El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

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Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

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El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.

La fiscal Yrides Ávila confirmó a Nación Media la apertura de una investigación contra el exdiputado Orlando Arévalo por varios hechos punibles. En este momento, el Ministerio Público está abocado en poder recolectar informaciones y afirmó que habrá bastante prudencia en todo lo relacionado con los chats en los que se vio envuelto el exlegislador.

“La denuncia es recibida en la Fiscalía de Lambaré en fecha 10 de febrero y a partir de esa ahí empezamos a impulsar las diligencias para ir averiguando el contexto de los hechos que se denunciaron”, manifestó la agente del Ministerio Público en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

En este sentido, mencionó que a partir de la denuncia, se realizó una convocatoria a Arévalo para prestar declaración, no obstante este concurrió y se justificó, señalando que ya tenía cuestiones laborales establecidas con anticipación y que esto le impedía acudir a la cita. En total son seis los hechos punibles que le adjudican al exdiputado.

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Lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes son los delitos en los que habría incurrido a Arévalo, por lo que la Fiscalía iniciará solicitando informes a diversas instituciones de modo a avanzar en la investigación y aportar mayor información al expediente.

“En su momento será valorado por el Juzgado (los chats) y nosotros como Fiscalía también ofrecer aquellas pruebas dentro de lo que sea lícito. En este momento la denuncia tiene un amplio espectro donde mezclan situaciones que yo entiendo ya fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público a través de un órgano jurisdiccional, entonces es importante determinar y delimitar cuáles son los hechos que van a ser investigados por una y otra Fiscalía”, expuso.

Asimismo, indicó que se debe tener la prudencia necesaria con relación a las acusaciones que se hacen por los medios de comunicación y la investigación de concentrarse en los hechos concretos que van a ser identificados en medio de la pesquisa. “De hecho, en la información que presenta de forma primaria se mezclan todos los hechos y se relatan, y de alguna manera están conectadas, pero hay que delimitar los hechos punibles que corresponden a esta Fiscalía”, aclaró.

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Cándido Vázquez Sandoval, el hombre que habría azotado con cinto a su esposa embarazada de 7 meses, fue imputado por la agente fiscal Liliana Denice Duarte, quien solicitó su prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos. El imputado enfrenta cargos por violencia familiar y se encuentra detenido con pedido de prisión preventiva.

El violento hecho ocurrió debido a que la mujer le llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a su marido para pedirle dinero para la cena de sus hijos, a los que mandó a dormir luego de comer un poco de pan. El incidente ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la vivienda de la pareja, ubicada en el km 14 Acaray de Minga Guazú.

Ante la falta de respuesta y la necesidad de alimentar a sus hijos, la mujer les dio pan y los acostó a dormir. Siguió intentando comunicarse con su esposo hasta pasada la medianoche, pero finalmente se quedó dormida. Ya en los primeras horas del 9 de febrero, Vázquez Sandoval llegó a la casa en estado de ebriedad.

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La mujer, para evitar que despertara a los niños, le abrió la puerta y esperó a que se duchara y se acostara. Sin embargo, al ingresar a la casa, el hombre la increpó por haberlo llamado varias veces y luego la agredió físicamente con un cinto, propinándole golpes en varias partes del cuerpo.

Tras la agresión, el hombre se acostó a dormir. Por la mañana, la mujer, temiendo por su seguridad y la de sus hijos, se refugió en la casa de su padre, ubicada en el km 13,5 Acaray. Posteriormente, se dirigió al Hospital Distrital de Minga Guazú y finalmente radicó la denuncia en la sede policial.

Luego de la intervención de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, un médico forense del Ministerio Público examinó a la víctima y constató que presentaba signos de violencia física, incluyendo hematomas y escoriaciones en el abdomen, brazos y piernas, compatibles con haber sido azotada con un cinturón u objeto similar.

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