La agente fiscal Sandra Ledesma apeló la resolución del juez Enrique Sanabria, quien otorgó medidas alternativas a la prisión a Ramón González Daher, imputado por denuncia falsa en el marco de una investigación por aprietes con cheques.
Ahora será un tribunal de apelación de feria de Central el que tendrá que decidir si ratifica la determinación adoptada por Sanabria o revoca y ordena la prisión preventiva del imputado. La representante del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con la resolución del citado magistrado por lo que solicitó al tribunal de alzada que González Daher sea privado de su libertad.
La agente fiscal indicó que el mismo tiene el perfil y los recursos para obstruir la investigación penal por lo que debe estar privado de su libertad para que se pueda realizar las diligencias que permitan sostener una acusación.
Ramón González Daher también está imputado por el robo de evidencias del Juzgado de Delitos Económicos de Asunción, por quebrantamiento del depósito y cuenta con una condena de 15 años de cárcel que se encuentra pendiente de confirmación en el Poder Judicial, tras ser apelada por la defensa del condenado.
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Filtración Seprelad: Giuzzio huye de prestar declaración indagatoria mediante chicanas
Fiel a su estilo, Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, recurrió nuevamente a chicanas para no prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas.
Giuzzio debió comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) se encuentra imputado por siete posibles hechos punibles.
De acuerdo al informe de Aldo Insfrán, periodista del área judicial de Nación Media, Giuzzio mediante su abogado Emilio Fuster solicitó la suspensión de la diligencia fiscal fijada para el próximo 12 de julio a las 8:00.
El argumento utilizado por Giuzzio consiste en que aún quedan varios recursos pendientes de estudio y resolución, es decir, chicanas que fueron planteadas tanto por él como los demás imputados en la causa fiscal abierta tras la denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
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Giuzzio, al igual que el exmandatario Mario Abdo Benítez y el diputado capitalino Mauricio Espínola, está imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
También se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público los exministros Carlos Arregui, René Fernández y otros colaboradores del anterior gobierno, como Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Antecedentes
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte del período de gobierno Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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A Ultranza Py: pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva del pastor José Insfrán, hermano de Tío Rico, procesado por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza Py. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo ante la referida magistrada.
Ahora la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar y estudiar si corresponde ratificar la prisión preventiva del pastor.
Actualmente, Insfrán está privado de su libertad en la penitenciaría de Emboscada desde febrero de este año, donde por disposición de la jueza Rosarito Montanía el mismo fue trasladado a dicho lugar. En varias ocasiones su defensa pretendió nuevamente ser trasladado hasta la base de operaciones de la Senad pero dicho pedido fue negado.
Según la presente investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py.
Se trata de una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué.
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Caso Jardines de Remansito: procurador aclaró que continuará juicio civil
La Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra los ocupantes de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, zona conocida como “Jardines de Remansito”. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró que no existe ninguna relación entre la causa penal y la causa civil, en torno al tema.
“Desde la Procuraduría, lo que venimos instando y accionando es la acción civil para recuperar la ocupación de los inmuebles, en relación de que contamos con el título de propiedad, inscripto en el Registro Público, y está plenamente demostrada la propiedad del Estado paraguayo”, explicó.
González indicó así que el juicio civil continuará, hasta que los ocupantes sean desalojados del territorio estimado como propiedad del Estado paraguayo, teniendo en cuenta que los documentos presentados por las personas individualizadas no constituyen como título de propiedad.
“En el juicio penal, lo que se estaba investigando es que, además de lo tramitado en lo civil, esto constituía un hecho de lavado de activos, asociación criminal o invasión. Es decir, si se registraban hechos punibles a partir de esta ocupación ilegal”, detalló el procurador general.
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El caso de ocupación
González manifestó que la Fiscalía determinó que los hechos punibles no existen en el caso. Señaló que desde la Procuraduría no se hizo la denuncia, pero sí se acercó toda la documentación pertinente, aparte de brindar la ayuda de conocimiento técnico recabado durante el caso.
“Además de esa información, también evacuamos los pedidos de consulta de los fiscales del caso. Desde nuestra percepción, hay elementos suficientes para sostener la existencia de hechos punibles, pero el titular es el Ministerio Público y debe definir si se reúne o no elementos al respecto”, declaró a la 780 AM.
Con respecto al seguimiento de la causa civil, el procurador indicó que se está buscando dilatar el proceso, con el objetivo de mantener la ocupación ilegal e irregular. Sin embargo, desde la Procuraduría se sigue trabajando para mantener los intereses del Estado sobre los inmuebles.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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