La directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano estarán sentados en el banquillo de los acusados por una segunda querella por difamación y calumnia. Foto: Gentileza.
Juez intimó a Natalia Zuccolillo a presentar sus pruebas en segunda querella que enfrenta
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El juez de sentencia Juan Carlos Zárate intimó a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano a presentar sus pruebas en el marco de la segunda querella que planteó el abogado Jacinto Santa María contra las dos personas. Días atrás, el magistrado Zárate elevó a juicio oral la querella por difamación y calumnia que enfrentan Zuccolillo y Lezcano.
La resolución del juez se dio a conocer luego de la audiencia de conciliación que se realizó el pasado lunes vía telemática a pedido de la directora del citado medio de comunicación, quien no quería cruzarse con ningún procesado, según fuentes judiciales. Los querellados se negaron a rectificar sus acusaciones, alegando que no cometieron delitos, y por eso la causa va a juicio oral y público.
Este juicio se originó en el marco de una querella motivada por publicaciones, en las que el diario ABC Color acusó falsa y repetidamente a la exviceministra de Tributación, Marta González Ayala, y a su esposo y abogado Jacinto Santa María, de haber cometido actos de despojo de inmueble en perjuicio de un poblador de la compañía Mbatoví del distrito de Paraguarí.
La acusación fue desvirtuada por González Ayala y Santa María mediante la presentación de una sentencia judicial firme, que lleva el N° 305 con fecha 22 de noviembre de 2019, dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraguarí, Nancy Cabrera, quien avala la legitimidad de la actuación de la exviceministra y su esposo en defensa de sus derechos sobre la propiedad que adquirieron en el 2007.
La extitular de Tributación, bajo patrocinio del abogado Santa María, querelló por difamación a Zuccolillo y Lezcano en el mes de septiembre del 2019, luego de que una investigación de cinco meses de duración desvirtuó las acusaciones de supuestas irregularidades administrativas que el diario ABC había atribuido a la exviceministra. Hasta la fecha, el juicio no se pudo realizar a causa de las 18 chicanas que presentaron los querellados por intermedio de sus abogados Rodrigo Yódice y César Coll.
El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsado por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio. Sostuvo que la verdad salió a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta en X.
Indicó que ese sector orquestó un show mediático, con el apoyo de medios de comunicación para atacar al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
En referencia a Arnaldo Giuzzio, dijo que “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan, como siempre, la verdad, el tiempo y Horacio Cartes”, sentenció.
Edgardo Kueider, exsenador argentino y su secretaria fueron citados para la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público. Foto: Gentileza
Juez citó a exsenador argentino para audiencia preliminar
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El juez Humberto Otazú fijó para los días 24, 25 y 26 de junio la audiencia preliminar del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes están acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Juez ordenó sobreseimiento definitivo de dos personas investigadas por amenaza y otros
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El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de una resolución judicial ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano, investigados en el marco de la causa caratulada como “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
Los abogados Juan Carlos Cabral y Néstor González, en representación de Arévalos y de Souza arrimaron la resolución judicial en la que se ordena la desvinculación total de sus representados en el caso mencionado más arriba.
Ambos abogados señalan que “en relación a las noticias publicadas en septiembre de 2016, sobre la detención de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano por supuestas amenazas, informamos que el proceso penal ha concluido con el sobreseimiento definitivo de los mismos, habiendo la autoridad judicial determinado que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados. Esta resolución confirma la inocencia de las personas involucradas”, señala el escrito.
Las dos personas con sobreseimiento definitivo fueron en su momento investigadas por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez y de Souza en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con esta resolución.
Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
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El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.