El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.

Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.

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En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.

Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.

Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.

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El director de Migraciones de Paraguay Jorge Kronawetter explicó que el gobierno de la Argentina aún no emitió la reglamentación para que se implementen las nuevas políticas migratorias del vecino país, para el ingreso de extranjeros. Entre las principales reformas, obliga a los migrantes a contar con un seguro médico en su país de origen.

Este jueves, el gobierno de Javier Milei, publicó en su boletín oficial el Decreto 366/2025, en el cual implementan una significativa reforma migratoria, en lo que establece los criterios para la residencia de extranjeros y facilitar los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. Esto además de establecer mayores controles en las fronteras y la regularización de la situación de inmigrantes, entre otros puntos.

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Al respecto, Kronawetter explicó a La Nación/Nación Media que aún falta que se emita la reglamentación de este decreto para que pueda ser aplicado en los puestos de control migratorios.

Informó que sus pares de migraciones de la Argentina le confirmaron que este lunes próximo comenzarán a trabajar en ese decreto reglamentario, pero no tiene fecha en que sea publicado. Por tanto, informó que las medidas establecidas en el decreto de reforma migratoria aún no está siendo aplicadas por el momento.

“No se reglamentó el decreto, por lo que, aún no es una exigencia el seguro médico que es de alguna forma lo novedoso entre los requisitos que eran normales cuando se quería ingresar a ese país. En el decreto se estableció que ese seguro médico se debe demostrar a través de una declaración jurada. Entonces, esa parte para saber de qué manera se debe presentar esa declaración jurada es lo que falta reglamentar”, explicó.

Señaló que en la reglamentación se deberá establecer si esa presentación de declaración jurada del seguro médico se hará de forma impresa, o a través de medios electrónicos. Indicó que esos aspectos aún están pendientes para que puedan ser exigibles.

“No tenemos aún fecha de aplicación, cuando ellos tengan establecida la reglamentación nos estará avisando para que se pueda dar la difusión correspondiente con antelación debida. A fin de que ningún compatriota tenga dificultad al cruzar la frontera”, acotó.

Otro punto que también esperan se determine en la reglamentación del plazo de estadía, dependiendo del tiempo que uno vaya a quedarse, ya sea por más de 10 a 15 días. Así también, falta determinar si se va a exigir para aquellos casos de tránsito vecinal, es decir, para las comunidades fronterizas que ingresen al país por unas horas en el día, si quedarán excluidos o no.

“No sabemos aún cuáles serán los criterios que establecerán en la reglamentación. Lo que nos dijeron, porque estamos en comunicación directa, es que comenzarán trabajando a partir del próximo lunes en la reglamentación. Una vez que terminen, nos harán saber para que nosotros podamos hacer la correspondiente divulgación”, precisó.

Kronawetter indicó que tienen expresado el compromiso de sus pares argentinos de que cualquier tipo de medidas que tomen, no deberá entorpecer el dinamismo que se tiene en la frontera.

En cuanto a las condiciones a nivel del Mercosur y este decreto del gobierno argentino, aclaró que no afecta el pacto regional, ya que en el bloque se establece el libre tránsito de bienes y servicios. No así el libre tránsito de las personas.

“Este decreto no afecta de ninguna manera el acuerdo del Mercosur, ya que está en la prerrogativa de cada país, dentro de sus políticas migratorias y su soberanía”, concluyó.

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El Poder Ejecutivo, mediante el decreto N° 3900, oficializó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2025-2028, que será implementada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en fortalecimiento de la seguridad digital del país.

La aprobación de esta iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo extenso y colaborativo, que se intensificó en los últimos meses e involucró a diversos actores. El decreto fue firmado por el presidente en ejercicio y vicepresidente, Pedro Alliana, tras la reunión con el ministro Gustavo Villate.

De acuerdo al informe oficial del Mitic, el visto bueno para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 marca un paso trascendental en el camino que sigue Paraguay hacia un ecosistema digital más seguro e inclusivo.

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Destacan que este logro consolida el proceso de actualización iniciado en marzo de 2024 y considera los avances del Plan Nacional de Ciberseguridad 2017, en respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante transformación.

“Con una visión renovada, la nueva estrategia despliega un marco integral que actualiza y moderniza las líneas de acción. Asimismo, fortalece la gobernanza, promueve la cooperación nacional e internacional, y prioriza un enfoque centrado en las personas, con especial atención a los grupos más vulnerables", expresa el comunicado.

Asimismo, señala la participación activa de múltiples actores, que involucraron al gobierno, sector privado, academia y sociedad civil organizada, fue fundamental para la construcción de una hoja de ruta que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones del país en materia de ciberseguridad.

Mencionan que, durante los últimos meses se intensificaron los esfuerzos para la consolidación de esta estrategia, asegurando su pertinencia y viabilidad para el contexto de la realidad nacional.

“El Mitic, en su calidad de autoridad nacional en materia de ciberseguridad, asumirá la responsabilidad en la implementación, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esta función incluye la aprobación de revisiones o actualizaciones que se consideren necesarias", precisa el comunicado.

Igualmente, señala que será la entidad encargada de definir la estructura, competencias y funciones de los mecanismos de coordinación interinstitucional que se implementen en el marco de esta estrategia.

Finalmente, resaltan que este documento, está respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICTE), posiciona a Paraguay como referente en la región al incorporar estándares internacionales, buenas prácticas y mecanismos sostenibles para la protección de infraestructuras críticas, el desarrollo de capacidades técnicas y humanas, y la promoción de una cultura de seguridad digital.

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El Poder Ejecutivo firmó este jueves un decreto que establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes establecidos para el programa Hambre Cero. Este documento brindará mayor seguridad en los negocios, exigiendo la presentación de facturas de manera mensual.

El anuncio fue brindado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien rubricó el decreto n.° 3.899, a partir de una evaluación que se realizó con el presidente Santiago Peña, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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El ministro Rojas explicó que, mediante el decreto presidencial, se establece que las empresas contratadas para proveer alimentos a las escuelas, en el marco del programa Hambre Cero, deberán comprar de la agricultura familiar un 10 % de sus productos. Igualmente, señaló que la normativa establece que se deberá comprar un 5 % de las mipymes sobre el monto total, pero facturando de manera mensual.

“Esto estaba contemplado en los lineamientos del contrato, pero no así dentro de la Ley de Alimentación Escolar Hambre Cero, ni tampoco en el decreto reglamentario. Por eso, se vio necesario oficializar por decreto. Hoy se establece con este decreto la adquisición obligatoria dentro de los porcentajes establecidos", explicó Rojas.

No obstante, el secretario de Estado resaltó que lo principal de este decreto es que se determina que, para el pago por el servicio hecho por las empresas, se debe exigir en el proceso la presentación de las facturas de compras directas de la agricultura familiar campesina y de las mipymes en forma mensual.

“Esto generaba algunas dudas y, en algunos casos, se ha encontrado que no se estaba exigiendo la presentación de las facturas en forma mensual de las compras directas de la agricultura familiar campesina y mipymes. Ahora con este decreto se establece la obligatoriedad de la presentación, para iniciar el proceso de pagos”, acotó.

Asimismo, informó que con el presente decreto se establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de este trámite. Además, se le obliga a las empresas proveedoras a la carga de las facturas de forma mensual al Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), a través de sus respectivos usuarios otorgados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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