El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de su cargo a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún tras comprobarse que la misma incurrió en mal desempeño de sus funciones, al otorgar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas que serían de maletín.
Los integrantes del JEM Jorge Bogarín, Manuel Ramírez Candia, Hernán Rivas, Rodrigo Blanco y Luis María Benítez Riera votaron por la destitución de la criticada magistrada, quien deberá retirar sus cosas de la oficina y abandonar la sede judicial. Por su parte, los integrantes del jurado que votaron por blanquear a la magistrada son Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta y Mónica Seifard.
Es importante señalar que cada integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) recibió la pericia georreferenciada realizada por el perito geógrafo Celso Gustavo Salinas Barreto, quien concluyó en su informe que 24 inmuebles que la jueza Irún ordenó transferir a nombre de empresas extranjeras están en la zona de seguridad fronteriza, confirmando así la irregularidad y el desconocimiento de la ley por parte de la magistrada del fuero civil.
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Denuncia penal
Actualmente la destituida jueza Irún está siendo investigada penalmente por la fiscala Natalia Fúster, quien tendrá la tarea de formular la imputación contra la jueza, debido a que la misma habría cometido el delito de prevaricato a raíz de que violó la Ley N° 2.532/05 de seguridad fronteriza.
El presente caso está avanzando y se ha solicitado informes a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa Nacional que confirmó que las tierras entregadas por Irún están dentro de la franja de seguridad fronteriza.
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JEM abre investigación a juez y a fiscales que allanaron casa de Gomes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dirigido por la doctora Alicia Pucheta, resolvió ayer en mayoría de sus miembros la apertura de una investigación preliminar al juez penal de Garantías, Osmar Legal, y a los fiscales Osmar Alberto Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, en el marco de las averiguaciones del allanamiento que se realizó en la casa donde resultó muerto el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero.
De los 8 miembros del JEM, siete votaron a favor para remitir los antecedentes del caso para la apertura de la investigación preliminar. El voto en contra fue el del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia.
Al momento de argumentar su voto en contra, Ramírez Candia dijo que si bien se trató de un hecho grave, no se puede evidenciar responsabilidad del juez ni de los fiscales. Indicó que a su criterio, los operadores de la Justicia actuaron conforme a lo que establece la ley.
Mientras que se ratificaron a favor de la investigación los otros miembros: Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana y Alejandro Aguilera.
El diputado Arévalo indicó que “llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, tiene que ser investigado. Los funcionarios públicos, los actores de la Justicia, tenemos que estar acostumbrados al control”.
ANTECEDENTE
La casa del diputado Lalo Gomes fue allanada el pasado 19 de agosto, con una orden del juez Osmar Legal, dentro del Operativo Pavo Real II, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden judicial habilitaba a los fiscales actuar incluso en horas nocturnas. El operativo de allanamiento se realizó en horas de la madrugada cuando el diputado estaba en su dormitorio con su esposa, y al percatarse de la presencia de extraños en su residencia se resistió abrir la puerta y procedió a disparar contra los intervinientes. Estos a su vez respondieron y dieron a la humanidad del diputado.
Según relatos de los agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) y efectivos de de la FOPE.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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JEM pide ampliación presupuestaria para fortalecer la institución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.
Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.
Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.
La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.
También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.
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Cámara de Apelación debe estudiar si confirma juicio oral contra exjueza Tania Irún
El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.
Acusación
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.