El fiscal Miguel Quintana, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando, imputó a 4 personas por el ingreso y tenencia de 15.450 kilos (15 toneladas) de carne vacuna aparentemente de contrabando. Se trata de Matías Hernán Fariña, ciudadano argentino; Orlando Manuel Aquino Barreto, Juan Carlos Villaverde e Ignacio Ramón Patiño Saldívar, todos de nacionalidad paraguaya.
De acuerdo con los datos brindados por la Fiscalía, la carga era traída del lado argentino para su comercialización en el mercado local. Además de la imputación, el agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos la aplicación de la medida cautelar de prisión a raíz de que la conducta de los sindicados se subsume en lo descrito en la modificación del artículo 336 del Código Aduanero.
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En ese sentido, hay que señalar que la normativa sanciona estos supuestos hechos con una pena mínima de 5 años de pena privativa de libertad, catalogado como crimen y en el de soborno por ofrecer suma de dinero al personal policial para que estos no cumplan con su deber y dejar transitar la mercadería. Esto hace que exista la sospecha del peligro de fuga por parte de los sindicados para no someterse al procedimiento.
La incautación de la carga que era transportada en dos vehículos fue resultado del trabajo interinstitucional realizado en el marco de un operativo entre la Policía Nacional, el Senave y la Unidad Especializada de lucha contra el Contrabando del Ministerio Público.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Fiscalía podría requerir datos vía exhorto a Seychelles
El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del periodista argentino Luis Gasulla, publicada en el portal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuentas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancionada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contestar pedidos de asistencia de cooperación penal internacional, particularmente en materia de cuentas bancarias, contenidos, saldos movimientos. Esta es una legislación interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documentación bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocultaron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
CONVENCIÓN DE PALERMO
“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas internacionales y vigencias de normas internas la obligación de contestar solicitudes de asistencia internacional”, reiteró el experto en leyes.
El abogado detalló que, de generarse una investigación por parte del Ministerio Público, la institución podrá requerir informaciones vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancillería. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investigación en base a las contingencias que va teniendo”, dijo.
“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdicciones. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valores que son de todos”, refirió Fernández Zacur.
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Fiscalía confirma que iniciará una investigación contra Abdo
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la institución a su cargo iniciará una investigación al expresidente Mario Abdo Benítez por los supuestos USD 21 millones no declarados que tiene en un paraíso fiscal, específicamente en Seychelles, África. Ante la relevancia de la información dada a conocer por medios argentinos, afirmó que necesitan recolectar elementos para determinar si existe la presunción de un hecho punible
“Tiene que haber una investigación preliminar a cotejar esas informaciones y todo lo que sale en primera plana, se recurre a la fuente, normalmente si el hecho punible amerita se conforma un equipo de trabajo y el resultado de esa investigación ameritará la toma de una decisión”, indicó en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón aclaró que recién están en la etapa inicial y que aún hay mucho trabajo por delante ya que cuando se cuenta con informaciones de esta característica y que afectan a personas de gran trascendencia como lo es un expresidente de la República, se debe actuar de forma equilibrada y evaluar toda los datos de modo a evitar que el caso se contamine. “Nos toca, es difícil y arduo“, sostuvo.
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La etapa preliminar de la pesquisa hacia el exmandatario podría desencadenar en la conformación de un equipo, esto si se determina que el caso es muy complejo, explicó el fiscal general. “La Fiscalía debe hacer lo que le corresponde, comenzar a realizar los trámites ordinarios de la investigación para que esos elementos iniciales de esa información se conviertan en evidencia“, detalló.
La información difundida por el medio de comunicación argentino PeriodismoyPunto habla de que el expresidente tendría USD 21 millones en Seychelles. El dinero no ingresó de un solo depósito, sino que se hizo de manera fraccionada y tendría como origen otras empresas. “Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero“, advirtieron periodistas argentinos.
Desde la Fiscalía no se intentó sacar relevancia a la investigación periodística y aseguró que se trabajará de modo a determinar la veracidad. “Son realidades que el Ministerio Público debe cotejar, la formulación de garantías de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento procesal exige ese tipo de información para que los requerimientos del fiscal tengan sustento y que el juez penal pueda otorgar la requisitoria que se plantea”, expuso.