A las 08:00 del martes 31 de agosto se desarrollará la audiencia preliminar para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Imedic SA, respectivamente. Foto: Archivo.
Caso Imedic: fijan audiencia preliminar para Patricia Ferreira y otros acusados
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La jueza penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz, fijó para el próximo 31 de agosto, a las 8:00, la audiencia preliminar para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA, respectivamente. Ambas están acusadas de la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, hecho que posibilitó el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país.
En la diligencia judicial se definirá si Ferreira, Godoy y el despachante de la Dirección Nacional de Aduanas, Néstor Domingo Ramírez Giménez, enfrentarán o no un juicio oral y público por los delitos mencionados.
Días atrás, la Cámara de Apelaciones rechazó una vez más las chicanas planteadas por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Jorge Kronawetter, representantes legales de la acusada Patricia Ferreira. Igualmente, el Tribunal de Alzada rechazó la chicana presentada por los abogados José dos Santos y Sebastián Quesada, en representación de Nidia Godoy. Las dos procesadas no habían recurrido a la resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, quien había fijado para el pasado 10 de junio la realización de la audiencia preliminar.
Patricia Ferreira está acusada de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma.
La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez facturas de la firma Eurofarma, documentos que posibilitaron el ingreso a nuestro país de medicamentos procedentes de la India y China, cuya calidad se pone en duda. Asimismo, señala que los medicamentos ingresados a Paraguay fueron negociados y distribuidos peligrosamente al mercado nacional.
Patricia Ferreira y su padre, a juicio oral
Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, y otros acusados enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Así lo resolvió el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo vía telemática. Los acusados están implicados en la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19 en el 2020.
Este viernes prosigue el juicio oral y público para Patricia Ferreira de la firma Imedic S.A. y ya la Fiscalía podría presentar sus alegatos finales donde tendrá que solicitar los años de cárcel para los acusados. Foto: Foto: Archivo
Imedic: Fiscalía podría pedir este viernes los años de cárcel para Patricia Ferreira y otros acusados
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El juicio oral y público que enfrentan Patricia Ferreira Pascotini, Nidia Godoy, de la firma Imedic S.A., así como el despachante de Aduana Néstor Ramírez, acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país sigue este viernes 20 de septiembre con la declaración como testigo de la regente de la firma, Elva Barrios.
Asimismo este viernes se presentará la última parte de la producción de pruebas documentales para posteriormente ingresar en la presentación de los alegatos finales, donde el Ministerio Público tendrá que pedir los años de cárcel para los tres acusados.
El tribunal colegiado que juzga a los procesados está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee. Mientras que el agente fiscal del caso es Néstor Coronel.
El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que habrían cometido los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos S.A.). Los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
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Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.
Alto Paraná: adolescentes intoxicados con clonazepam fueron dados de alta
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Este jueves, desde el Hospital Distrital de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, informaron que los cinco estudiantes que se intoxicaron luego de consumir clonazepam fueron dados de alta y ya se encuentran en sus casas. Estas personas aparentemente ingirieron el medicamento estando en el colegio.
Según el reporte dado por el doctor Hugo Arca, director del centro asistencial, los estudiantes ingresaron a urgencias ayer miércoles, luego de que presentaran mareos, malestar y dolor de cabeza. Fueron cinco alumnos y uno de ellos llevó las pastillas que dieron un efecto negativo en ellos.
“Se trata de adolescentes que no alcanzan los 15 años y llegaron con signos de intoxicación, pero gracias a Dios ya están fuera de peligro. Actualmente, fueron dados de alta y están con sus papás en sus casas”, detalló el profesional, en entrevista con la 650 AM.
Resaltó que los chicos llegaron mareados y con dolor de cabeza, pero no querían brindar detalles de lo que ocurrió o lo que consumieron en las últimas horas, lo que dificultó la atención. Sin embargo, indicaron que uno de ellos llevó a la institución educativa la medicación de su abuela e ingirió los comprimidos con sus compañeros.
Arca agregó que se presume que el medicamento que consumieron era clonazepam, que se utiliza para las convulsiones, y que debido a esto estuvieron en observación por varias horas hasta que se les pasara el efecto del mismo. “Estamos pendientes de ellos. Si se presenta algún signo de alarma serán atendidos de inmediato”, puntualizó.
Vicepresidenta de Maduro presenta pruebas de falsificación de las actas de la oposición
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La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado el jueves pasado ante el cuerpo diplomático acreditado en el país pruebas que demostrarían la falsificación de las actas publicadas por la oposición y que demostrarían la supuesta victoria del candidato opositor, Edmundo González, a diferencia de los resultados oficiales, que han dado la victoria a Nicolás Maduro.
Rodríguez ha expuesto en Caracas los “planes organizados y ejecutados por la extrema derecha para desconocer los resultados” de los comicios y “además generar violencia en las calles”, señalando a la líder opositora, María Corina Machado, y el excandidato presidencial, Edmundo González, según reza un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores venezolano en su página web.
En este sentido, ha remarcado que “los extremistas” anunciaron días antes de la jornada electoral que no reconocerían los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), único ente autorizado para hacerlo. Tras ello, “prepararon el escenario para presentar unas supuestas actas que terminaron siendo fraudulentas”.
“Iban montando la situación que generaron de violencia y desconocimiento de los poderes públicos en Venezuela”, ha remarcado. La situación en el país, “más allá de los asuntos electorales, representa un golpe de Estado que ha sido contenido” gracias a “la sabiduría del pueblo venezolano” y las “acciones emprendidas por el presidente, Nicolás Maduro, para mantener la paz”.
Este “fraude bárbaro e inédito” ha tenido implicaciones violentas desde el día siguiente a las elecciones, registrando más de una veintena de muertos, según ONG, y más de 2.000 detenidos, según las autoridades. Según Rodríguez, los detenidos en dichos actos confesaron haber recibido dinero para perpetrar delitos.
Por último, la ‘número dos’ de Maduro ha considerado que la oposición le ha vuelto “a fallar a sus amos de Estados Unidos en sus planes por tomar el poder del país”, en referencia a las supuestas órdenes “recibidas” por González y Machado desde Washington, “que fue donde se planificó el fraude vulgar y masivo por el extremismo de Venezuela. Nuevamente sus ejecutores, sus lacayos, lo volvieron a hacer muy pero muy mal”.