La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín presentó imputación contra un joven que habría atentado contra la vida de su hermano y solicitó la prisión del mismo. El imputado por homicidio doloso en grado de tentativa es Juan Alexis Bareiro Ávalos (27). El mismo se encuentra recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado de Garantías.
El hecho ocurrió en una cancha de vóley ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, resultando víctima Cristian David Bareiro Ávalos, quien fue hospitalizado. Según la investigación, el presunto agresor se encontraba en el lugar de esparcimiento consumiendo bebidas alcohólicas con algunos amigos, momento en que llegó al sitio Cristian Bareiro y comenzaron una discusión por motivos particulares.
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Seguidamente, Juan Alexis sacó un puñal que llevaba en la cintura y atacó presuntamente a su familiar, a quien aplicó una herida a la altura de la nalga, lado izquierdo. Luego, intentó apuñalarlo nuevamente, pero los demás presentes evitaron y auxiliaron a la víctima hasta un centro asistencial.
El supuesto agresor fue a su casa a dormir, pero luego su madre Lorenza Ávalos de Bareiro alertó a los efectivos policiales que rápidamente intervinieron en el hecho y detuvieron al sospechoso, quien quedó a disposición del Ministerio Público.
Finalmente, se dio intervención a la unidad de turno de Franco, que estaba interinada por la fiscal Zunilda Ocampos, quien es titular de la Unidad Penal Nº 9 de Ciudad del Este y de la Unidad Especializada Antisecuestro.
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Ante trabas, interventor de CDE recurre a la Fiscalía para acceder a documentaciones
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente Miguel Prieto. El economista había denunciado en conferencia de prensa, el martes pasado, que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directores de las dependencias municipales.
“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a las que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se pueden disponibilizar las documentaciones remitidas por la Municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causas judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fueron remitidas al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos. Las documentaciones cruciales que refieren a las órdenes de pago están en el Ministerio Público”, comentó el economista que asumió la administración del municipio el 23 de junio pasado.
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Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en la presunta malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración de este intendente contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.
“Lo que me sorprende es la desprolijidad y discrecionalidad en el manejo administrativo de la municipalidad. Lamento esta situación que es tan grave, ya que la Municipalidad de Ciudad del Este es el segundo municipio más importante del país, es la capital de un departamento (Alto Paraná) y la puerta de entrada al Paraguay”, comentó.
En su descargo, Ramírez siguió sosteniendo que “si no hay nada que ocultar, lo que correspondía era ordenar la casa y tener todas las documentaciones a mano. Sin embargo, acá nos encontramos con una situación totalmente diferente”.
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Remitirán informe sobre oenegés a Fiscalía, Contraloría y a EE. UU.
Tras un largo debate y consideración del informe final de la Comisión Conjunta de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, dirigida por Dionisio Amarilla, el pleno de la Cámara Alta resolvió ayer remitir los documentos a la Fiscalía, al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Contraloría General de la República.
Al ser consultado el motivo de la remisión del informe a los Estados Unidos, el presidente de la Comisión Antilavado, el senador Amarilla, manifestó que la decisión surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).
CERCA DE 7.000 PÁGINAS
“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al Gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield”, sostuvo el legislador.
Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autorremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar”.
POCA VOLUNTAD DE LAS OENEGÉS
El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
IMPORTACIÓN DE ARMAS
Por otra parte, el senador Amarilla dijo que estaría evaluando la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley de Confidencialidad, en que se resguardaron algunas instituciones para no aportar mayores datos sobre las operaciones bancarias, despachos aduaneros, entre otros, sobre las importaciones de armas de fuego al país.
Resaltan principales conclusiones y recomendaciones de CBI
El legislador Gustavo Leite destacó algunas recomendaciones al respecto y manifestó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.
El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado ayer miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.
El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.
USAID, EXTINTA POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
Señaló que un año antes que el Gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la nación.
Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.
“Ningún directivo de la oenegé en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.
FAVORECER A OENEGÉS
Indicó, además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.
“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.
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Mujer fue agredida en su puesto de trabajo por su expareja
Una trabajadora del área de limpieza fue golpeada por su expareja en el interior del Hospital Militar de Asunción. El hombre se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público.
Una compañera de trabajo de la mujer logró filmar al agresor y el video fue presentado como prueba a las autoridades intervinientes.
Según el comisario Gustavo Errecarte, jefe de la Comisaría Primera de Asunción, el victimario se hizo pasar por familiar de un paciente para ingresar hasta donde se encontraba la limpiadora para propinarle golpes en el rostro, según se puede observar en la grabación.
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“Hemos intervenido en un caso, lastimosamente un nuevo episodio de violencia contra la mujer, en este caso una trabajadora del servicio tercerizado de mantenimiento general del Hospital Militar”, señaló a la 780 AM.
El jefe policial detalló que el incidente se produjo a la medianoche y el sindicado ya está preso. Tras varios hechos de violencia, la mujer habría tomado la decisión de separarse, luego de varios años de convivencia y hace cuatro meses vive distanciada de su pareja.
“Este sujeto ingresó al predio del hospital aparentemente con la decisión firme de agredirla físicamente”, afirmó.
Según manifestó, primero hubo una agresión verbal y posteriormente le propinó golpes. “La mujer obviamente también intenta defenderse y como resultado de esta agresión la persona presenta cortes a la altura del rostro, la boca y otros tipos de contusiones”, mencionó.
Tras la denuncia presentada por la trabajadora, se ordenó la inmediata detención. “Se habría identificado como familiar de un paciente al oficial de guardia del Hospital Militar a manera de lograr ingresar al predio”, puntualizó.
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Triple feminicidio: víctima presentaba “cortes en el cuello, un tajo profundo”, revela fiscal
La fiscal Alicia Fernández, que investiga el triple feminicidio en la zona de Capiatá, dio detalles de la autopsia de las tres personas y esta mañana tomará la declaración indagatoria al procesado.
“Él va a declarar en lo que va de la mañana y aunque se declare de la forma que se declare, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de sostener cualquiera sea la manifestación de él”, señaló a la 1080 AM.
En el caso de la niña, se encontraron signos donde no es definitivo, pero hay sospechas de un “abuso sexual”. “Entonces, yo estoy obligada a abrir una investigación en ese sentido, para ver exactamente qué es lo que pasó. Y cuál es la situación real, si hubo un abuso o si son circunstancias de la anatomía simplemente del cuerpo”, expresó.
También se refirió al caso de la expareja del acusado, quien presentó un tajo profundo en el cuello y heridas en las piernas.
“Nosotros recuperamos objetos, armas blancas que estaban en la escena del crimen y parecían estar con sangre. Tanto así que en el caso de la mujer de 36 años, Ana Liz, tenía las heridas que le produjeron el traumatismo de cráneo encefálico con hemorragia en la base del cráneo, que es la causa de muerte”, relató.
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Según manifestó, de las tres víctimas, la expareja del presunto feminicida fue la que tuvo desprendimiento de masa encefálica.
“Entonces, por la forma y por el modo de las heridas, al parecer el martillo que nosotros incautamos en la escena del crimen es el que se utilizó para producirle las heridas a Ana Liz. Y también ella tenía un corte en el cuello, un tajo que iba de izquierda a derecha bastante profundo, y otro en la pierna, que también demuestra de alguna manera que hubo otra arma”, detalló.
Es difícil determinar la secuencia del crimen, pero se estableció como tiempo de la muerte entre 14 y 18 horas, conforme expresó. La agente del Ministerio Público adelantó que es inevitable el juicio oral y público, por la expectativa de pena prevista en la ley.
Expectativa de pena de cárcel
“Lastimosamente, en nuestro sistema judicial no se suman las penas, pero sí es una pena bastante alta que va de 10 a 30 años de pena carcelaria más medidas de seguridad”, remarcó.
Extraoficialmente, se sabe que el autor confeso del triple crimen es adicto, aunque no se tiene un estudio farmacológico. Sobre el punto, la fiscal informó que pidió como anticipo jurisdiccional de prueba la extracción de líquidos y cabello, para someterlos a estudios. “A partir de ahí vamos a tener información más certera”, mencionó.
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