Silvio Alfaro, primo del senador Rodolfo Friedmann, recusó al juez José Delmás y así pretende suspender la audiencia preliminar fijada para el próximo 4 de agosto, a las 8:30. Foto: Archivo.
Primo de Friedmann chicanea para evitar audiencia preliminar
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El abogado Gerardo Benítez Steward, defensor del acusado Silvio Álvaro Alfaro y primo del senador colorado Rodolfo Friedmann, recusó al juez de Delitos Económicos, José Delmás, y con la chicana mencionada pretende evitar la realización de la audiencia preliminar fijada para el próximo 4 de agosto, a las 8:30.
En la referida diligencia judicial se pretendía definir si Friedmann, su esposa Marly Figueredo y los demás acusados por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal, iban o no a juicio oral y público por el sonado caso relacionado a la compra de merienda escolar en el departamento de Guairá, que involucra al mencionado legislador.
Ahora será el Tribunal de Apelación el que tendrá que estudiar, si corresponde separar del cargo al juez Delmás, o en su defecto confirmarlo para que el mismo pueda seguir al frente del presente proceso penal.
La acusación fiscal que pesa sobre Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo es por el hecho punible de lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, cuando el citado parlamentario ocupaba el cargo de gobernador de Guairá.
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, acusó igualmente a María Auxiliadora González y a Eduardo Domínguez, para quienes también se pidió juicio oral y público. De acuerdo con los antecedentes del caso, el entonces gobernador de Guairá firmó un contrato para la provisión de bienes con una firma que operaba bajo su misma dirección.
La recusación presentada por la suegra de la intendenta Patricia Corvalán obligó a suspender la audiencia en la que debía analizarse la acusación fiscal. Foto: Archivo
Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
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Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
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La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
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La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
Suspenden juicio oral por abuso sexual en niños tras cambio de defensa
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A raíz de la chicana presentada por la defensa de un acusado por un grave caso de abuso sexual en niños, el juicio oral y público fue suspendido en Saltos del Guairá. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde, volvió a fijar para el martes 23 de junio el inicio de la audiencia oral.
El colegiado hizo lugar al pedido del abogado Toribio Vázquez Bogado, quien asumió la nueva defensa del acusado y solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y, a su vez, preparar la estrategia para su representado.
Asimismo, la querella adhesiva lamenta que el juicio se postergue nuevamente. Denuncian que desde el año pasado se viene suspendiendo por varios motivos, mientras el acusado goza del privilegio del arresto domiciliario.
Este grave caso de abuso sexual en niños ocurrió en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú. Desde el 2025 se pretende realizar el juzgamiento, pero la audiencia oral se dilata constantemente. Esta situación genera indignación en los familiares de la víctima, quienes piden justicia y la intervención de la ministra Carolina Llanes, como superintendente de la zona, para evitar que se siga postergando el caso.