expediente está en manos de la sala penal de la Corte, que tendrá que destrabar parcialmente el presente proceso penal que afecta a la gavilla del expresidente Mario Abdo Benítez.
Hasta el momento los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
También otra chicana que se presentó es el recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia del 19 de marzo, donde se admite el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Asimismo, se planteó un recurso de apelación general contra el A.I N.º 31 de fecha 24 de enero de 2024, donde se autorizó vía judicial la extracción de datos de la Seprelad.
Todos los incidentes planteados por la gavilla de Abdo son considerados dilatorios debido a que las actuaciones realizadas por la Fiscalía, así como por las juezas intervinientes, se realizaron estrictamente conforme a derecho y respetando las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.
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Con chicanas, abogados paralizan causa de Abdo Benítez y su gavilla
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.
Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presentaron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
CARLOS ARREGUI
Una nueva recusación presentada por el abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, en contra de los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera quienes deben estudiar si corresponde confirmar a la jueza penal de garantía Cynthia Lovera traba nuevamente que el proceso penal por siete delitos que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus asociados, en el marco de la causa que investiga las filtraciones hechas desde la Seprelad.
Lo inédito del presente caso es que Felino Amarilla recusó al camarista Riera sin saber que este magistrado aún no aceptó entender en el presente caso, es decir, recusó haciendo “futurología”. Con la presente chicana será la sala penal de la Corte Suprema de Justicia quien tendrá que destrabar el presente proceso penal y a su vez también tendrá la posibilidad de poder aplicar sanciones a los abogados que solo presentan chicanas al solo efecto de dilatar el presente caso.
ARNALDO GIUZZIO, RENÉ FERNÁNDEZ Y OTROS
Igualmente los abogados Osvaldo Granada defensor de Rene Fernández, Jorge Rolón Luna en representación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene, Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda y Enrique Kronawetter defensor de Daniel Farías presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la providencia que admitió el acta de imputación y a su vez se fijó la fecha de imposición de medidas cautelares.
Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio había recusado a la jueza Cynthia Lovera, por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
NUEVE IMPUTADOS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de lo siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los delitos.
Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa.
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Abogados paralizan causa contra Abdo Benítez y su gavilla
Los abogados defensores del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y sus excolaboradores se apersonan constantemente en los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa que pesa contra el exmandatario y parte de su exgabinete, para evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas a la espera de dilatar la investigación.
Luego de exponer una recusación en contra de la jueza de Garantías Cynthia Lovera, a cargo de la causa, se presentaron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con el caso, ante la expectativa de entorpecer la investigación por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes (Seprelad).
El abogado Felino Amarilla, en representación de uno de los imputados, el extitular de Seprelad Carlos Arregui, presentó este lunes una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera. Con esta nueva chicana, la Sala Penal de la Corte deberá destrabar el caso y confirmar a los magistrados que deben estudiar la recusación que había sido presentada contra la jueza Lovera.
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Por su parte, el abogado Emilio Fúster, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, también imputado en la causa, había recusado a la jueza Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron apartados de la investigación.
En cuanto a los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, defensor de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, habían presentado inicialmente un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera de admitir el acta de imputación.
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La Fiscalía imputó a Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Guillermo Preda, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado, Mauricio Espínola, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.