Ciudad del Este. Agencia Regional.

En un procedimiento policial realizado sobre ruta, en el distrito de Yguazú, se incautaron de 25 panes de cocaína que totalizaron 26,200 kilos. La droga estaba siendo transportada en el fondo falso del tablero del automóvil, de la marca Kia, modelo Río, color negro, con Chapa CEB 080 Py, que fue requisado también.

Fue ayer 26 de noviembre, a las 18:00 aproximadamente, frente a la Subcomisaría 16.ª, en la zona del Km 268 de la Ruta PY02, según el reporte del personal de la citada sede policial. Fue aprehendido Derlis Daniel Valdez (32), residente en el barrio La Blanca de Ciudad del Este.

De acuerdo a los intervinientes, el hombre se dirigía a Ciudad del Este, procedente de Pedro Juan Caballero, supuestamente. No obstante, el personal policial ya tenía la información sobre un vehículo sospechoso que se dirigía a la capital departamental.

El caso fue comunicado al fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico, de Ciudad del Este, quien dispuso el traslado del vehículo con su conductor hasta la sede regional del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, para el análisis primario de campo (Narcotest), que luego confirmó que se trata de cocaína.

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El fiscal determinó que la droga incautada y el automóvil queden en Narcóticos de la Policía de Alto Paraná. El detenido fue derivado a la Dirección de Policía, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado.

En otro procedimiento policial, durante un patrullaje preventivo en el barrio Buen Jesús de Hernandarias, fue detenido un hombre con 16 dosis de cocaína y 6 de crack. Se trata de Alcides Joel Mendoza Cardozo (27) con un tendal de antecedentes y órdenes de captura por hechos de hurto, reducción, apropiación y violencia familiar. Tenía en su poder 42 mil guaraníes en billetes de 10 y 2 mil guaraníes.

El hombre vio el patrullaje policial y corrió hasta ingresar a una propiedad privada donde accedieron los agentes, con autorización de los propietarios y pudieron detener al citado. También fue comunicado el caso al fiscal Elvio Aguilera.

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El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.

“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.

“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.

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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.

Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.

Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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La Policía Nacional logró la detención de un joven de 21 años de edad luego de cometer el hecho punible de hurto agravado, cuya víctima fue un joven a quien se le despojó de su motocicleta en la ciudad de Itá.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad, donde los agentes intervinientes recibieron la denuncia y comenzaron a realizar el trabajo de inteligencia, de manera que se pudo llegar hasta el autor del suceso logrando su detención correspondiente y a su vez se ha recuperado el biciclo que fue hurtado.

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El objeto recuperado se encuentra en la Comisaría 12 Central de la ciudad de Itá y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Ahora, el detenido será convocado a prestar declaración indagatoria para luego el fiscal de turno poder presentar la imputación correspondiente y requerir al juzgado penal de Garantía las medidas que considere que podría ser la prisión preventiva o en su defecto, arresto domiciliario o medidas alternativas a la prisión.

Atendiendo al presente caso, en la mayoría de los casos en el acta de imputación ya el fiscal interviniente podría requerir la prisión preventiva del imputado ante la flagrancia y la gravedad del hecho registrado.

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