Quedó suspendida la audiencia de imposición de medidas cautelares para el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza junto a otras 14 personas más por las supuestas obras fantasmas en la citada gobernación.
La diligencia judicial se pospuso debido a que no se tiene un juez competente que pueda entender en el proceso penal debido a que el magistrado Humberto Otazú impugnó la inhibición de su colega José Delmás. Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir quién será el juez que atenderá el proceso penal contra Hugo Javier González y los demás procesados.
El jefe departamental señaló que “la imputación es con base en un hecho punible y eso se va a investigar y mientras dure la investigación y hasta que salga la decisión final, el derecho constitucional de todo ciudadano paraguayo es la presunción de inocencia”.
Incidente de nulidad
El abogado Andrés Casati, defensor del gobernador de Central, presentó un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que el proceso que se le impuso a su representado por lesión de confianza lo deja en “un estado total de indefensión”. En ese sentido, agregó: “Solicitamos también la nulidad de la imputación atendiendo que las conductas atribuidas a mi defendido no cuentan con especificaciones concretas sobre su supuesta actuación y participación de los hechos imputados a Hugo Javier González”, manifestó el profesional del derecho.
Podés leer: JEM destituyó a la jueza Tanía Irún por mal desempeño de sus funciones
Dejanos tu comentario
“Confío en la Justicia”, dice Rodríguez tras imposición de medidas
El juez de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, aplicó una fianza de G. 500 millones, con comparecencia trimestral y comunicar cada salida y retorno al país al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, en el marco de la causa de supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
Tras la audiencia la audiencia de imposición de medidas, a la cual acudió acompañado de su abogado Claudio Lovera, el intendente capitalino sostuvo que confía en la justicia y que todo el caso pueda ser esclarecido. “Que esto concluya, se esclarezca, se demuestre la realidad. Confío en el Poder Judicial, confío también en la fiscalía y en el trabajo que ellos van a realizar”, dijo el intendente.
La causa por la cual fue imputado Rodríguez fueron las supuestas irregularidades en la compra de productos de limpieza para la Municipalidad de Asunción, en época de pandemia. El caso surgió cuatro años después de esta supuesta compra irregular, y la fiscalía sostiene que existiría un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones.
“Si bien es cierto, esta es una situación de hace ya cuatro años aproximadamente, y ahora salió el acta de imputación. Si bien es cierto, nosotros hemos cuestionado algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo”, expresó Rodríguez, y sostuvo que a pesar de estos cuestionamientos se presentó ante el juzgado sin presentar chicanas.
“Como dije desde un principio y conversé con mi abogado, nosotros, a diferencia (de otros), no presentamos ninguna chicana, no hemos manifestado o tratado de evadir la primera convocatoria, estuvimos presentes. En un mes, nosotros ya estamos en el juzgado, como corresponde”, apuntó.
Refirió además que es el más interesado en que se esclarezca esta situación. “Somos los primeros interesados en que esto concluya y demostrar la realidad de las cosas. A mí me gustaría dejar esto en manos del Poder Judicial que resuelva, aquí la fiscalía es la que debe demostrar las pruebas, si bien es cierto, lo de lesión de confianza”, puntualizó.
Dejanos tu comentario
Exgobernador de Central afrontará un segundo juicio oral
El magistrado de Garantías, Rodrigo Estigarribia, resolvió rechazar todos los incidentes promovidos por la defensa de Hugo Javier González Alegre y elevó la causa a juicio oral para el exgobernador de Central, durante la audiencia preliminar realizada este jueves. También el exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas, será juzgado en la causa por el presunto desvío de G. 18.300 millones en perjuicio de la Gobernación, entre los años 2019 y 2020.
En otra carpeta fiscal, el exgobernador González también está acusado, junto a otros cinco funcionarios, por el supuesto desvío de G. 5.105.000.000 de los fondos covid, en el año 2020, en un juicio oral y público que inició en junio pasado. En esta segunda causa, el agente fiscal Leonardi Guerrero sostiene una acusación contra el exgobernante y conocido exanimador de televisión por lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Lea más: Corte ordenó auditar juzgados de Garantía de varias zonas por llamativo casos de abigeato
La segunda acusación del Ministerio Público manifiesta que el extitular de la Gobernación Central y otros funcionarios armaron un esquema para realizar las millonarias transferencias para la supuesta ejecución de 51 proyectos que fueron a parar al Consejo Regional de Salud del departamento de Central, la Asociación Integral de Apoyo Profesional, la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro. Nacional de Organizaciones Populares y la Asociación Ecodesarrollo.
Estas transferencias indebidas se hicieron entre marzo del 2019 y diciembre de 2020, y todo se desarrolló en contra de las disposiciones dictadas por ley. Según la Fiscalía, de los G. 24.424.032.733 desembolsados, el envío del dinero de la Gobernación de Central asciende a G. 18.384.427.005. En la primera causa elevada a juicio intervinieron los fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, mientras que el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres tomó ese proceso.
Lea también: Ratifican prisión de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Lalo Gomes
Dejanos tu comentario
Juez admite imputación contra el intendente de Asunción
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación formulada contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, investigado por lesión de confianza y asociación criminal por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
El magistrado estableció para el 3 de octubre, a las 8:30, la fecha para la audiencia de imposición de medidas, informó el cronista de judiciales de canal Gen/Nación Media Aldo Insfrán. El Ministerio Público requirió algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva para los imputados.
En la causa, impulsada por el equipo fiscal conformado por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, también están imputadas otras 21 personas, algunas ya exfuncionarias. Para la Fiscalía, el jefe comunal fue la cabeza del esquema fraudulento denunciado durante la pandemia que además involucró a propietarios de las empresas proveedoras.
Nota relacionada: Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
Rodríguez se defendió indicando que los fiscales lo imputaron por su labor como intendente. “Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos”, expresó ayer al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe comunal sostuvo que no firmó “ningún documento que no sea la única resolución” para la compra y remarcó que ”según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante del titular de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que no existe una conducta penalmente relevante cometida por su defendido en la investigación y calificó de “forzada” la imputación contra su cliente.
Te puede interesar: Ley “antipollada” será temporal en la búsqueda de reflotar el seguro obligatorio
Dejanos tu comentario
Denuncia número 41 contra Miguel Prieto, esta vez por licitación para mensura de exfinca 66
Miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentaron la décima denuncia por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es por la Licitación Pública Nacional para la contratación de una empresa consultora que se encargue de la mensura de la exfinca 66.
“Hemos detectado graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, por la suma de casi 2.700 millones (G. 2.673.000.000)”, dice parte del escrito de denuncia.
“De acuerdo a nuestro análisis, el intendente municipal abonó al margen de la ley, sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad, causando un grave perjuicio patrimonial”, refiere la Contraloría Ciudadana.
Una de las pruebas presentadas es la lista de servicios y costos que contiene el contrato, en el que todos los trabajos tienen exactamente los mismos montos cada uno. Según la denuncia, cada uno de los trabajos tiene el mismo costo de 267 millones de guaraníes, totalizando los 2.673 millones de guaraníes.
Estudios de antecedentes de título, relevamientos y amojonamiento de los inmuebles, publicación de la mensura judicial, constitución de un juez para el inicio de la mensura y, acompañamiento del MOPC y del Servicio Nacional de Catastro, son los cincos trabajos que figuran en el contrato, con los costos iguales.
Puede interesarle: Cinco detenidos y 390 kilos de drogas reportan controles fronterizos en Foz
“La licitación para instaurar la acción de mensura judicial era absolutamente innecesaria porque la institución municipal tiene una dirección jurídica, unos 40 asesores jurídicos y, todos los otros casos fueron hechos por misma dirección sin contratación externa”, refirió a La Nación/Nación Media, el abogado Víctor Enriquez, abogado y miembro de Contraloría Ciudadana.
Igualmente, señalan que la comuna cuenta en su plantel con cuatro profesionales topógrafos que podían haber sido parte de un equipo de trabajo municipal, sin necesidad de contratar a una consultoría y, sobre todo, por el monto millonario que supuestamente se usó para eso, según el abogado Enriquez.
“Como se puede observar, todos los rubros citados, llamativamente tuvieron el mismo costo. Esto demuestra que, debido a la poca importancia que le dan al manejo de la cosa pública y lo importante es apropiarse de los fondos de la municipalidad, ni siquiera se preocuparon en diferenciar los costos de cada servicio”, dice la denuncia.
En la denuncia sostienen que algunos de los ítems por los cuales fueron pagados, en realidad tienen costo cero y en otros se pagaron sumas mucho más grandes que los costos reales de esos servicios. Como sustento de la denuncia, también relataron sobre cada uno de los servicios que contempla el contrato y el costo que en realidad debería haber tenido.
La denuncia presentada contra el intendente Miguel Prieto, es la número 41, de las cuales, diez fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana, incluyendo la de ayer.