El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, participó del acto de presentación del informe de gestión anual de dicha localidad, a cargo del Consejo de Administración encabezada por la presidenta, Juliana Giménez Portillo, y los vicepresidentes, Efrén Giménez Vázquez e Ibete Welter de Troes.

Durante las palabras de apertura, la camarista Giménez Portillo presentó a las autoridades nacionales y departamentales e invitados especiales, destacando los principales logros alcanzados durante el período 2024 en los aspectos de producción, calidad y celeridad de los servicios, así como los desafíos enfrentados y las perspectivas de futuro.

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Entre los principales objetivos se encuentran mejorar las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia con la construcción de juzgados de Primera Instancia en diferentes localidades, en cooperación con las autoridades municipales de Naranjal, Minga Porã, Juan León Mallorquín y Santa Rita.

El ministro Diesel agradeció a todos los que, con su esfuerzo y compromiso institucional, constituyen el pilar fundamental para la excelente gestión que testimonia este informe. Extendió su gratitud a la presidenta y los vicepresidentes del Consejo de Administración, así como al personal jurisdiccional y administrativo.

Seguidamente, el Consejo de Administración entregó al ministro César Diesel una plaqueta de reconocimiento por su notable labor en el liderazgo como superintendente y en su función de enlace con la Corte Suprema de Justicia. Recibió la plaqueta de manos de la presidenta del Consejo, la doctora Juliana Giménez Portillo. Cabe señalar que esta actividad contó con el acompañamiento de la jefa de Gabinete del ministro César Diesel, la abogada Cynthia Rico.

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Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.

La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

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Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.

Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.

En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.

Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.

El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.

El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.

El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.

La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.

“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.

Fuente: AFP

Según el informe Escenario macro sobre Paraguay de Itaú, la proyección de la inflación para Paraguay bajó, tras ser menor a la esperada en el mes de octubre. Además de otras cifras que también revisaron a la baja para este 2024, quedando así la previsión en 3,7 % del 4,0 % previsto.

Esto, ya que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se situó en 0,0 % mensual en octubre, frente a 0,5 % de hace un año, aunque en el resultado del mes, el comportamiento del grupo alimentos fue mixto, conforme a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Este reporte explica que se dieron retrocesos esperados en los precios de los productos hortícolas, que bajaron 12,1 % mensual, aunque fueron compensados por subas en la carne y en las frutas en un 2,1 % mensual y 3,8 % respectivamente.

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Por otro lado, el IPC subyacente que excluye frutas y verduras, precios de servicios regulados y carburantes, se situó en 0,4 % frente a 0,5 % de hace un año. Mientras que la inflación interanual general bajó a 3,6 % en octubre, desde el 4,1 % de setiembre, en tanto que el IPC subyacente descendió a 4,0 % desde 4,1 %.

Para Itaú, la inflación general y subyacente se mantienen dentro del parámetro o tolerancia del objetivo de inflación del BCP, que es del 4 % +/- 2 %. La entidad remarca a la vez que las expectativas de inflación para finales de este 2024 y el próximo 2025 se mantienen estables en 4 % durante varios trimestres.

Y es que para el siguiente año 2025, la proyección de la inflación para Paraguay, se mantendría en el centro del objetivo o meta del BCP de 4,0 %, conforme la estimación de la banca privada. Otro aspecto importante incluido en el reporte, es que con la tasa de interés oficial ya en niveles neutrales, la estimación de Itaú es que se den menos recortes de la FED, con lo que esperan que el BCP mantenga la tasa de interés de referencia en 6 % hasta finales de 2025.

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La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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