El 9 de julio se desarrollará la audiencia preliminar para las 12 personas acusadas por narcotráfico, en el caso conocido como marihuana vip. La diligencia se realizará ante la jueza Penal de Garantías de la capital, Clara Ruíz Díaz. Al concluir la audiencia ella decidirá si eleva la causa a un juicio oral y público.
El 24 de junio pasado, con un escrito de 507 páginas, el fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak formuló acusación y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.
En este caso están acusados: Henry Alexander Homzi, alías Yankee; Eugenio José Méndez, alías Memo, María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio. La lista sigue con: Matías Adrián Paciello, Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, alias Nily; Arturo Daniel Vega Yambay.
También están acusados: Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Francisco Javier Gutiérrez, apodado Franche y Moisés Enrique Basualdo Valiente.
El proceso legal surgió tras el operativo Gorila Glue, tras al menos 12 allanamientos encabezados por integrantes de la unidad antidrogas del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en varios laboratorios clandestinos donde se producían marihuana de alta calidad, con invernaderos.
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Jueza de Pedro Juan se erigía como informante de Gomes
Los mensajes extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes revelan una relación de colaboración estrecha y estratégica con la jueza de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva. Las conversaciones entre el legislador, que murió en un operativo policial en agosto pasado, muestran cómo la magistrada le mantenía informado a Gomes sobre distintas actuaciones emanadas del Poder Judicial.
A través de sus comunicaciones, se evidencia cómo la jueza actuaba como un canal de información privilegiado para Gómez, facilitándole datos sensibles y operativos judiciales que podían ser utilizados para sus intereses políticos.
La emisora 1080 AM realizó una serie de publicaciones sobre esta relación entre legislador y magistrada que muestra que uno de los momentos más reveladores y que da cuenta del grado de intercambio de información entre la jueza Silva y el diputado se produjo el 5 de noviembre de 2023; ese día Silva informó a Gomes sobre un operativo judicial que se llevaría a cabo dos días después.
La jueza le detalló que se realizarían 26 allanamientos en cinco departamentos del país, como parte de una operación para desmantelar una red narco liderada por el capo brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Este tipo de información, altamente sensible y confidencial, era compartida con Gomes, lo que sugiere que el diputado tenía acceso a datos estratégicos que podrían ser utilizados para proteger intereses o influir en decisiones políticas y judiciales.
En distintos chats filtrados se observan que la relación databa de incluso años antes a esta oportunidad. En un mensaje del 9 de marzo de 2020, por ejemplo, la jueza le informaba al diputado que estaba tratando de trasladarse al Juzgado de Garantías, a lo que Gomes respondió con un lacónico “vamos a operar”.
Este intercambio sugiere que Silva no solo informaba sobre sus movimientos, sino que también estaba dispuesta a actuar en función de las necesidades del político. Un mes después, en abril de 2020, la jueza le aseguró a Gomes que podía contar con ella “incondicionalmente”, destacando su utilidad en el Juzgado de Garantías y su disponibilidad para trabajar en cualquier horario.
Los mensajes entre Gomes y Silva no solo exponen una relación de complicidad, sino también una red de influencias en el Poder Judicial que operaba al más alto nivel. La jueza se erigía eslabón clave en la estrategia de Gomes para mantener control sobre ciertos sectores del sistema judicial, asegurándose de que “su gente” estuviera en posiciones de poder.
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Ratifican prisión de imputado por coacción sexual que estuvo prófugo durante 16 años
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, confirmó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado por coacción sexual, cuya víctima es una mujer de 86 años de edad. El hombre estuvo prófugo durante 16 años para luego ser detenido y sometido a la Justicia.
La defensa del procesado solicitó la modificación de la prisión preventiva argumentando que el imputado cuenta con arraigo social y laboral, así como se había ofrecido una fianza, pero dicho ofrecimiento fue rechazado por la jueza Carvallo.
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La magistrada mencionó en su resolución que el delito investigado es grave y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el juzgado subrayó el prolongado periodo en el que Cabrera Ávalos permaneció prófugo y el riesgo latente de fuga, especialmente ante la inminencia de la audiencia preliminar programada para el 4 de marzo de este año, en la que se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
Una vez que se desarrolle la audiencia preliminar se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público. Luego se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado.
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A Ultranza Py: jueza ratificó prisión del pastor José Insfrán
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva del pastor José Alberto Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, acusado por lavado de dinero producto del narcotráfico, en el marco del operativo A Ultranza Py. Asimismo, la magistrada rechazó flexibilizar las condiciones de reclusión del acusado.
La defensa del pastor Insfrán, Nelson López, afirmó que no existe razonamiento alguno que justifique la prisión preventiva en una penitenciaría de máxima seguridad, encerrado 24 horas en una celda totalmente, sin ventilación, sin que pueda movilizarse fuera de dicho ámbito, indicó.
No obstante, la jueza resolvió ratificar la prisión preventiva del pastor José Insfrán. La defensa del acusado tiene la posibilidad de apelar la resolución judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que definirá si confirma la prisión de Insfrán.
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Acusación
La Fiscalía sostiene que el pastor Insfrán Galeano creó la figura de la asociación religiosa Centro de Avivamiento de Curuguaty con el objetivo de utilizarla como fuente de justificación para simular las ganancias ilícitas del narcotráfico puestas en circulación dentro del sistema económico y financiero nacional.
Del mismo modo, el Ministerio Público describió que varias empresas que pertenecen al clan Insfrán enviaron 17.000 kilos de cocaína a Europa. También mencionó que una de las empresas que se dedica a la supuesta venta de neumáticos envió 10.000 kilos de cocaína a Europa. El envío de la droga generó ganancias por más de USD 433 millones.
Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falsos con salarios elevados para lavar dinero.
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Decretan prisión de un hombre que estuvo 17 años prófugo de la justicia
La jueza penal de garantía, Diana Carvallo, decretó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado el 30 de setiembre del 2006 por tentativa de coacción sexual de una mujer de 86 años. El hermano del detenido está imputado igualmente pero sigue prófugo de la justicia. La justicia había declarado la rebeldía de Inocencio el 9 de diciembre del 2008 y capturado 17 años después.
El imputado estuvo prófugo por varios años y fue detenido en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2008 por el caso caratulado como “Tentativa de Coacción Sexual”. Inocencio, junto a su hermano Máximo Cabrera Ávalos, está acusado de intentar someter sexualmente a una mujer de 86 años en un hecho ocurrido en setiembre de 2006 en la vivienda de la víctima en el barrio.
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El caso refiere que los hermanos Cabrera Ávalos, aprovechando un encuentro familiar donde se consumían bebidas alcohólicas, habrían intentado agredir a la anciana. Al ser sorprendidos, habrían atacado violentamente al dueño de casa Pedro Espínola Giménez y a otro hombre, Higinio González, quienes intentaron intervenir. La agresión incluyó amenazas con un arma blanca y provocó lesiones a los intervinientes.
La detención de Cabrera Ávalos fue comunicada al juzgado por la Comisaría 14 Central de Villeta. Durante la audiencia celebrada el 14 de enero del 2025, la defensa del imputado solicitó arresto domiciliario, argumentando que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional. Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud y ordenó su reclusión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, citando la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la prolongada evasión de la justicia por parte del procesado.
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