Durante el año 2021, el Ministerio Público atendió 234.102 denuncias ingresadas en todas las sedes fiscales de nuestro país. Con la citada cifra de denuncias se incrementó en 25% más de casos procesados en comparación con el periodo de 2020.
Las zonas con más denuncias registradas fueron el departamento Central con 77.000, Asunción con 36.573, Alto Paraná con 27.918, Caaguazú con 15.287 e Itapúa con 13.167. Los datos consignados corresponden de enero a diciembre del 2021. Los meses con altos índices fueron diciembre con 21.630, agosto con 21.264, noviembre con 21.040, marzo con 21.007 y setiembre con 20.736 casos. El delito de violencia familiar y hurto agravado fue uno de lo más denunciados el año pasado.
Tanto en el 2021 como en el 2020, la Dirección de Denuncias Penales registra entre los hechos más frecuentes los hechos de violencia familiar, hurto agravado y hurto, robo agravado, amenaza, estafa e incumplimiento de prestación alimentaria. También se registran exposición al peligro en el tránsito terrestre, denuncias por abuso sexual y lesión, entre las tipificaciones más habituales.
Numerosas de las denuncias ingresadas en varias sedes del Ministerio Público fueron igualmente desestimadas debido a que en muchos casos no configuraban un hecho punible, por lo que se archivaron las denuncias formuladas.
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Fiscalía procesa a una mujer por violencia contra sus hijos y su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Miguel Figueredo, titular de la Unidad Penal de Hernandarias, imputó y pidió la prisión preventiva de una mujer de 41 años por supuestos maltratos a sus cuatro hijos menores y a su pareja, a quienes además habría amenazado de muerte con un cuchillo.
Los hechos ocurrieron el 4 de julio, alrededor de las 02:30, cuando la mujer forzó a golpes la puerta principal de su vivienda, ubicada en el barrio Fátima de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.
La mujer había salido de la casa y al volver se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, señala el escrito fiscal. Una vez dentro de la casa, la hoy imputada, comenzó a maltratar verbalmente a sus hijos, cuyas edades están entre 6 y 17 años, insultándolos y denigrándolos.
En ese momento intervino su concubino y padre de sus hijos para intentar detenerla, pero la mujer tomó un cuchillo y amenazó de muerte a todos. Ante la gravedad de la situación, una de las hijas dio aviso a agentes policiales quienes acudieron a la casa y procedieron a la aprehensión de la madre, quien quedó a cargo del Ministerio Público.
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Las víctimas declararon que no es la primera vez que la mujer se comporta violentamente contra sus hijos y su pareja, porque ya ocurrieron hechos similares en reiteradas ocasiones. Ante esto, el fiscal Miguel Figueredo procedió a la imputación y al pedido de la medida cautelar.
La identidad de la procesada y de las víctimas se mantienen en reserva para proteger la identidad de los menores de edad, tal como dispone el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Imputan a falso médico por producción indebida de certificados de salud y otros
El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.
De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.
Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.
Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.
El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Imputan al intendente de Encarnación por derrumbe que dejó dos víctimas fatales
El Ministerio Público imputó al intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el trágico derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 2 de abril en la capital de Itapúa, que ocasionó el fallecimiento de una mujer y de su nieta.
Además del jefe comunal, otras cinco personas fueron procesadas por el mismo caso. De acuerdo con la información oficial, algunas de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, mientras que otras figuran como cómplices en la causa penal abierta por los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez.
Los demás imputados son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Los hechos están caratulados como homicidio culposo y realización de actividades peligrosas en la construcción. El colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena, y en todo el país, que exige respuestas sobre los controles y responsabilidades en torno a las obras civiles autorizadas por la municipalidad.
El representante legal de la familia de las víctimas, Rolando Aquino, había manifestado que el intendente encarnaceno tenía una responsabilidad en el siniestro y que debía ser imputado por la Fiscalía. "El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", fueron las palabra del abogado para una entrevista pasada a Nación Media.
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