El fiscal Guillermo Sanabria presentó imputación contra un hombre por los hechos punibles de violación y deber del cuidado, omisión de auxilio y violencia familiar, tras ser denunciado por la situación de insalubridad en la que se encontraba una niña de 2 años y 6 meses, hija del imputado y a cuyo cargo estaba la víctima.
La niña fue atendida en un centro asistencial donde se le detectó pediculosis, escabiosis y miasis. Así también se le extrajo 250 unidades de larvas de gusanos. El procedimiento quirúrgico debió ser realizado bajo sedación y ahora la víctima se encuentra en observación. Otras dos niñas también fueron rescatadas, que también presentaban cuadros médicos, así como pediculosis, escabiosis y escoriaciones.
Funcionarios de la unidad fiscal a cargo del agente fiscal Sanabria se constituyeron en la vivienda donde se pudo verificar el estado de abandono en el que vivían las niñas.
Ahora será un juzgado penal de garantías el que tendrá que convocar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el padre de las niñas será remitido a una penitenciaría o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Allanan viviendas en Luque y detienen a dos personas con dosis de cocaína
El agente fiscal, Marco Amarilla, encabezó los allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas a escasos 300 metros de un centro educativo del barrio Mora Cué, en la ciudad de Luque. Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos jóvenes y se incautaron diversas evidencias vinculadas al presunto microtráfico de drogas.
En los lugares intervenidos fueron aprehendidos Tiago Iván Rivas Vera, de 20 años de edad, en poder de quien se halló un cargador de pistola calibre 22 y 21 cartuchos calibre .45; y Juan Sebastián Gaona Fernández, de 23 años, de cuya posesión se incautaron 40 dosis de supuesta cocaína, con un peso total de 15,2 gramos, un aparato celular y un vehículo.
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El operativo fue ejecutado con apoyo de agentes de la División Regional n.° 11 de San Lorenzo de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, para combatir el tráfico de estupefacientes en zonas sensibles, como las cercanías de instituciones educativas.
Los detenidos deberán declarar ante el representante del Ministerio Público para luego presentarse la imputación por hechos punibles relacionados al narcotráfico. Del mismo modo, los detenidos tendrán que comparecer ante un juez penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si van a estar privados de libertad o no.
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Concepción: imputan y piden prisión para presunto autor de feminicidio
La agente fiscal de Concepción, Carolina Quevedo, formuló imputación contra Javier Ayala Benítez, de 31 años de edad, por feminicidio en calidad de autor. Asimismo, solicitó al juzgado de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Ahora el imputado deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si el procesado estará privado de su libertad como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.
En caso de que se decrete la prisión preventiva, la defensa de imputado tendrá la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde la determinación adoptada por el juez de Garantía.
El hecho ocurrió en el distrito de José Félix López, donde efectivos de la Comisaría n.° 15 procedieron a la detención del sindicado, quien habría disparado a su pareja, María Luz Domínguez, de 30 años, ocasionándole una herida de bala en la frente, que le provocó la muerte. En el lugar del crimen fue incautada el arma presumiblemente utilizada en el ataque.
La investigación se inició tras la denuncia realizada por el padre de la víctima. La representante del Ministerio Público continúa recabando elementos de prueba a fin de esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.
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No hace sentido seguir con un Estado paquidérmico
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
A nivel país tenemos nada menos que 11 ministerios y más de 17 secretarias ejecutivas, que dependen del Poder Ejecutivo, no justificándose dentro de un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los 6 millones de habitantes.
Pero seguimos en contrapartida con una superpoblación de funcionarios públicos que superan los 350.000 y quienes son los responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que sigan limitados en asignación de recursos, salud pública, educación y obras de infraestructura.
No se justifica que en pleno siglo XXI, donde vivimos en la era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal, que antes que ser una solución implica un retroceso.
Javier Milei, en un país como la Argentina con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas que adoptó ha sido la reducción de la cantidad de ministerios en un 50%, además de otros entes que antes que aportar valor agregado generaban ingentes erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevando a desvincular a miles de funcionarios que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.
Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud y aptitud.
El grado de inversión que nos ha otorgado la calificadora de riesgo internacional Moody’s es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas. Pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro estado paquidérmico y desfasado, en función a lo que nos exige este mundo globalizado.
El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, debe ser el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, lo que estaría permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural a nivel institucional, en donde lo cualitativo juega un rol primario.
Lo mismo ocurre con las secretarias ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?
Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo la mega estructura actual ahora que tenemos la tecnología al alcance de un click, es muy necesario.
Con esto nos podremos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa y salud pública.
El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.
Es una brillante ocasión que se le presenta al Viceministerio de Capital Humano, que debería ordenar a todas las direcciones de organización y métodos (O&M) a que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo y que contribuyan a mejorar nuestra calificación actual de solvencia y tendencia.
La Ley del Servicio Civil ya la tenemos promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro de la misma, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica.
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Imputan a falso médico por producción indebida de certificados de salud y otros
El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.
De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.
Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.
Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.
El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.
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