El abogado Gerardo Benítez Steward, defensor del acusado Silvio Álvaro Alfaro y primo del senador colorado Rodolfo Friedmann, recusó al juez de Delitos Económicos, José Delmás, y con la chicana mencionada pretende evitar la realización de la audiencia preliminar fijada para el próximo 4 de agosto, a las 8:30.
En la referida diligencia judicial se pretendía definir si Friedmann, su esposa Marly Figueredo y los demás acusados por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal, iban o no a juicio oral y público por el sonado caso relacionado a la compra de merienda escolar en el departamento de Guairá, que involucra al mencionado legislador.
Ahora será el Tribunal de Apelación el que tendrá que estudiar, si corresponde separar del cargo al juez Delmás, o en su defecto confirmarlo para que el mismo pueda seguir al frente del presente proceso penal.
La acusación fiscal que pesa sobre Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo es por el hecho punible de lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, cuando el citado parlamentario ocupaba el cargo de gobernador de Guairá.
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, acusó igualmente a María Auxiliadora González y a Eduardo Domínguez, para quienes también se pidió juicio oral y público. De acuerdo con los antecedentes del caso, el entonces gobernador de Guairá firmó un contrato para la provisión de bienes con una firma que operaba bajo su misma dirección.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Grosera actitud dilatoria de Filizzola: recusó a juez y suspendió audiencia
El senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, logró suspender nuevamente la audiencia preliminar programada para este jueves tras presentar una recusación en su caso conocido como “comisarías de oro”. La defensa del legislador apartó al juez de garantías Yoan Paul López del proceso judicial.
Los argumentos presentados por la defensa sostienen que el magistrado ya habría emitido una opinión previa respecto a la prescripción de la causa. Dicho criterio consta en la resolución dictada el 6 de mayo de 2025, cuando se decretó inicialmente el sobreseimiento definitivo del parlamentario, razón por la cual consideran que no debe llevarse a cabo la diligencia.
El legislador opositor se encuentra acusado por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, derivado de supuestas irregularidades detectadas en la construcción y reparación de comisarías durante su gestión como ministro del Interior entre los años 2008 y 2010. Con este nuevo recurso dilatorio, el expediente deberá ser remitido a la Cámara de Apelaciones para que estudie la recusación planteada.
Previamente, la diligencia ya había sido postergada tras el argumento esgrimido por el senador y su abogado defensor, Guillermo Duarte Cacavelos, quienes señalaron que se encontraba pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la revocatoria de su sobreseimiento. Una vez que la instancia de apelación resuelva la recusación actual, se fijará una nueva fecha.
La finalidad de la audiencia preliminar consiste en determinar si el proceso penal reúne los elementos necesarios para ser elevado a un juicio oral y público, instancia donde el parlamentario deberá responder formalmente ante la justicia por los cargos que se le atribuyen.
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Un nervioso Filizzola no supo explicar las razones de sus chicanas: “¿Me vas a dejar hablar?"
Bajo un evidente estado de nerviosismo ante los medios de comunicación, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, alegó este miércoles no haber generado al Estado un daño patrimonial de G. 1.200 millones durante su administración como ministro del Interior (2008-2011). Sin embargo, evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de chicanas destinadas a impedir el avance de su proceso judicial en el marco del caso conocido como “comisaría de oro”.
“No hubo delito”, alegó inicialmente el legislador de la oposición, quien en compañía de su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, logró postergar para este jueves 15 de octubre el desarrollo de su audiencia preliminar, fijada inicialmente ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.
Ante la consulta del periodista de judiciales de Nación Media, Aldo Insfrán, sobre su postura de eludir un juicio oral y público si realmente asume su inocencia, Filizzola respondió que “tiene un costo económico y personal tremendo, es una cuestión de orden público; la prescripción es una institución que justamente obliga al Estado y garantiza a toda persona en un tiempo oportuno. Yo soy abogado, tengo que actuar y ejercer mi defensa de acuerdo a lo que dice la ley”.
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Ante la insistencia del periodista acerca de si sus sobreseimientos previos respondían a la inexistencia del perjuicio o a la aplicación de chicanas procesales, el parlamentario reaccionó de manera alterada y con la voz entrecortada: “El sobreseimiento es el sobreseimiento. ¿Me vas a dejar hablar? Te pregunto si me vas a dejar hablar. Además, estoy apurado porque me tengo que ir a cumplir con mis deberes".
Finalmente, el legislador cuestionó la continuidad de la causa judicial: “Qué es lo que pretenden, tenerme procesado indefinidamente. Nadie, ninguna persona puede ser sometida de esta manera”, refirió, mientras la defensa sigue dilatando los plazos de la justicia.
El caso conocido como “comisarías de oro” investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías. En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.
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La audiencia de Filizzola fue aplazada para este jueves tras un nuevo intento de suspensión
Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre.
El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.
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La defensa de Filizzola refiere que el fallo del Tribunal de Apelación adolece de arbitrariedad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitución Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fundada en la Constitución y las leyes.
Antecedentes
El proceso contra el exministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo se origina en la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana. Según la acusación fiscal, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente G. 1.200 millones.
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