El exprocurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, Sergio Coscia, tiene la intención de dilatar su proceso penal por lesión de confianza, en el marco de la investigación por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas, al contratar a los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann. Los citados profesionales del derecho son hábiles para poder dilatar los procesos penales.
Asimismo, el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, también imputado por lesión de confianza, y la directora de la Diben, Carmen Alonso, no se quedaron atrás y contrataron los servicios del abogado Andrés Casati, quien es conocido por recurrir a chicanas a los efectos de trabar los procesos penales. Un claro ejemplo es el proceso del clan Ferreira por contrabando, donde Casati fue defensor de Justo Ferreira y en otro caso de Patricia Ferreira.
Mientras el imputado Raúl Silva contrató a los profesionales del derecho Rodrigo Yódice, conocido por sus nexos con el diario Abc Color debido a que es defensor de la querellada Natalia Zuccolillo y Arturo Daniel.
Avaló demanda contra el Estado
El exprocurador general de la República Sergio Coscia, actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, avaló no poniendo ningún reparo a una condena multimillonaria contra el Estado paraguayo cuando ocupaba el cargo de procurador general de la República. El monto que se deberá abonar es de G. 2.640 millones.
Dejanos tu comentario
Rescataron a nueve gallos que eran usados para peleas en Concepción
Este viernes, en el departamento de Concepción imputaron al dueño de la vivienda, de la que se rescataron nueve gallos que eran usados para peleas. El allanamiento se realizó tras una denuncia sobre preparación de animales para peleas, que aparentemente se realizaban en el mismos lugar.
Según el reporte policial, el procedimiento se realizó en el barrio Villa Armando de la ciudad de Concepción tras una denuncia de que los animales eran preparados y comercializados para este tipo de actos ilegales. Dentro de la propiedad encontraron a las aves enjauladas.
“El allanamiento se realizó luego de una serie de pesquisas, los investigadores nos trajeron la ubicación y encontramos varios animales que presumiblemente estarían siendo utilizados para estos hechos”, confirmó el fiscal Joel Díaz, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Podés Leer: Capuchinos realizan la bendición de mascotas en cinco ciudades
Señaló que no encontraron la pelea en sí, pero que en el lugar había personas de la tercera edad y también estaban los animales enjaulados, lo que hace presumir que se realizaría este acto. “Las personas desconocían sobre esta ley. El dueño del lugar fue imputado por este hecho”, detalló.
En el lugar fue detenida una persona identificada como Rodrigo Osmar Salinas Galeano, de 45 años, que fue imputado por maltrato y crueldad de animales, este es dueño de la casa donde se realizan presumiblemente estas peleas. “Estamos solicitando medidas, pero se trata de un hecho de delito y eso no implica que esté fuera del proceso”, puntualizó.
Lea También: Cartes visita a adultos mayores y resalta reapertura de Cream
Dejanos tu comentario
Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
Nota relacionada: Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
Te puede interesar: Ley “antipollada” será temporal en la búsqueda de reflotar el seguro obligatorio
Dejanos tu comentario
Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
Puede interesarle: Cinco detenidos y 390 kilos de drogas reportan controles fronterizos en Foz
“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.
Dejanos tu comentario
Abogado califica como “forzada y apurada” la imputación fiscal contra Nenecho Rodríguez
El abogado Claudio Lovera, representante legal del intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, sostuvo que la imputación del Ministerio Público contra el dirigente político adolece de ciertas falencias. Agregó que colaborarán con la investigación y fue contundente en indicar que no existe una conducta penalmente relevante cometido por su defendido.
La denuncia por supuesta corrupción pública contra el jefe comunal fue formulada en el 2021, por un grupo de exdiputados y concejales de la oposición; sin embargo, la imputación fiscal contra Rodríguez por lesión de confianza y asociación criminal en el denominado caso “detergentes de oro” fue promovida en la noche de este último lunes, 2 de setiembre del 2024.
“Que el acta de imputación todavía relate una aproximación muy lejana a la reconstrucción de los hechos me llama la atención, todavía es una cuestión demasiado incipiente, en todo estos años evidentemente no se profundizó”, expresó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Lovera acotó: “esta construcción que se realiza respecto al intendente es muy forzada desde el punto de vista del derecho penal, se nota que hubo cierto apuro para la redacción de la imputación y este apuro no es congruente con la antigüedad del caso”.
Lea también: Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
Señaló que la defensa del jefe comunal se abocará en lograr que el Ministerio Público realice una reconstrucción completa y concreta de los hechos. “Vamos a trabajar contratación por contratación, pago por pago, pero remontándonos a la época de los hechos para poder ver qué es lo que aconteció en ese momento. En las explicaciones que da la Fiscalía en su imputación a nivel de sospechas, se hace una aproximación muy genérica”, comentó.
El abogado siguió argumentando que “La Fiscalía identifica que los procedimientos de selección de oferentes, adjudicaciones y luego los procesos posteriores que tiene que ver con la constatación de la provisión de los bienes adjudicados y el pago, tiene una particularidad que no son procesos llevados a cabo por el intendente y el mismo no cumple una función de ordenador de gastos en el marco de los mismos”.
Agregó además que “siempre en el derecho penal lo primero que se analiza está relacionado con la persona que está más cerca del resultado que se sospecha, pero esta no es la situación del intendente. A partir de esto la Fiscalía trata en forma genérica de construir una supuesta participación penal, pero en verdad responsabilizándose genéricamente de los supuestos resultados que ocurrieron, pero eso que se denomina responsabilidad objetiva por el resultado en materia de derecho penal no rige”.