El juez penal de garantías. Gustavo Amarilla, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los imputados por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, Fernando Enrique Balbuena, hijo del exdiputado Elvis Balbuena; Reinaldo David Delvalle Mendoza, Julio Antonio Acevedo, Julio Alejandro Acevedo, Vyktor Melnyk, Críspulo Monzón y Luis Alberto Ávalos Meza. El pedido para decretar la referida medida cautelar fue solicitado por el agente fiscal Ysaac Ferreira.
Además, el juez Amarilla decretó la prohibición de innovar y contratar, así como el secuestro sobre los bienes incautados y secuestrados. Los bienes comisados son: un automóvil BMW, modelo 530 D 2009, una camioneta Volkswagen Amarok, color negro, a favor de Fernando Balbuena; un automóvil Nissan March, color plata, a favor del mismo; un automóvil Toyota Fungcargo, color rojo, y un automóvil Hyundai HB20.
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También se ordenó el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositado en entidades bancarias o financieras y cooperativas, de todos los imputados.
Todos están involucrados en el tráfico internacional de drogas, cuya estructura fue desbaratada el domingo último en Eusebio Ayala, Cordillera y Fernando de la Mora, con la incautación de 943 kilos de cocaína en el primer sitio, siendo el presunto líder, Fernando Enrique Balbuena.
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Nuevo sistema estatal buscará unificar acciones ante desapariciones
El Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sobre esto, la comisario principal Elisa Ledesma, asesora de Ministerio del Interior, dio más detalles y destacó que esta iniciativa representa un instrumento operativo de gestión pública orientado a brindar una respuesta más efectiva y coordinada ante los casos de desapariciones.
“El objetivo principal es dar una respuesta oportuna con enfoque en los derechos humanos, articulando el compromiso de varias instituciones del Estado”, explicó Ledesma al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media,. Señaló que el mecanismo forma parte del proceso de reforma y modernización de la ley de la Policía Nacional.
Una de las prioridades del Ministerio del Interior, según la asesora, es la consolidación de datos estadísticos confiables. En la actualidad, las cifras disponibles no reflejan con precisión la realidad, debido a múltiples factores. “Tenemos estadísticas que no son 100 % fiables. Muchas veces se registra la denuncia de una desaparición, pero cuando la persona regresa, no se actualiza la información en la comisaría”, indicó.
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Además, las denuncias suelen realizarse en distintas instituciones, como el Ministerio Público, los juzgados o las Defensorías de la Niñez, lo que genera la duplicación en los registros. En ese sentido, Ledesma anunció que se trabaja en la implementación de un sistema integrado de información, que permita un canal único para el registro y seguimiento de los casos.
Recursos humanos especializados
“Esto no solo afecta a las desapariciones. Lo mismo ocurre con las denuncias por violencia intrafamiliar. No hay un cruzamiento de datos que permita ver si la persona ya denunció en otras instancias”, agregó. Otro de los desafíos señalados por la comisario es la falta de recursos humanos especializados.
Actualmente, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional está centralizado en Asunción y no cuenta con la capacidad necesaria para cubrir todo el país. Por ello, el nuevo decreto prevé una articulación más amplia con instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para establecer protocolos de actuación conjunta a nivel nacional.
Ledesma también adelantó que se están evaluando alianzas con compañías telefónicas y la posibilidad de utilizar pantallas en paradas de transporte público para difundir los rostros de personas desaparecidas, siempre con autorización del Ministerio Público. “Estos trabajos se hacían antes, pero de manera aislada. Con este mecanismo, buscamos tener un norte claro y acciones concretas”, concluyó.
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Ejecutivo establece un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas
El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.
En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.
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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.
La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.
Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.
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Kronawetter: “El decreto migratorio argentino está vigente, pero aún no es exigible”
El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, dejó en claro que aún no están vigentes las nuevas condiciones migratorias establecidas por decreto del Poder Ejecutivo en Argentina. El alto funcionario afirmó que aún está pendiente la reglamentación, documento en el cual se especificarán los mecanismos de aplicación de la normativa.
“El decreto de necesidad de urgencia, que se dictó hace como una semana atrás, es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo según las normas del vecino país, donde una vez que se publica en la Gaceta Oficial, ya se vuelve vigente. Sin embargo, lo que tiene que ver con el trámite que se hace propiamente en frontera, esa misma norma establece que debe ser reglamentada, eso significa que si bien el decreto está vigente, no está todavía reglamentado”, explicó Kronawetter.
En conversación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el director detalló que esta nueva normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, no contempla aún cómo será el régimen de control de frontera. Por ejemplo, el decreto habla de que el viajero deberá contar con seguro médico, pero aún no se especificó cómo debe ser presentada dicha documentación,
“Tampoco si se va a establecer para cierto kilometraje dentro de la frontera, o sea, todas esas cuestiones únicamente con la reglamentación se van a saber y hasta tanto esa reglamentación no esté elaborada y publicada de manera oficial, todo es una conjetura, es decir, hoy en día necesita los mismos documentos que se tenía ayer, hace un mes o un año, no cambió absolutamente nada”, aseveró.
Asimismo, añadió que tampoco se ha dado a conocer a partir de cuándo esto entraría en vigencia. En este contexto, Kronawetter instó a la ciudadanía en no caer ante informaciones falsas que circulan en redes sociales o portales que hablan de nuevas exigencias. “No tienen ningún asidero oficial”, sentenció y ratificó, “está vigente el decreto, pero no es exigible por falta de reglamentación”.
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Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
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En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.
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