Se suspendió la audiencia preliminar para los acusados por narcotráfico en el caso conocido como “marihuana vip”, en el que se investiga la comercialización de droga. La jueza Clara Ruiz Díaz volvió a fijar para el próximo 5 de agosto, a las 8:00, la nueva la audiencia preliminar en la que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público.
La diligencia judicial se pospuso debido a que uno de los defensores de los acusados no tuvo acceso a la carpeta fiscal, por lo que pidió copias para interiorizarse y preparar la defensa.
Los acusados son: Henry Alexander Homzi, alías Yankee; Eugenio José Méndez, alías Memo, María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio. La lista sigue con Matías Adrián Paciello, Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, alias Nily; Arturo Daniel Vega Yambay.
También están acusados Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Francisco Javier Gutiérrez, apodado Franche, y Moisés Enrique Basualdo Valiente.
Los procesados fueron detenidos en el denominado operativo “Gorila Glue”, tras al menos 12 allanamientos encabezados por integrantes de la unidad antidrogas del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en varios laboratorios clandestinos donde se producían marihuana de alta calidad, con invernaderos.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
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Autorizan extraer datos de celular del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera hizo lugar a la extracción de datos y pericia informática de un aparato celular, propiedad del músico Pablo Benegas, procesado penalmente por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.
La diligencia judicial tiene por objetivo extraer imágenes y videos, incluso las ocultas o colocadas en carpetas seguras y las eliminadas del aparato telefónico, en las que se observen conversaciones, imágenes de desnudos, filmaciones de mujeres, niñas y/o adolescentes que indiquen o induzcan ofrecimiento de servicios sexuales, o que muestren actos sexuales, bailes sensuales o tocamientos con fines sexuales.
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El Ministerio Público tiene hasta el próximo 13 de octubre para presentar su requerimiento conclusivo en el que si se tienen elementos probatorios se presentará la acusación y el pedido de que el proceso se discuta en un juicio oral y público.
La fiscala Claudia Aguilera fue quien solicitó la prórroga atendiendo a que aún faltan incorporar varios elementos de prueba tales como pericia informática sobre el contenido del aparato celular del imputado, estudio socioambiental del lugar donde se encuentran las niñas, informe de la evaluación psicológica del imputado, así como también el informe victimológico de las mismas.
Igualmente deben declarar varios testigos, como los profesionales médicos del Hospital Barrio Obrero, que recibieron a las niñas en fecha 10 de noviembre del año pasado, y otros elementos que se deben incorporar.
Antecedentes
El Ministerio Público inició una investigación penal contra el referido cantante, por existir sospechas de abuso sexual contra dos niñas y a raíz de eso ambas víctimas tuvieron que ser internadas de urgencia.
El suceso fue denunciado el pasado 10 de noviembre por personal de blanco del Hospital Barrio Obrero, hasta donde llegaron las niñas para una atención médica. Las víctimas mencionaron lo sucedido a una profesora del Centro Comunitario Chacarita. Una vez inspeccionadas en el centro asistencial, los médicos constataron que una de ellas tenía cocaína en su sistema, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público.
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Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.