El juicio oral y público para el exsenador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves ingresa a su etapa final y el abogado Claudio Lovera, defensor de padre e hijo, presentó los alegatos finales del presente caso.
El referido profesional del derecho explicó con detalles y argumentos al tribunal de sentencia que no se probó ningún hecho punible durante los seis meses del juicio oral. El miércoles continúa la audiencia con la última parte de la exposición de los alegatos finales del acusado González Chaves.
Lovera manifestó en sus alegatos finales que “el informe pericial de la Fiscalía duplicó y hasta triplicó inversiones en certificados de depósito de ahorro, presentándolas como de origen desconocido, supuestamente, situación que no se ajusta al derecho porque se demostró que el origen de los ingresos es lícito”.
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Agregó que “por falta de análisis y conciliaciones entre cuentas, también la Fiscalía duplicó depósitos, presentando una situación patrimonial que no se corresponde con la realidad. Incluso, por ausencia de un mínimo análisis en la pericia, se requirió la condena de González Chaves utilizando o incluyendo depósitos de los salarios del padre”.
Pidieron absolución de OGD
El abogado Claudio Lovera solicitó el pasado jueves al tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera la absolución de culpa y pena del exsenador Óscar González Daher por no probarse ningún hecho punible acusado por el Ministerio Público. Los fiscales del presente caso son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
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Presentarán denuncia penal por retiros anticipados en Ueno: “Es una asociación criminal”
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, anunció que este lunes a las 11:00 presentará ante el Ministerio Público una denuncia penal contra personas innominadas, exigiendo indagar sobre los retiros anticipados de dinero y las instituciones estatales que siguieron depositando fondos públicos en Ueno Bank.
“Estoy terminando de corregir el escrito para luego ir al Congreso Nacional y poner a disposición de los colegas para ser firmado y luego presentarlo a la Fiscalía. En la denuncia yo no establezco una mención a una persona en especial, pero sí vamos a agregar como documentos anexos las publicaciones que circulan en los medios referente a los retiros anticipados”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “se debe avanzar con una investigación sobre aquellas personas que retiraron en condiciones y plazos diferentes sus depósitos ya a partir de lo que surge de la crisis”.
Vallejo también señaló que la Fiscalía debe ahondar sobre las instituciones del Estado que siguieron depositando los fondos públicos en Ueno Bank, pese a las alertas generadas, como por ejemplo el pedido de informes hecho por la Cámara de Senadores al Banco Central del Paraguay (BCP), respecto a la situación financiera de la entidad, el cual fue impulsado por legisladores del oficialismo colorado.
“Si yo fuese administradora pública, no hubiese colocado un solo centavo más en esa institución. El Ministerio Público debe corroborar cuáles fueron las instituciones públicas que siguieron depositando recursos, porque eso ya sería una lesión de confianza”, manifestó.
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La legisladora indicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) jugará un papel fundamental en las indagaciones. “Esta es una institución que puede pedir informaciones a nivel mundial a todas las unidades de inteligencia financiera sobre casos de lavados de activos y el Ministerio Público tiene que ampliar sus calificaciones jurídicas. Se deben incluir los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero”, refirió.
Señaló que “con eso se activarán los protocolos de la Seprelad de poder solicitar información a las otras unidades de inteligencia del mundo para poder cerrar el círculo de toda esta investigación. Esto es una asociación criminal de manual y de lavado de dinero; los hechos describen eso”.
Mansión de Peña
Por otra parte, requirió a la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, realizar de vuelta una fiscalización sobre el valor real de la lujosa residencia de verano atribuida a Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera.
“La Contraloría debería retractarse e iniciar inmediatamente una verificación real de cuánto costó esa casa, ya que jamás pudo haber costado 1 millón de dólares por toda la calidad que tiene. Esta es otra de las miles de aristas que debe ser investigada”, puntualizó.
Vallejo añadió que “nos vamos espantando por todo lo que está sucediendo. Peña debería ser analizado a nivel siquiátrico y los expertos deben explicar qué tenía él en su cabeza, así como las personas que le rodeaban, para causar tanto daño a tantas personas en un contexto que evidentemente perseguía el dinero”.
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Sigue juicio contra Giuzzio por cohecho pasivo
Tras las testificales, arranca la etapa final de la audiencia oral donde se presentarán los alegatos.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez –acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua– continúa este martes a partir de las 8:00.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento.
Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado.
Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
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Fiscalía allanó ayer inmueble de Santiago Peña en San Bernardino
El procedimiento se enmarca en la pesquisa fiscal por los supuestos hechos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.
Alrededor de las 19:00 de ayer domingo se supo sobre el allanamiento realizado en el inmueble que sería propiedad del expresidente de la República Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. El procedimiento fue encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, quienes se trasladaron hasta la localidad ubicada en el departamento de Cordillera.
Los intervinientes revisaron muebles, cajones y dependencia en busca de elementos que puedan ayudar a la investigación de la cual es objeto el exjefe de Estado, quien fue imputado por lesión de confianza y administración en beneficio propio. El procedimiento tiene como objetivo avanzar en las diligencias en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank, informaron desde el Ministerio Público.
El operativo en el departamento de Cordillera se desarrolla bajo resguardo policial mientras la representación fiscal prosigue con las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales.
Según su declaración jurada, la propiedad está valuada en G. 7.750 millones. Además, la imputación fiscal menciona dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones.
Luego de haber estallado el escándalo del extinto banco que pertenece al Grupo Vázquez, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en residencias, edificios y dependencias que tenían vinculación con este grupo empresarial. Desde la imputación al exjefe de Estado también se procedió a embargar sus bienes y el impedimento para enajenarlos. Misma suerte corrió el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo.
El exmandatario se encuentra imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio. Actualmente, cumple prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial.
Peña, en libre comunicación y visitas
Por disposición del juez Otazú, el expresidente guarda reclusión en el Escolta Presidencial.
El expresidente Santiago Peña cumple su segundo día de prisión preventiva en una habitación común del Regimiento Escolta Presidencial (REP), según informaron las autoridades del gobierno. El exjefe de Estado se encuentra en libre comunicación y posibilidad de recibir visitas, según indicó el ministro de Defensa, Óscar González.
El secretario de Estado recordó que en la citada unidad especial de las FF. AA. dedicada a la seguridad de autoridades del Poder Ejecutivo no hay celdas. González precisó que Peña está en “una habitación común destinada al personal militar” y aclaró que “el Regimiento no es una cárcel”. Señaló que se cumple una orden judicial que establece que ese es “el lugar adecuado para cumplir con su prisión preventiva”.
En declaraciones a la emisora Ñandutí 1020 AM, el jefe del Escolta Presidencial, Cnel. José Dayub, indicó de acuerdo al oficio judicial, Peña tiene “libre comunicación”, por lo que puede recibir visitas y usar teléfonos sin restricciones. “No se trata de un establecimiento con celdas o espacios con rejas”, afirmó, y agregó que su familia le lleva las comidas.
Los datos se conocen el mismo día en que el presidente Pedro Alliana ordenó hacer cumplir la ley en las cárceles y aseguró que “ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial”.
Cancillería resalta solidez democrática
La secretaría de Estado destacó la rápida resolución de la crisis generada por la caída de un ente bancario.
La Cancillería Nacional difundió ayer un comunicado en el que hace un balance de los hechos de las últimas semanas. Según el texto, la crisis financiera de ueno bank puso a prueba la solidez institucional del Paraguay.
El documento señala que el Congreso promovió, en el marco de la Constitución Nacional, un juicio político contra el entonces presidente Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones. El Senado resolvió su destitución luego de analizar la acusación formulada por la Cámara de Diputados y de escuchar los argumentos de la defensa.
A continuación, el Congreso tomó juramento a Pedro Alliana como presidente de la República.
Alliana completará el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. Para el mismo periodo, el senador Antonio Barrios fue electo vicepresidente y asumió el cargo.
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Allanan residencia de Santiago Peña en San Bernardino
Alrededor de las 19:00 de este domingo se supo sobre el allanamiento realizado en la residencia del expresidente de la República, Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, más precisamente en la zona conocida como Ciervo Cua. Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore se encuentran encabezando el operativo.
Los intervinientes revisaron muebles, cajones y dependencia en busca de elementos que puedan ayudar a la investigación. El procedimiento tiene como objetivo avanzar en las diligencias en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank, informaron desde el Ministerio Público.
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De acuerdo con los primeros datos reportados por diferentes medios, en el interior de la edificación habría una bóveda fortificada. La bóveda estaría oculta en un espacio con revestimiento de piedra. El inmueble se encuentra en un exclusivo barrio de esta comunidad y cuenta con una vista privilegiada hacia el lago Ypacaraí.
El exmandatario se encuentra imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio. Actualmente, cumple prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial.
Según su declaración jurada, la propiedad está valuada en G. 7.750 millones. Además, la imputación fiscal menciona dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones.
El operativo en el departamento de Cordillera se desarrolla bajo resguardo policial mientras la representación fiscal prosigue con las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales.