Se suspendió la audiencia preliminar para Pablo Suárez y María José Arce, acusados de haber estafado a los futbolistas Rodrigo Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro. La diligencia judicial se tenía que realizar ante la jueza penal de Garantías, Inés Galarza, pero se pospuso debido a que existe pendiente de estudio y de resolución una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de los acusados recurrió a la Sala Constitucional de la Corte tratando de que la máxima instancia judicial pueda declarar la extinción del proceso y disponer el sobreseimiento definitivo de los dos procesados.
Ahora serán los ministros de la Corte, César Diesel, Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera quienes deberán decidir si rechazan la acción, lo que permitirá que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar, donde se definirá si se eleva a un juicio oral y público el presente proceso penal.
Acusación
El Ministerio Público acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa, María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad a los futbolistas Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.
A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, lo que no sucedió, según consta en la acusación.
Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas, jugador paraguayo, también fue víctima de la estafa.
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Uruguay: fundador de fondo ganadero irá a prisión por estafa
La justicia uruguaya envió ayer jueves a prisión preventiva a uno de los fundadores de Conexión Ganadera, un fondo de inversión en ganado que colapsó y dejó impagos por cientos de millones de dólares a miles de personas. La caída del fondo, muy popular y con gran reputación en Uruguay, se sumó al colapso el año pasado de otras dos firmas que ofrecían similares alternativas de inversión.
En Uruguay, un país ganadero por excelencia, estas empresas ofrecían altas rentabilidades a los inversores. Su caída dejó a unas 7.000 personas damnificadas, según cifras preliminares. “Se dispuso una medida cautelar de prisión preventiva para Pablo Carrasco, hasta el 10 de febrero", señaló Javier Benech, director de comunicación de la Fiscalía, tras más de cinco horas de audiencia en la que también se imputó al empresario por estafa y lavado de activos.
La justicia también dictaminó la formalización -es decir la investigación formal- de la esposa de Carrasco, Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral, viuda del otro socio fundador del fondo, Gustavo Basso, fallecido en un accidente de tránsito en noviembre de 2024 cuando aún no se conocía la posición deficitaria de la empresa.
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Ambas están acusadas de estafa por su participación en los negocios de la empresa y deberán cumplir arresto domiciliario, con portación de dispositivo electrónico de rastreo, también hasta el 10 de febrero. Con las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva de Carrasco, la fiscalía busca evitar que los acusados entorpezcan los próximos pasos de la investigación y eliminar el peligro de fuga, dado el alto poder adquisitivo que ostentan.
La Justicia dispuso el embargo de inmuebles y vehículos de los acusados por 16 millones de dólares, una cifra menor comparada con los 250 millones de dólares en que se estima el faltante del fondo ganadero.
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“La gente lo llama estafa, pero es un robo, a nosotros nos robaron los ahorros”, dijo a la AFP Silvia Bello, una uruguaya residente en Miami afectada por la caída de la empresa, quien protestó junto a una veintena de personas en la puerta del juzgado. “Aún no se sabe dónde está todo el dinero”, aseveró el fiscal del caso, Enrique Rodríguez.
Además de Conexión Ganadera, también quebraron los fondos República Ganadera y Grupo Larrarte. El sector ganadero, que incluye la producción de carne, subproductos y lácteos, es uno de los motores principales de la economía de Uruguay, un país de unos 3,5 millones de habitantes que en 2023 contaba con un rodeo de casi 12 millones de cabezas de ganado bovino.
Fuente: AFP.
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Ordenan captura de empresario de fútbol condenado por incumplir con el deber alimentario
La jueza de Ejecución, Penal Cynthia Sostoa Santander, ordenó la captura a nivel nacional del conocido empresario de fútbol, Miguel Ángel González Zelada, quien tendrá que cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel dictada en junio de 2015, por incumplimiento del deber alimentario.
En su momento el tribunal de sentencia, conformado por los magistrados Liza Battilana (presidenta), Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó al empresario a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el marco de la causa iniciada en 2010, que quedó firme en la sala penal de la Corte el 31 de agosto de 2022.
El juzgado de Ejecución recibió el expediente en fecha 10 de julio de 2025 y tras corroborar todos los datos resolvió ordenar la captura de González Zelada, quien deberá pasar a cumplir la pena.
La jueza dispuso que una vez capturado, el empresario deportivo pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia.
En el marco de este proceso, fue beneficiado en dos oportunidades con la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo, debido a retrasos en el depósito del dinero acordado el proceso debió continuar.
Una vez que el condenado cumpla una parte de su condena tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional al juzgado de ejecución que deberá estudiar si corresponde o no.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
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“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
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Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
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LN PM: edición del 15 de julio
Intervención en CDE señala millonarias asignaciones para obras inexistentes
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, reveló nuevas y escandalosas irregularidades en la gestión municipal de Miguel Prieto, en una conferencia de prensa realizada este martes. “Esto no es desidia, es apenas la punta de un iceberg”, afirmó.
El interventor advirtió que cada guaraní desviado será rastreado, documentado y denunciado ante el Ministerio Público. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró, reiterando el compromiso de transparentar la administración municipal y recuperar los recursos que nunca llegaron a su verdadero destino.
Ubican a Paraguay en el primer lugar del ranking global de recuperación en el sector turismo
La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, destacó que el último informe de la ONU Turismo ubicó a Paraguay en el ranking global de recuperación y crecimiento turístico, destacando el atractivo cada vez mayor del país ante los ojos del mundo.
“Superamos a potencias como Brasil y Chile. Este reconocimiento es fruto del trabajo conjunto entre el sector público, privado y nuestras comunidades”, manifestó la ministra, señalando que Paraguay sigue siendo un destino por descubrir, con su cultura vibrante, naturaleza auténtica y hospitalidad genuina.
Comandante ratifica el fracaso ideológico y militar del EPP: “No hay zonas liberadas”
El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, el coronel Carlos Casco, afirmó que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra debilitado en su estructura a pesar de haber migrado a otros departamentos como Canindeyú.
“En base a los materiales, que en varios enfrentamientos hemos incautado, el EPP es muy ideológico, para ellos la ideología es el 70 % de su conformación para que pueda sobrevivir en los montes y el 30 % es militar, la parte operativa", explicó el jefe militar, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media
Durante el festival en Yaguarón se denunciaron robos de celulares
Durante un festival que se llevaba a cabo en la ciudad de Yaguarón varias personas fueron víctimas del robo de sus aparatos celulares. Tras una rápida reacción de los efectivos policiales, fueron detenidas cuatro personas.
Al menos 12 personas presentaron su denuncia en la Comisaría 15 de la ciudad, informando que fueron despojados de sus celulares durante el evento. Entre las víctimas se encuentran un personal militar y un efectivo policial.
Olimpia se encomienda a un “Ángel”
Según avanza la prensa argentina, el exseleccionador nacional de Paraguay, el veterano Ramón Ángel Díaz, llegaría el miércoles para asumir la dirección técnica de Olimpia. El club de Para Uno no tiene margen de error y busca entrenador a contrarreloj tras la salida de Fabián Bustos.
En este sentido, Bustos fue destituido del cargo luego del pésimo arranque en el torneo Clausura 2025, donde su equipo apenas sumó 1 de 6 puntos posibles, pese a estar minado de grandes nombres.
Senador critica poca voluntad de transparencia y bajo impacto social de las ONG
El senador Dionisio Amarilla, en su rol de presidente de la Comisión de Investigación, entregó su informe final con varias recomendaciones sobre el control a las organizaciones no gubernamentales. “La discrecionalidad con la que manejaron los fondos públicos llama la atención”, manifestó, este martes, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Amarilla señaló que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.