Tras filtrarse el blanqueamiento masivo de varios jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), los integrantes del citado órgano decidieron posponer el estudio de la sentencia de destitución o no de varios jueces, camaristas, que estaba previsto analizar en la sesión de este martes.
El integrante del JEM Luis María Benítez Riera solicitó a sus colegas posponer el estudio de los casos que están para resolver, debido a la complejidad que tiene cada caso. Ante la solicitud del ministro de Corte, todos los demás miembros aceptaron postergar el estudio de ocho casos de jueces que debían ser analizados para una posterior destitución o no de sus cargos.
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Uno de los casos que debían ser analizados por los integrantes del JEM es el de Mirtha Estela Sánchez, camarista de Amambay, involucrada en el conocido caso del sorteo de la vergüenza. Igualmente, debía ser analizada la situación de la jueza de ejecución de Asunción Mercedes Aguirre, enjuiciada con suspensión por un caso de narcotráfico. También se tenía que estudiar el caso de la magistrada Tania Irún. Estos y otros casos serán estudiados en dos sesiones, respectivamente.
Participaron de la sesión del JEM Fernando Silva Facetti, actual presidente del JEM; Jorge Bogarín, Mónica Seifart, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Hernán Rivas, Enrique Bacchetta y Rodrigo Blanco.
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JEM abre investigación a juez y a fiscales que allanaron casa de Gomes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dirigido por la doctora Alicia Pucheta, resolvió ayer en mayoría de sus miembros la apertura de una investigación preliminar al juez penal de Garantías, Osmar Legal, y a los fiscales Osmar Alberto Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, en el marco de las averiguaciones del allanamiento que se realizó en la casa donde resultó muerto el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero.
De los 8 miembros del JEM, siete votaron a favor para remitir los antecedentes del caso para la apertura de la investigación preliminar. El voto en contra fue el del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia.
Al momento de argumentar su voto en contra, Ramírez Candia dijo que si bien se trató de un hecho grave, no se puede evidenciar responsabilidad del juez ni de los fiscales. Indicó que a su criterio, los operadores de la Justicia actuaron conforme a lo que establece la ley.
Mientras que se ratificaron a favor de la investigación los otros miembros: Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana y Alejandro Aguilera.
El diputado Arévalo indicó que “llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, tiene que ser investigado. Los funcionarios públicos, los actores de la Justicia, tenemos que estar acostumbrados al control”.
ANTECEDENTE
La casa del diputado Lalo Gomes fue allanada el pasado 19 de agosto, con una orden del juez Osmar Legal, dentro del Operativo Pavo Real II, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden judicial habilitaba a los fiscales actuar incluso en horas nocturnas. El operativo de allanamiento se realizó en horas de la madrugada cuando el diputado estaba en su dormitorio con su esposa, y al percatarse de la presencia de extraños en su residencia se resistió abrir la puerta y procedió a disparar contra los intervinientes. Estos a su vez respondieron y dieron a la humanidad del diputado.
Según relatos de los agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) y efectivos de de la FOPE.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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JEM pide ampliación presupuestaria para fortalecer la institución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.
Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.
Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.
La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.
También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.
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El JEM investiga a jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.
Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.
Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.
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